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EL MITO DE FACEBOOK O LA CAÍDA DEL CABALLO. ( Infolibre.)

Cuentan que un tal Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos, se convirtió a la fe en Cristo un día que, viajando a caballo, Dios le derribó y le recriminó su conducta para con sus seguidores. Saulo acabó siendo San Pablo. Hagan como Saulo: cáiganse del caballo de Internet (otra cosa será alcanzar la santidad). Y tienen sobrados motivos. El reciente incidente de la caída de servicio de Facebook viene a demostrar tan perentoria necesidad, y ello por distintos motivos.

Internet no es hoy, en realidad, una infraestructura en red tal como lo fue en sus inicios para evitar precisamente lo que ha ocurrido: que un incidente en un nodo pueda comprometer la operatividad del conjunto de ellos. De haber sido una auténtica red, la caída de servicio no habría podido afectar al conjunto de la comunidad de usuarios, sino sólo a una parte de ellos, menor cuanto mayor la estructura nodal. La tozuda realidad ha revelado las vergüenzas: una estructura centralizada, verticalizada y muy jerarquizada, en la que un fallo en el nivel más superior compromete al conjunto del sistema. Justo lo que los creadores de Internet quisieron en su momento evitar.

En abril de 2019 ya apunté en otro artículo que Facebook basaba su “sofisticada” técnica para depurar qué contenido es o no publicable en “algoritmos de dos piernas”, un ejército de empleados encargados de filtrar los contenidos. Tan sofisticada como se ha revelado ahora su infraestructura real: más parecida a la estructura de una militarizada y jerarquizada administración napoleónica que a un supuesto negocio digital de los que se decoran con futbolines y sofás de colorines. Las plataformas no son el territorio de libertad anarquizante que algunos teóricos ilusos profetizaron y que hoy se niegan a admitir su error: son solamente un negocio descontrolado, de ingresos multibillonarios no equitativos y abusivo. Lo primero porque no existe hasta hoy administración pública alguna que haya sido capaz de imponerles unas reglas que las sometan al juego de transparencia democrática que sería deseable. Lo segundo por el volumen de beneficios que arrojan sin apenas aportar ingresos tributarios a las arcas comunes. Lo tercero por explotar una materia prima (los datos de terceros ingenuos) sin retribuir a sus legítimos propietarios.

Las plataformas son también un oligopolio que controlan sus poquísimos dueños. Esto significa que lo que decidan unos pocos termina afectando a todos, al conjunto de la población mundial. El comportamiento de este oligopolio en cuanto a precios, política de privacidad, de servicio, reclamaciones de usuarios, perjuicios a terceros, conducta democrática o protección de datos es justamente el que les pasa por su arco de triunfo, sin ningún control por parte de los poderes públicos. Sucede sin embargo que las consecuencias de estos comportamientos las pagamos todos, y sin derecho a reclamar. ¿Quién indemnizará a los millones de usuarios perjudicados por la caída de servicio de una plataforma? ¿Quién compensará a los millones de coloridas y “chandaleras” empresas “puntocom” que han fiado su mercado, su funcionamiento, sus clientes e incluso sus trabajadores a estas plataformas? ¿Quién puede poner el cascabel al gato en empresas de “economía colaborativa” en que se esclaviza a sus trabajadores para que repartan en bicicletas lo que deberíamos adquirir en la tienda de al lado? En muchísimos casos sin plataforma no hay ni siquiera actividad: ni reparto de mercancías (Amazon), ni teletrabajo (Google), ni publicidad (Instagram), y en algunos casos ni siquiera comunicación (Whatsapp), ni servicios públicos (Googlemaps). El hecho de que muchas empresas basen su negocio en plataformas de Internet convierte a estas en un pseudo-servicio público que debería ser regulado, al menos para imponerles la obligación de dar cuentas de su actividad a sus clientes. Háganme caso. Cáiganse del caballo digital y deléitense con la realidad analógica. Y es que las plataformas son tan medievales, verticales, jerarquizadas y centralizadas como la hilatura donde trabajaba mi padre: si se iba la luz, se paraba la fábrica…como en Facebook.


Feudalismo energético: luz a la oscuridad

Ramon J. Moles Infolibre 18.8.2021

El recibo de la luz anda disparado y a las “mentes gobernantes” no se les ocurre otra cosa que sugerirnos a los consumidores que alteremos nuestros hábitos para disminuir el consumo y pagar menos. Una gran “política de Estado” a la altura de los populismos más soeces: discutir la hora de la colada en España es como discutir el precio del combustible en la Francia de los chalecos amarillos, el del billete de metro en Santiago de Chile o el del pan en Túnez. La diferencia es que en estos países la cosa terminó en revueltas populares que provocaron cambios estructurales e, incluso como en Chile, una nueva Constitución. Aquí nos limitamos a poner la lavadora de madrugada para que nada cambie, salvo el descanso vecinal.

No señores, no es una cuestión de lavadoras: es un modelo regulatorio inadecuado el que encarece la electricidad. Inadecuado por varias razones. La producción y comercialización de electricidad están concentradas (y simultaneadas) en unas pocas empresas que copan el mercado limitando la competencia real. Los precios se fijan mediante un sistema de subasta diseñado por la UE en el que las productoras de electricidad (hidroeléctricas, nucleares, renovables, gas y carbón) ofertan a las distribuidoras (en muchos casos son en realidad las mismas productoras) un precio por el que estas pujan. El precio resultante suele ser al alza como resultado del peso que tienen los altos precios del gas y los combustibles fósiles a causa de la demanda de China y de los recargos de la UE a la emisión de CO2, que son a su vez encarecidos por la especulación de los fondos de inversión. Aún peor: el precio se aplica a todos los ofertantes, incluso a los que podrían suministrar a un precio más barato.

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Parece obvio que estamos ante un mercado ineficiente donde se mezcla producción y distribución para ofertar al consumidor el precio más alto posible en una suerte de neo feudalismo, que no es nuevo: algunas fortunas del franquismo generadas en este campo perviven al calor de todos los colores políticos posibles. Si nuestros gobernantes (todos: gobiernos y oposiciones) estuvieran a la altura de las circunstancias dejaríamos de hablar de lavadoras (en ese sentido incluso se han perpetrado sesudas editoriales periodísticas que parecían salidas de caletres afectados seriamente por las altas temperaturas) para pasar a hacer la colada y reorganizar el mercado energético: separar generación y distribución para evitar oligopolios, separar también casación de precios y liquidación de estos para evitar que hasta los productores más baratos tengan que vender caro (con beneficios popularmente conocidos como “caídos del cielo”), establecer un coeficiente corrector en el precio de los productores más caros (los basados en combustibles fósiles) para evitar que los recargos de Bruselas se trasladen al consumidor, o, en fin, disponer de una auténtica estrategia energética de país que nos dote del potencial que nos ofrecen las renovables en un país con muchas horas de sol y capacidad eólica. Sirvan de ejemplo los países escandinavos, que, a pesar del potencial petrolero de Noruega, potenciaron el binomio hidroeléctrico-nuclear para huir de situaciones parecidas a las que nosotros estamos sufriendo. El coste de la energía es decisivo para la economía y el bienestar de un país. También es decisiva la capacidad de sus políticos para hacer honestamente la colada de la ropa sucia heredada.


TRAFICANTES DE VIRUS. El País 1.7.2021. Anna Garcia Hom; Ramon J. Moles

Las fiestas de fin de curso en Baleares (y en otros lugares) que se han convertido en focos de supercontagio de, como mínimo, COVID 19, no han sido algo casual: son el producto de la actividad de distintas agencias de viajes, hoteles y otros operadores, sumada a la asistencia de varios miles de clientes que, voluntariamente, han contratado dicho servicio y que adolecen del virus de la irresponsabilidad. Estos clientes han contado, además, por lo que se ha publicado, visto y oído en los medios, con la aquiescencia familiar, que argumentan que “los jóvenes tienen derecho a divertirse” para celebrar la superación de la selectividad.

La necedad no tiene límites. Ni la selectividad es tal, puesto que la superan más del 95% de candidatos y por tanto no conlleva festejar “selección” ninguna, ni existe el “derecho a divertirse” de “jóvenes” de ninguna edad (de 0 a más de 100 años). Menos aun cuando sabemos que la COVID mata, que se ha ensañado con los mayores, y que se contagia en circunstancias como las de masivas fiestas en Baleares donde la distancia brilla por su ausencia. Estamos más que advertidos a escala mundial. Siendo esto así, cabe preguntarse hasta qué punto es reprobable tal comportamiento por parte de personas mayores de edad, que incumplen las medidas de prevención para divertirse un rato. ¿No es esto una imprudencia grave por conducta negligente? Negligencia a cuatro niveles: el de los fiesteros, a los que solo mueve la estulticia; el de los organizadores, a los que mueve el lucro indebido; el de las administraciones públicas responsables de controlar los desplazamientos (¿dónde estaban las PCR o vacuna obligatoria para viajar?); y, finalmente, el de los medios de comunicación, que tratan a los coautores del desaguisado como si de víctimas se tratase.

Y es que las cosas, siendo como son, nos confrontan a la realidad de nuestra calidad humana. ¿Qué hubiera ocurrido si la COVID hubiera sido especialmente despiadada entre la población que hoy se dedica a festejar de manera descontrolada y provocadora? ¿Dónde quedan los aplausos balconeros dedicados al personal sanitario en tiempos de confinamiento? ¿Dónde queda el prestigio de un destino turístico que lucha por superar la crisis mientras algunos “niños” y sus cómplices se lo ponen fácil a sus competidores? ¿Así arriman el hombro los hijos de la selectividad para superar la grave crisis derivada de la COVID y reivindicar su lugar en el mundo? Hemos visto y oído declaraciones desafortunadas en defensa de la memez adolescente (de padres, madres y algún rector y rectora de universidad). No hemos visto ni oído en los medios (hasta donde hemos alcanzado) ninguna recriminación a los insensatos participantes y muy pocas a los organizadores a pesar del coste en vidas de la pandemia y del coste económico de la gestión de esta.

Quienes han traficado con virus que matan están hoy o en sus casitas o en sus hoteles o bajo seguimiento médico no vaya a ser que el resto nos quedemos también privados de nuestro derecho a vacaciones.


OPENLUX Y CORRUPCIÓN: MÁS DE LO MISMO.

Infolibre 29.6.2021

El proyecto OpenLux ha puesto el foco sobre la actividad de más de 1.500 personas vinculadas con España que mantienen empresas en Luxemburgo con objeto de gestionar miles de millones de euros que son opacos al fisco. Las derivadas son evidentes, aunque quizás las más relevantes son la conexión directa entre elusión fiscal y corrupción y el dumping fiscal que practica Luxemburgo (como también los Países Bajos y otros Estados “puritanos” y “bien-pensantes” de la UE).

La elusión consiste en un tipo de planificación fiscal en la que se aprovechan rendijas legales para evitar o aminorar el pago de impuestos. No es ilegal, aunque las consecuencias son obvias. Sin caer en populismos: o pagamos todos (lo que toque a cada cual) o no paga nadie. Más allá de que esta práctica pueda ser útil a quienes quieran ocultar fondos de origen lícito, resulta que OpenLux ha identificado también prácticas de elusión entre sujetos implicados en grandes escándalos de corrupción, lo que no resulta para nada extraño.

El dumping fiscal es una práctica de competencia fiscal dañina mediante la cual las empresas multinacionales, aprovechando la globalización, ubican su domicilio en el entorno que les es fiscalmente más favorable. En este campo OpenLux sucede a otro escándalo de 2014 denominado LuxLeaks que estalló tras la filtración por un empleado de PricewaterhouseCoopers (PWC) que detallaba como creaban estructuras en Luxemburgo para eliminar los ingresos sujetos a impuestos en un territorio.

Estas dos derivadas tienen un elemento en común: ambas son de carácter estructural y las posibilitan los propios Estados. Con frecuencia se suele atribuir la total responsabilidad respecto de la expansión de la corrupción a sujetos y empresas, obviando un hecho indiscutible: la cooperación imprescindible -en la mayor parte de ocasiones- de los mismos Estados. Tan evidente es este hecho que la UE y EE.UU. ultiman en el G7 un impuesto a las multinacionales y un acuerdo para que revelen qué impuestos pagan en cada país.

La corrupción es estructural, lo que obliga a combatirla modificando, también, las estructuras. No es suficiente con disponer de políticas de prevención de lo que se considera un peligro individualizado que atañe a sujetos y empresas (la corrupción): las causas últimas de la corrupción atañen al sistema, son colectivas y no se suelen abordar eficientemente. Prueba de ello es que, a pesar de que en España se han planteado algunas iniciativas (la Ley de Transparencia, la de Financiación de Partidos, el proyecto de Ley reguladora del ejercicio de altos cargos o la reforma del Código Penal), el fenómeno va en aumento. No es extraño que así sea porque, en primer lugar, mientras el Derecho es estatal, la corrupción es global, y en segundo lugar por la baja eficiencia del Estado español en este ámbito. Muestra de ello son las reiteradas advertencias de distintos organismos internacionales respecto de incumplimientos relacionados con la eficacia de la aplicación de normativas anticorrupción en base a los cuatro pilares de los que España es parte: la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, el Convenio de Lucha contra la Corrupción de la OCDE, los Convenios del Consejo de Europa y las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). A esto podemos sumar la lentitud de la justicia, los deficientes controles administrativos internos y externos, la amplia tolerancia a las “puertas giratorias” para altos cargos, o el deficiente despliegue normativo interno. Sirva como ejemplo de esto último lo sucedido con la Ley 19/2013, de transparencia, que ha cumplido ya siete años sin que se haya podido aplicar la obligación de los cargos políticos de publicar su estado patrimonial y de intereses. Ni siquiera existe un régimen sancionador derivado de su infracción. Peor aún, entre 2015 y 2018 al menos 100 de entre ellos han incumplido la obligación de detallar sus bienes, contando además con la aquiescencia de la propia Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) y del Tribunal Supremo.

En fin, la corrupción no es algo que responda esencialmente a un comportamiento individual; su fundamento básico se halla en el sistema. Si quieren saber cuan corrupto es un sistema o un país miren en el ojo del huracán: como es la financiación de los partidos políticos, sindicatos y patronales; si su sistema electoral es abierto o cerrado; si su modelo tributario es progresivo, equitativo y bien percibido; si su modelo de contratación pública es eficiente y transparente; si sus mercados son transparentes, libres y sin oligopolios; si su sociedad civil es robusta, activa y bien informada. Casi todo lo demás es más de lo mismo.

Ramon J. Moles Plaza es profesor universitario, ha sido colaborador de ACAD (Iniciativa Académica Anticorrupción-ONU).


La “reci-procicat” por principio. Anna Garcia Hom; Ramon J. Moles. El País 13.2.2021

Vivimos inmersos en multitud de situaciones que exigen un grado de especialización importante. Ser los mejores significa ser expertos en algo. Se requieren años de experiencia antes de poder afirmar que uno sabe algo. Esto es bueno. El papel de los especialistas queda acreditado porque se requieren conocimientos especializados para resolver problemas y hacer avanzar nuestro potencial global. Sin embargo, una derivada no deseada de este enfoque de nicho es que limita las formas en que pensamos que podemos aplicar nuestro conocimiento sin que pueda ser tildado de fraude.

Algo parecido le sucede al Procicat: el organismo catalán encargado de las medidas de prevención de la COVID. En la práctica este organismo está siendo atrapado -confinado- por una doble inexperiencia: la propia y comprensible de hacer frente al cambiante comportamiento de un virus novedoso y la impropia e incomprensible resultante de ignorar a los colectivos sociales a los que van dirigidas dichas medidas. Al menos así lo intuyen estos colectivos al percibir una toma de decisiones opaca, incoherente y aparentemente arbitraria por cuanto no se acompaña de la publicación de justificaciones que las avalen.

A pesar de la conveniente necesidad de mitigar daños que la pandemia pueda ocasionar, ello no puede soslayar los damnificados a los que dicho organismo dirige sus decisiones y que las viven como abusivamente intrusivas. La pandemia hubiera podido ser el contexto ideal para desarrollar e implementar actuaciones articuladas y pactadas desde la persuasión, no desde la intrusión. Siendo evidente la conocida gravedad de las consecuencias de mantener en las pandémicas circunstancias actuales una intensa actividad económica y social, no lo es menos el alcance perjudicial de las consecuencias imprevistas derivadas de olvidar cómo afectan las decisiones del Procicat a la vida de las personas.

Sin desdeñar la dificultad de tomar decisiones bajo estas circunstancias también es justo apreciar la habilidad que se requeriría para hacerlo. La deseable “reci-procicat”, en este supuesto brilla por su ausencia. Tomar decisiones es aplicar herramientas y marcos mentales diversos, así como información específica relevante para el caso en cuestión: un martillo no es suficiente para clavar un clavo en esto que nos ocupa. Se necesitan más herramientas, más conocimientos y mayor perspectiva. De ahí que la inclusión y la implicación recíproca de actores de la vida económica, social, cultural, etc., debería haber sido la regla y no la excepción. Tomar decisiones de forma unilateral sin prever un mecanismo de participación que ayude a su comprensión y a su cuestionamiento en positivo para su mejora, provoca una asimetría informativa (en el mejor de los casos el decisor lo sabría “todo” y nosotros “nada”; en el peor nadie sabe “nada”) y, con ella, un perjuicio de los ciudadanos frente a sus gobernantes.

Esta “reci-procicat” debiera haberse basado en la transparencia, la simetría y la coherencia. Transparencia de capacidades, de criterios, justificación y resultados. Simetría de intereses y de responsabilidades. Coherencia de las medidas y de los medios. Tenemos derecho a una transparencia que nos permita saber qué criterios justifican los confinamientos perimetrales, los cierres de establecimientos o las limitaciones horarias y qué resultados presentan. Hasta hoy nadie ha explicado el porqué del cierre de unos negocios y no otros mientras se mantiene la densidad de pasajeros en autobuses y trenes de fácil contagio; o porqué se puede romper el confinamiento perimetral para votar, pero no por   motivos ejercibles en completa soledad. La necesaria simetría de intereses y responsabilidades se ve perjudicada por una obvia asimetría informativa que resulta de una asimetría de intereses: no es explicable que tomen decisiones gravosas exclusivamente quienes no se ven afectados gravemente por ellas. Quién no se juega su puesto de trabajo o su ruina económica en un cierre temporal debería, al menos, construir su decisión con la de los perjudicados. Esto permitiría que su toma de decisiones fuera más ampliamente compartida por decisores y afectados; unas decisiones mucho más de “reci-procicat”. Finalmente, la coherencia de los medios aplicados a las medidas adoptadas también es exigible cuando se contrata recaudadores de multas del confinamiento y, en cambio, parece que no hay medios para contratar rastreadores: ¿multar y cobrar sí, pero prevenir no? Otros países (Nueva Zelanda o Australia) han optado por potenciar el rastreo y (hasta ahora) se han ahorrado confinamientos ruinosos.

Transparencia, simetría y coherencia en las decisiones que se toman desde el Procicat permitirían calibrarlas para saber si sólo son buenas, son las mejores, las más defendibles, o son solamente las únicas posibles. Los ciudadanos merecemos saberlo para poder compartirlo.


TUPPERTRUMP

Y Trump dejó de tuitear sus mensajes envasados cual merienda en “tupper” para consumo inmediato. A raíz del asalto al Capitolio Twitter clausuró su cuenta por incitar a la violencia cuando había alcanzado los 88 millones de seguidores desde los 3 millones iniciales (cuando era candidato en 2015) y los 13 millones en 2016 al ganar la presidencia con 74 millones de votos. Twitter ha sido el mayor altavoz y uno de los mejores aliados de Trump para comunicar su “acción de gobierno”, presionar y castigar a sus opositores o directamente incitar la violencia. Trump ha sido un gran negocio para la plataforma si nos atenemos a sus millones de seguidores y las interacciones entre ellos que son la base del negocio de Twitter. En fin, una simbiosis muy provechosa para ambas partes hasta el pasado 6 de enero en que Trump instigó un golpe de estado que se saldó con la muerte de cinco personas (esto sí que es sedición) y un escenario altamente preocupante para la geopolítica mundial en la medida en que existen evidentes paralelismos con otros entornos (el populismo del Brexit, la Italia de Lampedusa, la Alemania del asalto al Reichstag el agosto pasado, la Francia de las algaradas de los chalecos, la España del cerco al Congreso en 2012 o la Catalunya de los asaltos al Parlament, sin ir más lejos).

Con el cierre de la cuenta de Trump se hace evidente algo notorio aunque no novedoso: si Twitter fuera una verdadera red social no podría cerrar ninguna cuenta porque, siendo una red, nadie -más que la red en sí misma- dispondría de autoridad para ello. Si Twitter puede cerrar una cuenta es porque no es una red social, sino un medio de comunicación propiedad de alguien que decide que en su negocio manda él y permite publicar o no aquello que él decide (como en los medios de toda la vida). Prueba de ello es que medios como Twitter o Facebook discriminan claramente sobre lo que dejan publicar o no. De lo contrario, ¿por qué no censuran chats de militares jubilados que proponen fusilar a la mitad de ciudadanos de este país? Si censuran a Trump es porque sus dueños consideran que es un árbol caído -si no claramente una amenaza-. Lo demás les es irrelevante: ni el Capitolio está en la Carrera de San Jerónimo ni les importa la guerra de “verdades alternativas” entre poderes de distintos colores mientras sirvan para incrementar su facturación.

Desde su aparición Twitter, Facebook, Instagram y demás han reclamado su condición de “redes sociales” (absolutamente subordinadas a sus usuarios, sin un “poder” central) y por lo tanto de “adalides” de la democracia más “libertaria”. Este ha sido el discurso de sus dueños, pero también de sus acólitos, arribistas empresariales, y de una intelectualidad advenediza que sucumbió a los “encantos” de los juguetes tecnológicos. En 2004 ya apunté en “Derecho y control en Internet” que las redes sociales no eran verdaderas redes sino meros medios de comunicación, y ello a pesar del numeroso coro de aduladores tecnológicos que clamaban a favor de la supuesta “tierra de libertad” que Internet suponía por su supuesta falta de control centralizado. Se llegó a teorizar sobre economía, cultura o sociedad “en red”. No siento haberme anticipado: hoy desgraciadamente asistimos a una economía de “plataformas” (la “gigeconomy”) que esclaviza a repartidores en bicicleta o que hunde a trabajadores autónomos o a empresarios turísticos en beneficio de grandes fondos que cotizan en bolsa. Y todo ello a pesar de las indudables ventajas tecnológicas de la digitalización en tiempos de pandemia, que nada tiene que ver con este aspecto de las “redes sociales”.

Las “redes sociales” no lo son. Son simples medios de comunicación camuflados: sus dueños controlan lo que se puede o no comunicar por parte de millones de “redactores” que no solo no cobran como los de los medios tradicionales, sino que pagan -sin saberlo- por comunicar. De este modo, los dueños de las redes pueden decidir quién comunica y quién no: Trump ya no puede a pesar de sus cuatro años de exabruptos golpistas tolerados por Twitter porque les generaba negocio. Seamos claros: en las “redes sociales” es exigible el mismo respeto a la libertad de expresión que en los otros medios de comunicación; el hecho de ubicarse en Internet no las dota de mayores libertades y sí de las mismas servidumbres. Ello es así hasta el punto de que si una red no es suficientemente grata se puede montar otra alternativa: ahí está en el caso de los “trumpistas” la red social alternativa “Parler”. Para que una “red social” lo fuera realmente debería reunir dos condiciones. Una: en lugar de normas impuestas por dueños con ánimo de lucro debería basarse en una autorregulación de sus usuarios al estilo de la Wikipedia. Dos: una regulación o control tutelado por parte de los poderes públicos en protección de las libertades e intereses públicos, igual como sucede en la realidad “analógica”, donde no es admisible fundar una asociación con fines criminales o para atentar contra las libertades. Si se pretende una sociedad libre y cívica debemos huir de las simplificaciones envasadas en Twitter cual ideas metidas en un tupper. Hay que huir del “tuppertrump”.

Ramon J. Moles

Profesor de Derecho Administrativo

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2021/01/19/tuppertrump_115328_2003.html


GUERRAS DE BULOS

La Vanguardia 18-11-2020

La reciente Orden Ministerial que publica las directrices de la UE contra la desinformación (campañas de difusión de bulos o noticias falsas) ha desatado una ola de protestas basadas en que se trata de un ataque a la libertad de expresión para crear un modelo de censura parecido al orwelliano “ministerio de la verdad”. Así, el PP exige la retirada de la Orden, pide la comparecencia de Carmen Calvo e Iván Redondo y solicita al Parlamento Europeo que intervenga en defensa de la “amenazada libertad de expresión” en España.

Trasladar una batalla política española de vuelo gallináceo a Europa sin otro motivo que el electoral es de una gran irresponsabilidad teniendo en cuenta el contexto de distribución de ayudas europeas en el marco de la COVID, además de una manifiesta ignorancia, puesto que la Orden es simplemente la transposición del Plan de Acción aprobado por el Consejo Europeo en diciembre del 2018. Incluso la propia Comisión Europea ha indicado que la norma no pone en riesgo la libertad de prensa.

Vayamos por partes. Una cosa es el derecho fundamental a la libertad de expresión constitucionalmente protegido y otra muy distinta intentar evitar las campañas de desinformación dirigidas directamente a dañar los intereses del país. Recuerden la campaña de prensa en Europa sobre los pepinos almerienses que supuestamente generaron intoxicaciones en Alemania o las campañas contra el sector turístico español (especialmente Baleares) antes y durante la COVID, las campañas antivacunas. Según el Eurobarómetro de 2018 el 88 % de los ciudadanos consideran que la desinformación es un problema y en 2020 el 66% afirma encontrarse con información falsa o que malinterpreta la realidad al menos una vez a la semana. Nada que ver con la libertad de expresión, es simplemente desinformación: información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público como por ejemplo amenazas a los procesos electorales democráticos o a bienes públicos como la salud, el medio ambiente o la seguridad, entre otros.

Y es que, contra lo que muchos opinaban hace años, Internet no es un espacio de libertades absolutas llamado a ser el paraíso de los que huyen de lo público. Internet es propiedad de sus dueños, que hacen y deshacen a su antojo, pero requiere de una regulación público-privada que garantice un marco operativo respetuoso con los derechos fundamentales.

La Orden no parece un sistema de censura sobre los medios de comunicación, aunque habrá que estar atentos, como siempre, para evitar que el poder caiga en la tentación de abusar de los mecanismos que tiene atribuidos: ello depende básicamente de la fortaleza de la sociedad civil (no muy boyante en España). Esencialmente lo publicado se refiere a cuestiones organizativas sin alusiones a la libertad de expresión (aunque ciertamente los ataques a derechos casi nunca son explícitos). Si algo evidencia la Orden es la dificultad de poner orden en un modelo burocrático de metástasis de órganos administrativos de difícil adaptación al modelo europeo (que en el fondo es de lo que se trata).

La lucha contra la desinformación ha de ser una prioridad para las sociedades democráticas que debiera haber sido abordada ya hace años. La irrupción de Internet no hizo más que redimensionar el problema hasta el punto de ubicarlo en el ámbito de las “redes antisociales”, esto es, las redes como medio para las guerras varias no militares (económicas, culturales…). El buenismo no es un arma útil en este contexto: los poderes públicos y la sociedad en su conjunto debemos tomar conciencia de la importancia estratégica de estar preparados ante estos eventos. Para ello es imprescindible poner orden en nuestro patio trasero (nuestra Administración) y para ello esta norma puede ser un primer punto de partida al que le debemos reclamar mayor ambición: mayor simplificación y amplitud incluyendo no sólo al sector privado, sino al resto de Administraciones Públicas (autonómicas, locales o corporativas como las Cámaras de Comercio y los Colegios profesionales, por ejemplo).

Es posible también apuntar dos elementos estructurales más: por una parte debemos intentar ser capaces de homologar nuestro funcionamiento en este campo lo máximo posible a Europa (lo que requiere mayor simplicidad organizativa, de la que estamos muy lejos aún) y por otra, en aras de garantizar la protección de los derechos fundamentales eventualmente implicados, ¿por qué no replicar el modelo de control judicial que asiste al Centro Nacional de Inteligencia, que cuenta con un magistrado del Tribunal Supremo adscrito para todo aquello que la protección de derechos fundamentales requiera?.

Ojo al dato: estas medidas no servirán de nada si no superamos la candidez de los usuarios de Internet que en el mejor de los casos ingenuamente replican bulos en las redes “antisociales”, y en el peor son agentes activos y voluntarios del fenómeno.

Ramon J. Moles Plaza

Profesor de Derecho Administrativo


La conflictiva desescalada. Anna Garcia Hom en TV3.

06/23/2020

La socióloga Anna García Hom, experta en la gestión del riesgo, cree que no se ha hecho bien la planificación e información a la población en la desescalada. Dice que se necesitan mensajes claros y cortos para todos, sin generar excepciones a la norma.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/la-conflictiva-desescalada-abans-de-sant-joan/video/6048976/


LA CRISIS DE NISSAN EN TV3. Els matins TV3. Entrevista en TV3.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/josep-m-vall-no-es-realista-nacionalitzar-la-nissan/video/6045931/

 


Desconfinamiento. Entrevista en “La ventana” Cadena Ser. 27 Abril 2020. minuto 9:30 hasta el 25:30

https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_laventana_20200427_160000_170000/