La conflictiva desescalada. Anna Garcia Hom en TV3.

06/23/2020

La socióloga Anna García Hom, experta en la gestión del riesgo, cree que no se ha hecho bien la planificación e información a la población en la desescalada. Dice que se necesitan mensajes claros y cortos para todos, sin generar excepciones a la norma.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/la-conflictiva-desescalada-abans-de-sant-joan/video/6048976/


LA CRISIS DE NISSAN EN TV3. Els matins TV3. Entrevista en TV3.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/josep-m-vall-no-es-realista-nacionalitzar-la-nissan/video/6045931/

 


Desconfinamiento. Entrevista en “La ventana” Cadena Ser. 27 Abril 2020. minuto 9:30 hasta el 25:30

https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_laventana_20200427_160000_170000/


ENTREVISTA EN TV3. Efectos coronavirus en la sociedad y la economia

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/la-por-al-coronavirus-efectes-en-la-societat-i-leconomia/video/6034949/

 

12/03/2020

Hoy, jornada de pánico en las bolsas, también, con caídas muy fuertes, y medidas anunciadas tanto por parte del Banco Central Europeo como por el gobierno español. Nos lo explican Jordi Martínez y Francesc Serra, jefe de Economía de los informativos de TV3, y hablamos del miedo y el riesgo del coronavirus con los autores de “Manual del miedo”, la socióloga Anna García-Hom y el profesor de Derecho Administrativo Ramon-Jordi Moles.


Histeria ante el coronavirus: “La tecnología y las redes sociales nos han llevado a ser más miedosos”

El ser humano es el único animal con capacidad de tener miedo a las amenazas reales y también a las imaginadas. Es uno de los puntos de partida de ‘El manual del miedo’, un libro que está a punto de ver la luz y que recoge el trabajo de años de investigación de dos expertos en análisis y prevención de riesgos que nos han acompañado esta tarde en La Ventana: la socióloga Anna García Hom, y el profesor de Derecho Administrativo, Ramón Moles.

Ambos han destacado la desproporción entre el peligro real del coronavirus, una enfermedad conocida en su sintomatología y efectos -similar a una gripe- y el riesgo construido por la sociedad a la hora de percibirlo colectivamente. “En eso los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante y también los gestores políticos. Es lo que llamamos comunicación anticipatoria. Si quieres gestionar bien un escenario futuro plausible procura comunicarlo antes de que suceda y no después, porque si es después tendrás que ser reactivo e ir mirando el retrovisor. Si al inicio de la crisis, se hubiera lanzado el mensaje de que la propagación del virus fuera de Wuhan era posible e incluso probable, añadiendo los correspondientes mensajes de tranquilidad e información, la sociedad podría haber digerido ese escenario con más normalidad y quizá no estaríamos viendo ahora el regreso atolondrado de becarios desde Italia”, ha apuntado Ramón Moles.

¿Y cómo neutralizamos esos miedos infundados o exagerados? “Básicamente llamando a las cosas por su nombre, la contaminación es contaminación, no calidad del aire. La población merece una información del máximo rigor científico pero con la mayor claridad y transparencia posible”, ha añadido Anna García Hom. “Y eso exige también que a la hora de informarnos podamos acudir a las fuentes fiables, a los auténticos expertos, y no como está ocurriendo, llenemos nuestro hueco del miedo con el atajo fácil del bulo, de lo que nos cuenta el vecino, leyendo un tuit o un blog que carece de fundamento”.

Son las paradojas de una sociedad cada vez más “hipocondríaca y miedosa” fruto de la tecnología y las redes sociales y la capacidad de difusión sin control de las llamadas noticias falsas, apunta Moles.

‘El manual del miedo’ aborda también la necesidad de mejorar en prevención de la gestión del riesgo y de formar a la población desde la educación, además de dar una mayor participación a los comités científicos en la gestión de las crisis sanitarias o epidemiológicas. Pueden actuar de filtro para neutralizar debates sociales o políticos sin fundamento que sólo contribuyen al ruido y a la confusión pero que no ayudan.


Brexit con lengua. Infolibre. 5.2.2020

Finalmente se ha consumado la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Con ello la UE pasa de tener 28 miembros a tener 27, de los cuales solo dos (Irlanda y Malta) tienen el idioma inglés como idioma cooficial junto al irlandés y el maltés, que son sus idiomas oficiales principales: los otros 25 tienen como oficiales un total de 24 lenguas distintas al inglés.

Vaya por delante que el saber no ocupa lugar y que el dominio de idiomas es una capacidad meritoria, pero el Brexit debería suponer un cambio de estatus del inglés como idioma de trabajo en el ámbito comunitario. La cuestión no es baladí: el uso de uno u otro idioma es un instrumento de poder extremadamente poderoso. El hecho de no poder alegar desconocimiento de una lengua (es lo que la hace oficial), en la práctica se acompaña de usos de la misma que vienen prácticamente obligados por las circunstancias. Es lo que sucede con el inglés más allá de su oficialidad: si quieres prosperar en el mundo académico tienes que publicar en inglés, si quieres encontrar trabajo tienes que hablar inglés, si quieres saber como funciona un electrodoméstico mejor que leas las instrucciones en inglés. En la práctica se ha convertido en la “lengua franca”, impuesta por una situación de supremacía burocrático-cultural anglosajona que ha acompañado a la expansión del poderío de Estados Unidos, Reino Unido y otros países anglófonos. Si eres anglófono tienes una ventaja que va a hacer que sólo en algunas ocasiones se te exija que hables otros idiomas, si no lo eres da igual que seas políglota y hables varios idiomas distintos del inglés: el “mercado” te obliga a hablar inglés. No en vano Francia, consciente de ello, lanzó hace años sus políticas de francofonía para intentar contrarrestar esta “imposición”. Fíjense que no ha sucedido lo mismo con el castellano.

Pues bien, hoy el inglés ya no es el idioma oficial de un Estado miembro de la UE: sólo es el idioma cooficial de otros dos Estados miembros (Irlanda y Malta) con mucho menos peso geopolítico que el Reino Unido. Este hecho debiera tener como consecuencia, por un lado, la recuperación del peso específico de otros idiomas (castellano, francés, italiano o alemán), acorde con la consideración geopolítica de sus Estados y con el respeto al multilingüismo que declara la propia UE en el articulo 43 de su Carta de los Derechos Fundamentales.

Y por otro lado debiera considerarse que si los más de 60 idiomas “regionales y minoritarios” que cuentan con más de 40 millones de hablantes (como el catalán, el euskera, el frisón, el galés, el sami y el yidis) deben ser objeto de protección por cuanto no cuentan con estatus oficial suficientemente “estatalizado”, razón de más para resituar al inglés en el suyo justo y actual: el de un idioma cooficial de dos de los Estados de la Unión, y aún de escaso  peso demográfico, que pasará de ser hablado por el 13% de europeos a menos del 1%. Es por tanto una situación asimilable al catalán, que cuenta con muchos más hablantes que el irlandés. En otras palabras, si el inglés mantiene su estatus, el del catalán en la UE (que es idioma cooficial en parte de España) debiera ser equiparado.

De otro modo, parecerá que los Estados que todavía se mantienen en la UE han preparado una salida del reino Unido excesivamente cariñosa para el inglés, tal que un “Brexit con lengua”.


BASURA INCENDIARIA El Periódico, 10.1. 2020

La reciente “cima” del cambio climático convocada por la ONU en Madrid no es tal (no está en las alturas como cualquier otra “cima”), sino en lo más bajo posible (una profunda sima) si nos atenemos a los resultados de esta, más allá de sus funciones de altavoz mediático de distintos grupos de presión a favor o en contra de temáticas ambientalistas diversas.

Una vez más, no parece que la solución a cualquier problema de dimensiones planetarias vaya a ser un gran consenso mundial. Más bien todo apunta a que las grandes alteraciones del estatus mundial provendrán de cambios en las actitudes y comportamientos de las gentes a nivel individual y de pequeñas colectividades. Ello conlleva que la “solución climática” (ambiental) esté probablemente más en la gestión doméstica de nuestra vida diaria que en los fastos políticos y de lobbies. Para ello sería precisa una política de lo cercano, de lo posible, de lo individual.

Viene esto a cuento de la reciente noticia del incendio de una planta de residuos en Montornés del Vallès que contaminó el rio Besós perjudicando gravemente la recuperación de un ecosistema fluvial que empezaba a regenerarse con éxito. Este hecho coincidió casualmente con la “sima del clima” y con rimbombantes declaraciones políticas y publicitarias sobre las “bondades” de España y sus empresas en cuanto a la lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, a poco que busquen por Internet descubrirán que en la “España de las Maravillas” se han producido casi 300 incendios de plantas de reciclaje de residuos en tan sólo 8 años. Esta siniestralidad es muy extraña: ¿es que el sur de los Pirineos es más propenso a incendios casuales?, ¿nuestras instalaciones no tienen medidas de prevención de incendios? Ciertamente, demasiados incendios en plantas de reciclaje; y que lo sean por casualidad no es creíble. Más bien es altamente sospechoso: o el reciclaje de residuos no es negocio mientras que sí que lo es su recogida o, aún peor, lo es únicamente la subvención que pueda acompañarla. Mientras, archivamos la basura en contenedores de colores y la paseamos hasta los “ecoparques”. Nuestra cacareada vocación de economía circular (reaprovechar residuos) es en realidad una economía de trasvase de porquería. Y cuando ya no es negocio nos dedicamos al tráfico ilegal de residuos, cómo se vio el pasado septiembre en Indonesia, que en dos meses interceptó más de 2.000 contenedores de residuos procedentes entre otros, de España.

Ciertamente, el problema requiere soluciones sistemáticas y globales que rediseñen nuestro sistema productivo, pero también y sobre todo de un cambio de actitud individual, que, sumado a millones de cambios de actitudes, pueda servir para alterar la tendencia autodestructiva de nuestra economía depredadora basada en el consumo injustificado de todo tipo. Y esto afecta a nuestra coherencia individual y colectiva. Por ejemplo, a pesar de que el carbón es altamente contaminante, en España lo hemos subvencionado desde 1989 con más de 28.000 millones de euros y en Europa representaba en 2017 la cuarta parte de la producción eléctrica.

Mientras pretendemos dar lecciones ambientalistas a la humanidad entera resulta que, en este país, como en muchos otros, cuando la basura nos llega al cogote no la reciclamos, simplemente la quemamos. Y si el incendio se lleva por delante un bien común como puede ser un ecosistema fluvial ya vendrá el seguro a compensarlo. Y es que lo que se quema es mierda con denominación de origen: mierda de país.


Los ERE: peligro y riesgo de corrupción. Infolibre. 7.12.2019

La corrupción es una manera de gobernar, basada desde la transición política en una partitocracia que ha secuestrado la voluntad popular. Este sistema causa daños a nivel individual y colectivo a corto, medio y largo plazo. A nivel individual por cuanto nos perjudica a todos en cuanto contribuyentes en la medida en que sustrae al erario público recursos indispensables para las prestaciones sociales a quien realmente las precise. A nivel colectivo porque corrompe el modelo administrativo impidiendo una correcta toma de decisiones. Perjudica a corto plazo porque impide la correcta ejecución de los presupuestos públicos y falsea a la baja los tributos de los implicados. A medio plazo porque impide el diseño de políticas públicas y estrategias adecuadas. A largo plazo porque eleva a unos al cuento de la lechera y hunde a otros en una miseria inmerecida. Ejemplos de corrupción partitocrática en España hay muchísimos, demasiados, aunque dos, destacan por su volumen: la trama Gurtel del Partido Popular y el caso de los ERE andaluces de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE entre 1980 y 2018, que asciende a 680 millones de € y en el que están implicados también los sindicatos CCOO y UGT por malversación de 48 millones de €. En resumen, se trataba de desviar dinero público de los ERE legales hacia el bolsillo de familiares, amigos y militantes afines al partido en el gobierno, el PSOE-A.

Los daños que genera la corrupción pueden ser advertidos previamente mediante dos tipos de señales: señales de peligro y señales de riesgo. Señales de peligro son todas aquellas que advierten de un hecho dañoso que se producirá con toda seguridad porque tenemos experiencia previa de ello y conocemos perfectamente su causa. Son generalmente señales de la actuación de los sujetos. Es peligroso dejar que la estructura de la ejecución presupuestaria esté fuera de control (este hecho siempre ha redundado en problemas y fraudes), es peligroso concentrar la decisión sobre pagos de dinero público en pocas manos (la tentación vive ahí). Señales de riesgo son aquellas que nos advierten de daños de causalidad incierta, aunque de probabilidad constatada. Son señales relativas a la estructura de gobierno. Es arriesgado diseñar una Administración al servicio de los partidos políticos y no de los ciudadanos, también lo es dibujar un modelo “clientelar” de prestaciones sociales, como también lo es prolongar los mandatos políticos más allá de lo razonable (la dictadura franquista duró oficialmente 40 años, y aún pervive en el cromosoma español).

Responsables del fraude, en mayor o menor medida, son todos los implicados: los autores directos (personas físicas), también los partidos políticos que cuando menos lo toleraron, los beneficiarios injustificados de las ayudas (a nadie le amarga un dulce), incluso los votantes por no exigir responsabilidades. Y no será porque no existieran señales de peligro y riesgo: la Cámara de Cuentas de Andalucía, detectó en 2017 que había 2.988,6 millones de euros en subvenciones otorgadas pendientes de justificar y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), admite que se destinan más de 14 mil millones de euros en subvenciones públicas sin planificación, coordinación ni evaluación del gasto.

 

Así pues, las bases estructurales del sistema corrupto son: una opaca financiación de partidos, sindicatos y patronales, sistema electoral de listas cerradas, falta de transparencia real en la gestión pública y de los mercados, sistema judicial obsoleto y cargos públicos sin evaluación previa. A ello se suma la tolerancia social (25% de economía sumergida), la falta de instrumentos reales de control y el exceso de cargos de confianza en las administraciones públicas.

Si queremos arreglarlo habrá que prevenir los peligros de actuaciones individuales corruptas, pero sobre todo habrá que establecer modelos de Gobernanza del Riesgo de corrupción que permitan rediseñar nuestras Administraciones en clave de transparencia, equidad y eficiencia.


UNIVERSIDAD EN LOS CONFLICTOS. Eldiario.es 12.11.2019

 

Sorprenden las dinámicas de las universidades catalanas entorno a la situación que vivimos en Catalunya. La llamada “cultura de paz” ha hecho olvidar que el conflicto es consustancial al ser humano: incluso podemos tener “conflictos” con nosotros mismos, sin necesidad de otros. El hecho de discrepar es una diversidad que facilita nuestra evolución como especie. Otra cosa es cómo se canaliza y gestiona el conflicto. Sin gestión, el conflicto se enquista en subestimar al adversario y queda a merced de la fuerza, que sólo conduce al desgaste mutuo. Sorprende que miembros de la comunidad universitaria de quienes suponemos una formación de cierto nivel ignoren estas consideraciones para entrar al trapo de distintas confusiones de vuelo gallináceo.

La Universidad no se puede ubicar frente al conflicto cómo titulaba una colega en la prensa reciente: la universidad está en el conflicto. La universidad “es” sociedad, y cuándo el conflicto se manifiesta en lo social es lógico que esté en él. Sucedió contra la dictadura, contra el golpe de Estado del 23-F, con el 15-M, con la guerra de Irak, con el cambio climático…, y continuará. Los hechos que estamos viviendo han llevado a muchas instituciones (tanto de Catalunya como del resto del Estado) a posicionarse de manera más o menos explícita. En un país normal debiera ser normal que coexistan opiniones contrapuestas (incluso radicalmente, excluyendo la violencia) respecto a hechos tan relevantes como los acontecidos. Lo que no es normal en un país normal es que se pretenda que quien quiera no pueda manifestar públicamente una opinión -la que sea-. Tampoco es normal que se pretenda convocar una protesta estudiantil a la vez que se exigen medidas para facilitar el absentismo. Viene esto a cuento de dos sucesos recientes: la publicación de tres manifiestos universitarios y la convocatoria de una “huelga” indefinida de estudiantes.

El primero de los manifiestos recoge la opinión de los rectores de las universidades públicas catalanas ante la sentencia a los líderes independentistas manifestando su “profundo malestar por los encarcelamientos, que consideran un error, y afirmando que hay otras vías para afrontar la situación que vive Cataluña”. El segundo surge de los claustros de las siete universidades públicas catalanas y se manifiesta en los mismos términos, aunque añade “la exigencia de la puesta en libertad de estas personas, del sobreseimiento de todos los procesos penales y administrativos relacionados, y el retorno de las personas exiliadas. Además, apoya las movilizaciones cívicas y pacíficas, rechaza la represión del Estado español y la violencia policial e insta a investigar si la policía ha utilizado métodos prohibidos”. El tercero, firmado por varios centenares de profesores universitarios de toda España, es una carta abierta a los rectores de las universidades públicas catalanas que “muestra su radical desacuerdo con el contenido aberrante del manifiesto aprobado por los claustros y rechaza la legitimidad de los órganos de gobierno de las universidades para posicionarse políticamente, puesto que deberían ser neutrales”, y que ha recibido el apoyo -no neutral- del ministro en funciones Pedro Duque.

Los dos primeros se posicionan frente a unos hechos. El tercero no se posiciona directamente sobre los hechos y se centra en negar legitimidad a las universidades para tal posicionamiento al que considera “aberrante”. Veamos. Las universidades son administraciones públicas siendo sus rectores su máxima autoridad académica y de representación, a la vez que los claustros son su máximo órgano de representación de la comunidad universitaria. En este sentido no es posible negar a los órganos de una Administración Pública su capacidad para generar tanto actos administrativos -jurídicamente recurribles- como actos políticos o de gobierno -excluidos de tal posibilidad-, menos aún negar legitimidad para su adopción a órganos legalmente constituidos con sus debidos quórums y reglas para formar su voluntad. Negar esta evidencia es negar la capacidad administrativa para actuar. Otra cosa, absolutamente lícita, sería discrepar, y para ello es preciso acudir al foro correspondiente y participar, o, en otro caso, recurrir la decisión si ello es posible. Es falso que un órgano administrativo deba ser “neutral”, lo que debe ser es legal -actuar de acuerdo con la ley-, puesto que la “neutralidad” administrativa no existe en la medida en que conllevaría la inacción de las Administraciones, lo que sí sería condenable. Esto vale tanto para sus actos administrativos -nunca llueve a gusto de todos, y estos actos son revisables por los jueces-, como para sus actos políticos -la administración ejecuta legalmente la voluntad política de quien cuenta con la mayoría-. La “neutralidad” se manifestó con toda su crudeza en la frase atribuida al dictador Franco: “hagan como yo, no se metan en política”. No se puede mostrar la discrepancia generando confusión.

La convocatoria de la “huelga” de estudiantes tampoco llama a las cosas por su nombre. El derecho de huelga está reconocido por la Constitución a los trabajadores. ¿Tienen los estudiantes la condición de trabajadores? Como usuarios del servicio público universitario parece que no, como tampoco los pacientes de un hospital o los usuarios del transporte público. Luego la “huelga” de estudiantes no es tal: es una protesta, tan amplia -o no- como se quiera. Frente a esta protesta los rectores y rectoras tienen la obligación de gestionarla sin modificar las reglas del juego para no deslegitimar el modelo. Cambiar la evaluación continua por un examen único y “autorizar” el absentismo aun siendo la asistencia obligatoria es, por un lado, dar alas a un absentismo estructural que en algunas carreras supera el 50% y, por otro, deslegitimar el modelo Bolonia y su evaluación continua -costosa, compleja e infantil-, lo cual quizás no sea malo.


Navegando con lobos. El Periódico. 15.10.2019

Los problemas regulatorios de Internet se van confirmando y ampliando. Recientemente Edward Snowden apuntaba que los gobiernos están delegando su autoridad a las grandes plataformas tecnológicas. Si en Internet impera la ley del más fuerte, del más rápido o del más astuto, ahora resulta que, además, el pastor (el Estado) ha encargado al lobo (las empresas tecnológicas) que cuide de las ovejas (nosotros).

 

Más de lo mismo. Lo Estados ceden sus funciones públicas de control, de prevención y de seguridad al sector privado por diversas razones, principalmente económicas (limitación de recursos), o tecnológicas (incapacidad administrativa para adaptarse al ritmo de las innovaciones). Es así como bajo regímenes de concesión o de autorización administrativa florecen Inspecciones Técnicas de Vehículos, empresas privadas de seguridad que vigilan instalaciones públicas o Entidades de acreditación, normalización o certificación técnica que imponen normas técnicas en los mercados. Ahora además los Estados ceden a las operadoras de Internet la autoridad para controlar Internet. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque las tecnologías de control, los repositorios de datos y las redes de comunicaciones son privadas, son de las operadoras. No existe una Internet pública. En segundo lugar, porque los Estados “democráticos” operan dentro de unos límites marcados por sus legislaciones de protección de datos y les resultaría de muy difícil justificación saltarse sus propias normas. Otra cosa muy distinta es que el autor del desaguisado sea un tercero -una empresa privada- que por sus características -potencial global y poderío tecnológico- no está sujeto ni a controles administrativos ni al escrutinio público que limita a los sujetos políticos. Obsérvese que entre las mayores economías del mundo figuran muchas que no son Estados sino grandes corporaciones que no se rigen por el Derecho Internacional, ni firman Tratados Internacionales.

 

A ello podemos añadir (Snowden lo apunta también), que el modelo democrático clásico no es ya suficiente garantía de protección de derechos en la medida en que las élites de los Estados y las de las grandes corporaciones de Internet coinciden en intereses y en políticas que acaban imponiendo a los ciudadanos. Y cuando no coinciden y se citan en los tribunales no es extraño que una gran compañía venza a un Estado, como recientemente ha sucedido en el Tribunal de Justicia de la UE, que ha dado la razón a Google frente al Estado francés en el litigio sobre la aplicación del “derecho al olvido”, con lo que los motores de búsqueda no están obligados a borrar información personal de los usuarios en la lista de resultados de todo el mundo, sino sólo en Europa. Es así como la masificación de la tecnología termina generando un “lumpen proletariado tecnológico” que, con la cesión de sus datos de navegación por las redes, sirve de materia prima para el enriquecimiento de las grandes tecnológicas: para ello es preciso laminar derechos sin que se note el efecto.

 

Si hasta ahora la Red era privada, ahora resulta que empieza a ser también “pública por delegación”. El problema es por tanto que ahora el gobierno de las redes es privado y público a la vez, aunque lo “público” sea únicamente la naturaleza de los sujetos que controlan y monitorizan por delegación. Continúa sin existir en Internet un control “público” que proteja los “intereses públicos” en el uso de tecnologías que son enteramente “privadas”. Esta asimetría privado-público justifica plenamente que la respuesta a la pregunta ¿quién gobierna Internet? sea: sujetos privados sin limitación pública. Esto conduce a otras preguntas con respuestas aún más inquietantes: ¿Para qué sirve Internet? ¿Como es su cadena de valor? ¿Como se gana dinero en Internet? El núcleo de las respuestas está en el dinero, y la fuente para generarlo son nuestros datos, que nos pertenecen a cada uno de nosotros y que cedemos ingenua y gratuitamente.

 

De aquí que el punto clave para reivindicar un control público del interés público en las Redes seamos los usuarios (nuestros datos), que somos el mineral con el que se alimenta la industria de los datos y de Internet. Únicamente nosotros podemos poner en cuestión la cadena de valor de este negocio y conseguir una redefinición del papel de lo público y de lo privado en las Redes, o, dicho de otro modo, redefinir el papel de la democracia a la luz de Internet. Aunque no seamos conscientes, en las Redes somos ovejas que estamos navegando con lobos.