Los resultados de las pasadas elecciones reabren el debate sobre la legitimidad de los cargos electos para manipular el mandato popular a su antojo. Un manejo que se plasma en dos mecanismos muy discutibles.
Uno, si los partidos políticos están legitimados para manejar el sentido del voto popular a su favor mediante alianzas posteriores a las elecciones que el elector en el momento de votar no podía prever, hasta el punto de replantearse el voto de haberlo sabido. Son ejemplos de ello los gobiernos autonómicos y locales basados en alianzas que han sustraído el gobierno a la fuerza más votada con un apoyo popular inestable. ¿Puede ser eficiente el gobierno de una Administración basado en pactos que se justifican en el ansia simiesca del poder? ¿Acaso los votantes priorizamos el juego de sillas de la política al leal gobierno de la cosa pública? Si es que no, la ciudadanía acabará castigando la política de lotería. Vean si no el caso italiano hace ya unos años.
Dos, el modelo electoral de las Diputaciones Provinciales y los Consells Comarcals es un bofetón al concepto de democracia electiva. No es solo el exceso abusivo de gasto burocrático por la voluntad de los partidos políticos en mantener las poltronas en beneficio de sus paniaguados. Es la vergüenza de que los diputados provinciales y los consejeros comarcales y sus presidentes no sean elegidos directamente por los ciudadanos: lo son por un juego de sillas manejado por los partidos políticos mediante pactos inconfesables. Esto afecta gravemente a la calidad de nuestra democracia. Estas instituciones no están homologadas a nivel europeo. La “Carta europea de la autonomía local”, ratificada por España en 1988, es parte del ordenamiento jurídico español, excepto en el apartado 2 del Art. 3 de la misma: “Este derecho se ejerce por Asambleas o Consejos integrados por miembros elegidos por sufragio libre, secreto, igual, directo y universal…”. Clarísimo: voto directo de los ciudadanos para elegir a los miembros de sus Administraciones Locales (Diputaciones y Consejos Comarcales incluidos). España no ratificó este punto. ¿Porqué? Porque los intereses políticos partidistas priman por encima del interés político general a espaldas de los ciudadanos. Las Diputaciones Provinciales y Consejos Comarcales constituyen reservorios muy importantes de recursos económicos, prebendas y sillas giratorias para los partidos políticos que se nutren de ellos, especialmente nombrando cargos de confianza que son en realidad militantes de partido que han ejercido anteriormente altos cargos. Sirva de ejemplo lo acontecido en el Ayuntamiento de Barcelona: mientras la candidatura de Trías considera que le han sustraído la alcaldía mediante una traición del PSOE, Comunes y PP, esta misma candidatura no tiene reparo alguno en pactar el gobierno de la Diputación de Barcelona (con sus prebendas incluidas) con los mismos que, según ellos, les han traicionado. Mala cosa para la democracia local. Sin transparencia ni control efectivo de las decisiones interesadas de los partidos políticos, la democracia local en estos niveles está en obvio interrogante.
Ramon J. Moles
Jurista
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