UNIVERSIDAD EN LOS CONFLICTOS. Eldiario.es 12.11.2019

 

Sorprenden las dinámicas de las universidades catalanas entorno a la situación que vivimos en Catalunya. La llamada “cultura de paz” ha hecho olvidar que el conflicto es consustancial al ser humano: incluso podemos tener “conflictos” con nosotros mismos, sin necesidad de otros. El hecho de discrepar es una diversidad que facilita nuestra evolución como especie. Otra cosa es cómo se canaliza y gestiona el conflicto. Sin gestión, el conflicto se enquista en subestimar al adversario y queda a merced de la fuerza, que sólo conduce al desgaste mutuo. Sorprende que miembros de la comunidad universitaria de quienes suponemos una formación de cierto nivel ignoren estas consideraciones para entrar al trapo de distintas confusiones de vuelo gallináceo.

La Universidad no se puede ubicar frente al conflicto cómo titulaba una colega en la prensa reciente: la universidad está en el conflicto. La universidad “es” sociedad, y cuándo el conflicto se manifiesta en lo social es lógico que esté en él. Sucedió contra la dictadura, contra el golpe de Estado del 23-F, con el 15-M, con la guerra de Irak, con el cambio climático…, y continuará. Los hechos que estamos viviendo han llevado a muchas instituciones (tanto de Catalunya como del resto del Estado) a posicionarse de manera más o menos explícita. En un país normal debiera ser normal que coexistan opiniones contrapuestas (incluso radicalmente, excluyendo la violencia) respecto a hechos tan relevantes como los acontecidos. Lo que no es normal en un país normal es que se pretenda que quien quiera no pueda manifestar públicamente una opinión -la que sea-. Tampoco es normal que se pretenda convocar una protesta estudiantil a la vez que se exigen medidas para facilitar el absentismo. Viene esto a cuento de dos sucesos recientes: la publicación de tres manifiestos universitarios y la convocatoria de una “huelga” indefinida de estudiantes.

El primero de los manifiestos recoge la opinión de los rectores de las universidades públicas catalanas ante la sentencia a los líderes independentistas manifestando su “profundo malestar por los encarcelamientos, que consideran un error, y afirmando que hay otras vías para afrontar la situación que vive Cataluña”. El segundo surge de los claustros de las siete universidades públicas catalanas y se manifiesta en los mismos términos, aunque añade “la exigencia de la puesta en libertad de estas personas, del sobreseimiento de todos los procesos penales y administrativos relacionados, y el retorno de las personas exiliadas. Además, apoya las movilizaciones cívicas y pacíficas, rechaza la represión del Estado español y la violencia policial e insta a investigar si la policía ha utilizado métodos prohibidos”. El tercero, firmado por varios centenares de profesores universitarios de toda España, es una carta abierta a los rectores de las universidades públicas catalanas que “muestra su radical desacuerdo con el contenido aberrante del manifiesto aprobado por los claustros y rechaza la legitimidad de los órganos de gobierno de las universidades para posicionarse políticamente, puesto que deberían ser neutrales”, y que ha recibido el apoyo -no neutral- del ministro en funciones Pedro Duque.

Los dos primeros se posicionan frente a unos hechos. El tercero no se posiciona directamente sobre los hechos y se centra en negar legitimidad a las universidades para tal posicionamiento al que considera “aberrante”. Veamos. Las universidades son administraciones públicas siendo sus rectores su máxima autoridad académica y de representación, a la vez que los claustros son su máximo órgano de representación de la comunidad universitaria. En este sentido no es posible negar a los órganos de una Administración Pública su capacidad para generar tanto actos administrativos -jurídicamente recurribles- como actos políticos o de gobierno -excluidos de tal posibilidad-, menos aún negar legitimidad para su adopción a órganos legalmente constituidos con sus debidos quórums y reglas para formar su voluntad. Negar esta evidencia es negar la capacidad administrativa para actuar. Otra cosa, absolutamente lícita, sería discrepar, y para ello es preciso acudir al foro correspondiente y participar, o, en otro caso, recurrir la decisión si ello es posible. Es falso que un órgano administrativo deba ser “neutral”, lo que debe ser es legal -actuar de acuerdo con la ley-, puesto que la “neutralidad” administrativa no existe en la medida en que conllevaría la inacción de las Administraciones, lo que sí sería condenable. Esto vale tanto para sus actos administrativos -nunca llueve a gusto de todos, y estos actos son revisables por los jueces-, como para sus actos políticos -la administración ejecuta legalmente la voluntad política de quien cuenta con la mayoría-. La “neutralidad” se manifestó con toda su crudeza en la frase atribuida al dictador Franco: “hagan como yo, no se metan en política”. No se puede mostrar la discrepancia generando confusión.

La convocatoria de la “huelga” de estudiantes tampoco llama a las cosas por su nombre. El derecho de huelga está reconocido por la Constitución a los trabajadores. ¿Tienen los estudiantes la condición de trabajadores? Como usuarios del servicio público universitario parece que no, como tampoco los pacientes de un hospital o los usuarios del transporte público. Luego la “huelga” de estudiantes no es tal: es una protesta, tan amplia -o no- como se quiera. Frente a esta protesta los rectores y rectoras tienen la obligación de gestionarla sin modificar las reglas del juego para no deslegitimar el modelo. Cambiar la evaluación continua por un examen único y “autorizar” el absentismo aun siendo la asistencia obligatoria es, por un lado, dar alas a un absentismo estructural que en algunas carreras supera el 50% y, por otro, deslegitimar el modelo Bolonia y su evaluación continua -costosa, compleja e infantil-, lo cual quizás no sea malo.


Navegando con lobos. El Periódico. 15.10.2019

Los problemas regulatorios de Internet se van confirmando y ampliando. Recientemente Edward Snowden apuntaba que los gobiernos están delegando su autoridad a las grandes plataformas tecnológicas. Si en Internet impera la ley del más fuerte, del más rápido o del más astuto, ahora resulta que, además, el pastor (el Estado) ha encargado al lobo (las empresas tecnológicas) que cuide de las ovejas (nosotros).

 

Más de lo mismo. Lo Estados ceden sus funciones públicas de control, de prevención y de seguridad al sector privado por diversas razones, principalmente económicas (limitación de recursos), o tecnológicas (incapacidad administrativa para adaptarse al ritmo de las innovaciones). Es así como bajo regímenes de concesión o de autorización administrativa florecen Inspecciones Técnicas de Vehículos, empresas privadas de seguridad que vigilan instalaciones públicas o Entidades de acreditación, normalización o certificación técnica que imponen normas técnicas en los mercados. Ahora además los Estados ceden a las operadoras de Internet la autoridad para controlar Internet. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque las tecnologías de control, los repositorios de datos y las redes de comunicaciones son privadas, son de las operadoras. No existe una Internet pública. En segundo lugar, porque los Estados “democráticos” operan dentro de unos límites marcados por sus legislaciones de protección de datos y les resultaría de muy difícil justificación saltarse sus propias normas. Otra cosa muy distinta es que el autor del desaguisado sea un tercero -una empresa privada- que por sus características -potencial global y poderío tecnológico- no está sujeto ni a controles administrativos ni al escrutinio público que limita a los sujetos políticos. Obsérvese que entre las mayores economías del mundo figuran muchas que no son Estados sino grandes corporaciones que no se rigen por el Derecho Internacional, ni firman Tratados Internacionales.

 

A ello podemos añadir (Snowden lo apunta también), que el modelo democrático clásico no es ya suficiente garantía de protección de derechos en la medida en que las élites de los Estados y las de las grandes corporaciones de Internet coinciden en intereses y en políticas que acaban imponiendo a los ciudadanos. Y cuando no coinciden y se citan en los tribunales no es extraño que una gran compañía venza a un Estado, como recientemente ha sucedido en el Tribunal de Justicia de la UE, que ha dado la razón a Google frente al Estado francés en el litigio sobre la aplicación del “derecho al olvido”, con lo que los motores de búsqueda no están obligados a borrar información personal de los usuarios en la lista de resultados de todo el mundo, sino sólo en Europa. Es así como la masificación de la tecnología termina generando un “lumpen proletariado tecnológico” que, con la cesión de sus datos de navegación por las redes, sirve de materia prima para el enriquecimiento de las grandes tecnológicas: para ello es preciso laminar derechos sin que se note el efecto.

 

Si hasta ahora la Red era privada, ahora resulta que empieza a ser también “pública por delegación”. El problema es por tanto que ahora el gobierno de las redes es privado y público a la vez, aunque lo “público” sea únicamente la naturaleza de los sujetos que controlan y monitorizan por delegación. Continúa sin existir en Internet un control “público” que proteja los “intereses públicos” en el uso de tecnologías que son enteramente “privadas”. Esta asimetría privado-público justifica plenamente que la respuesta a la pregunta ¿quién gobierna Internet? sea: sujetos privados sin limitación pública. Esto conduce a otras preguntas con respuestas aún más inquietantes: ¿Para qué sirve Internet? ¿Como es su cadena de valor? ¿Como se gana dinero en Internet? El núcleo de las respuestas está en el dinero, y la fuente para generarlo son nuestros datos, que nos pertenecen a cada uno de nosotros y que cedemos ingenua y gratuitamente.

 

De aquí que el punto clave para reivindicar un control público del interés público en las Redes seamos los usuarios (nuestros datos), que somos el mineral con el que se alimenta la industria de los datos y de Internet. Únicamente nosotros podemos poner en cuestión la cadena de valor de este negocio y conseguir una redefinición del papel de lo público y de lo privado en las Redes, o, dicho de otro modo, redefinir el papel de la democracia a la luz de Internet. Aunque no seamos conscientes, en las Redes somos ovejas que estamos navegando con lobos.


Hinchas contentos y engañados La Vanguardia 1 7 2019

La trama de “amaños” de partidos de fútbol recientemente desarticulada no fue descubierta por el engaño en sí, sino por las apuestas manipuladas con dinero ucraniano y chino contra equipos favoritos que descubrieron dos casas de apuestas electrónicas.

El caso reúne los elementos típicos. Para que prospere una conducta corrupta se requiere una estructura que integre un sujeto (corruptor) que persigue una ventaja indebida (no justificada), otro sujeto (corrompido) que se somete (voluntariamente o bajo presión) a la acción del corruptor a cambio de otra ventaja indebida (normalmente el incentivo es dinero o equivalente). Se requiere también un contexto propicio, dónde la rentabilidad de la operación pueda ser elevada y constante porque el beneficio anecdótico no justifica los costes de ser descubierto. Finalmente es precisa también una cultura social en la que el reproche de la corrupción sea bajo, cuando no incluso una conducta imitable. A partir de aquí podemos plantearnos que está sucediendo o ha sucedido en el deporte (en el fútbol o en ciclismo o en el atletismo con los casos de dopaje, o en el boxeo con los amaños de combates) para que se puedan generar estas estructuras corruptas hasta el punto de hablar de “corrupción deportiva”.

 

Sospecho que la explicación radica en la presencia en algunos ámbitos del mundo del deporte de lo que podríamos denominar “dinero injustificado”. Esto es, dinero que fluye hacia estas actividades en calidad de inversión. Nada que objetar siempre y cuando estas “inversiones” respeten la legalidad -no entro en la ética que es cosa de cada cual-. Otra cosa es cuando estos flujos de capital, o bien se mueven en ocasiones en un contexto poco transparente, alto nivel de endeudamiento y escaso cumplimiento con Hacienda y Seguridad Social, o bien generan redes “clientelares” de dinero fácil, cuando no incluso de blanqueo de capitales. Siendo esto así, el elemento nuclear de la corrupción deportiva no es el deporte (en el ámbito de aficionados apenas existe), sino el dinero: algunos flujos de capital que injustificadamente en términos de negocio puro y duro fluyen hacia estas actividades. Sin embargo, lo crucial para todo ello es la existencia de unos “hinchas”, un público “contento”, acrítico y masificado, aunque engañado e incapaz de distinguir el negocio (incluso ilícito) del deporte.

 


Sobre la “cibercosa” y la desinformación. El Periódico de Catalunya. 19.05.2019

Internet ha generado una nueva economía, pero también unas nuevas amenazas. De acuerdo con esto parece que aumenta la conciencia de que ciberterrorismo y manipulación informativa (noticias falsas o “fake news”) son riesgos críticos hasta el punto de que la Unión Europea incluye el ataque cibernético entre las causas de respaldo militar entre sus socios, o que la Moncloa disponga de una unidad operativa contra la desinformación. Las ciber-amenazas y la desinformación en las Redes no son más que adaptaciones modernas de amenazas antiguas. Lo distinto son los medios, más sofisticados y con un potencial más devastador. Y la cosa va a peor: la tecnología 5G va a incrementar la capacidad de compartir datos y la velocidad de su transmisión, lo que supone que miles de millones de objetos conectados (televisores, trenes, coches o plantas industriales) se van a convertir en agentes encubiertos que nos van a exponer a la posibilidad de múltiples ciberataques.

Las ciber-amenazas requieren de tres factores: redes de telecomunicaciones, objetos conectados y factor humano. Como casi siempre es este último, el humano, el factor clave: la tecnología por sí sola, hasta hoy, es un elemento neutro; la maldad es humana y lo humano es público o privado, luego la ciber-maldad es también pública y privada. Contra lo que pueda parecer en un principio no todos los hackers son privados. No estamos ante una lucha entre la bondad del poder y la maldad de los hackers.  También el poder actúa a veces como un hacker que miente o censura en su beneficio particular, sea éste económico, político o geoestratégico. Y quienes lo hacen en su nombre actúan desde la inmunidad que otorga el poder. Así, el poder, más allá de su actividad lícita y legal en defensa de la seguridad, actúa también en ocasiones cortocircuitando la libertad de tráfico en las Redes o difundiendo noticias falsas. Ejemplo de lo primero la censura sistemática e indisimulada que imponen las autoridades chinas al tráfico de Internet o la igualmente sistemática, aunque más disimulada, que ejercen agencias estatales de otros países. De lo segundo, el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook en el uso de datos en campañas electorales o la manipulación informativa propia de los populismos de Putin y Trump. O ya en nuestros lares, el ministro Borrell afirmando que en América se mataron sólo “cuatro indios”, las mentiras de Zapatero sobre los “brotes verdes de la economía” para negar la crisis económica, o las de Aznar y Acebes sobre la autoría del atentado del 11M o sobre la existencia de armas químicas para justificar la invasión de Irak, o las de Rajoy y sus “hilillos de plastilina” para quitar importancia al desastre del Prestige, o las de Fraga bañándose en Palomares en tiempos de la dictadura de Franco para desdramatizar el accidente nuclear. Y es que, no se sorprendan, siendo la mentira intrínseca al poder, a este no le importan los medios que pueda usar: la ciber-cosa no es más que uno de los muchos a su disposición.

 


ALGORITMOS CON DOS PIERNAS. La Vanguardia. 8.4.2019

Recientes investigaciones periodísticas han evidenciado el método de trabajo de los centros “secretos” de Facebook que filtran los contenidos de los usuarios: no son sofisticados algoritmos ni programas informáticos, sino simplemente personas con dos piernas y contratos precarios quienes lo hacen.

No se sorprendan: la Red es privada y sus dueños operan en ella como les place; luego Facebook, que es privada, es dueña de establecer en sus dominios las reglas que quiera en cuanto a acceso y contenidos. Sin embargo podríamos preguntarnos al respecto si las redes sociales deberían  respetar los mismos límites para la libertad de expresión que los medios impresos, que también son privados. Parecería obvio que sí, siempre que las redes se consideren un medio y operen en un marco jurídico que reconozca esas libertades. Problema: no está claro que sean un medio de comunicación, al menos no como la prensa “clásica”, ni tampoco que estén sujetas a un sólo marco jurídico.

El hecho es que Facebook es el dueño de un invento en el que ejerce su dominio total sobre el mismo, incluida la censura de contenidos, con un nivel de opacidad muy elevado. Ni los criterios ni los métodos de censura son públicos, aunque ahora sabemos gracias a algunos exempleados que los criterios emanan de la propia empresa de manera poco clara (para Facebook no es admisible la apología de Hitler, pero sí lo es la de Franco, por ejemplo), y que el método es muy poco sofistificado: son personas físicas “juniors” quienes ejecutan “a mano” esta tarea poco o nada edificante a cambio de retribuciones parece que precarias en centros de trabajo “secretos”.

Ahora bien ¿por qué Facebook censura los contenidos? Simplemente porque los contenidos que crean los usuarios, de los que la red se adueña, generan un tráfico de datos que son su materia prima para ganar dinero y estos contenidos están vinculados directamente a su reputación. La reputación es su talón de Aquiles; sin embargo, no lo es incumplir la ley, como hemos comprobado repetidísimas veces. Facebook censura para no ver perjudicada su reputación. Si a alguien no le gusta, tiene una opción (además de no usarla): contribuir a acabar con el estatus privado de la Red para que se establezca una intervención pública que defienda los intereses públicos y de la comunidad (incluidos los de los “algoritmos” con dos piernas).

Ramon J. Moles

Profesor de Derecho Administrativo


¡SON MENORES MALTRATADOS! La Vanguardia. 31.1.2019.

El maltrato a menores existe. También el que causa la propia Administración. Sirvan de ejemplo los niños robados (en España unos 300.000, de los cuales unos 30.000 durante el franquismo), los tutelados por la Generalitat que han sido objeto de abusos sexuales por sus tutores (Castelldans 2013 y Tortosa 2016) , los declarados en desamparo y que la Generalitat sustrae de la familia sin supervisión judicial, los tutelados por la Generalitat de manera inadecuada (según el Síndic unos 600 del total de 7.000), o los no acompañados  que escapan a la tutela  de la Generalitat incurriendo incluso en delincuencia  de bajo perfil, para los cuales no existe política específica alguna.

En todos estos casos existe una situación de maltrato institucional por cuanto la Administración Pública es en estos casos ineficiente (abusos sexuales cuyos autores son seleccionados como cuidadores por la propia Generalitat como en el caso de Castelldans), poco preventiva (casos de menores no acompañados), actúa sin supervisión judicial (casos de desamparo), o incluso se adueña de las prestaciones que deberían recibir los menores a su cargo basándose en la Ley catalana 14/2010, de derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia, que  habilita un copago encubierto de un servicio que de hecho es gratuito.

Es precisa una toma de conciencia de la sociedad en su conjunto, pero también un golpe de timón a una actuación administrativa que requiere de medidas urgentes, como el despliegue efectivo de la figura del procurador del menor previsto en el artículo 118 de la Ley 14/2010, el sometimiento a control judicial efectivo de la actividad administrativa, sobre todo la relativa a sustracción de la tutela familiar, y la aplicación de principios administrativos como el de transparencia y acceso a documentación con objeto de facilitar el acceso de los interesados a los informes de la Administración que les afectan. Todo ello sin perjuicio de que los afectados puedan reclamar a la Administración, tanto las responsabilidades civiles o penales en que los funcionarios o instituciones implicadas hubieran podido incurrir, como el resarcimiento de los presuntos perjuicios causados por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que prevé la indemnización a quienes hayan sufrido un perjuicio injustificado como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración.


El AVE en La Rioja, la velocidad y el tocino

El Congreso de los Diputados acordó recientemente, a iniciativa del PSOE, instar al Gobierno a acelerar el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo puesto que “la Alta Velocidad es un factor de crecimiento económico y desarrollo social”. El tramo riojano se plantea como una disyuntiva entre cruzar 64 Km de la Rioja Alavesa por Labastida o por San Asensio y Haro con un coste económico entre 750 y 890 millones de euros. Sin hablar del coste paisajístico, económico, cultural y social que supondría para una de las zonas vitivinícolas más importantes de Europa. Una vez más la planificación de infraestructuras en España se reduce a  una cuestión de coste-beneficio interesadamente mal calculado: ante las muchas “ventajas” del AVE debemos asumir sus costes en “beneficio” del bien común. Se pretende liderar la Alta Velocidad ferroviaria cuando la red ferroviaria básica se cae a pedazos. Se reclama el AVE para estructurar el territorio cuando este país lleva siglos desestructurándose a conciencia.

Vayamos al tocino. Según el Tribunal de Cuentas de la UE la mitad del presupuesto europeo para Alta Velocidad (unos 23.700 millones €) se ha invertido en España (unos 11.250 millones). A pesar de ello no tenemos conexión con Portugal y la de Francia sólo circula al 36% de su velocidad, siendo además que la Alta Velocidad europea no se basa en un análisis estratégico creíble, sino en consideraciones políticas Primera conclusión: el AVE no es un instrumento de cohesión territorial y además se malgastan las inversiones porque los trenes solo alcanzan el 45% de su velocidad prevista. Además, la falta de análisis de mercado y la presión política ha llevado a construir líneas “sin potencial de pasajeros suficiente para ser exitosas”. En España es el caso de las líneas Madrid-León, Eje Atlántico, Madrid-Galicia, Figueres-Perpignan y la Y Vasca. Segunda conclusión: la falta de pasajeros suficientes que justifiquen la inversión la convierte en muchos casos en un despilfarro. Por otra parte, según el Ministerio de Fomento español (en tiempos de la ministra Pastor), las obras del AVE han tropezado con constantes subidas de los costes ofertados por las constructoras, lo que ha retrasado los contratos y las obras hasta el punto de que la UE obligó a limitar las modificaciones ante la práctica habitual de las empresas de ofertar a la baja en los concursos de obras. Tercera conclusión: las obras han sufrido retrasos y sobrecostes que han beneficiado únicamente a las empresas constructoras.

Ahondemos ahora en las cuestiones sociales. Sin añadir dramatismo a la ya de por si situación crispada que el país viene arrastrando des de la moratoria nuclear o el almacén de residuos, pasando por el aeropuerto de Castellón a la más reciente del proyecto Castor, lo cierto es que las decisiones políticas siguen obviando el consenso social con los territorios afectados. Si a ello le sumamos, en este caso, la cuestión -no baladí- del impacto sobre una de las actividades económicas más productivas del país, el resultado merecería fomentar la reflexión, no solo parlamentaria, sino territorial. De nuevo, y sometidos al imperativo legislativo, se soslaya la posibilidad –democrática, dicho sea de paso- de reconocer la dimensión propiamente plural y territorialmente participativa que requiere la participación de un proyecto de complejas connotaciones técnicas, económicas, políticas y sociales, como el descrito.

Resulta sorprendente que a pesar de los problemáticos antecedentes mencionados no exista ni un ápice de consideración hacia lo genuinamente público –los territorios y sus actores sociales- para, de este modo, dotar un servicio público de eficiencia y equilibrio entre la inicial formulación de la política que se debe seguir en la gestión técnica del proyecto, su implementación territorial y su gestión social a largo plazo. En realidad, el rechazo social no aparece durante la formulación de políticas generales sino cuando ésta adquiere una dimensión espacial y se concreta territorialmente. Algo sucede pues cuando los responsables políticos se ven sometidos a una avalancha de “noes”: ¿será que no es no?

En resumen, según el Tribunal de Cuentas de la UE el AVE no es un instrumento de cohesión territorial europea, no se justifica su coste por los beneficios aportados ni en número de pasajeros ni en velocidad ni en tiempo, sino por intereses políticos que en ocasiones devienen interés económico particular. El propio Ministerio de Fomento admitió además que las obras de AVE incluían sobrecostes de imposible justificación.  El rechazo social existe. La pregunta es: AVE en la Rioja, ¿en beneficio de quién?, ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino?.

 

Ramon J. Moles

Profesor Titular de Derecho Administrativo

Anna G. Hom

Socióloga