Archivo del Autor: Ramon Moles

Navegando con lobos. El Periódico. 15.10.2019

Los problemas regulatorios de Internet se van confirmando y ampliando. Recientemente Edward Snowden apuntaba que los gobiernos están delegando su autoridad a las grandes plataformas tecnológicas. Si en Internet impera la ley del más fuerte, del más rápido o del más astuto, ahora resulta que, además, el pastor (el Estado) ha encargado al lobo (las empresas tecnológicas) que cuide de las ovejas (nosotros).

 

Más de lo mismo. Lo Estados ceden sus funciones públicas de control, de prevención y de seguridad al sector privado por diversas razones, principalmente económicas (limitación de recursos), o tecnológicas (incapacidad administrativa para adaptarse al ritmo de las innovaciones). Es así como bajo regímenes de concesión o de autorización administrativa florecen Inspecciones Técnicas de Vehículos, empresas privadas de seguridad que vigilan instalaciones públicas o Entidades de acreditación, normalización o certificación técnica que imponen normas técnicas en los mercados. Ahora además los Estados ceden a las operadoras de Internet la autoridad para controlar Internet. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque las tecnologías de control, los repositorios de datos y las redes de comunicaciones son privadas, son de las operadoras. No existe una Internet pública. En segundo lugar, porque los Estados “democráticos” operan dentro de unos límites marcados por sus legislaciones de protección de datos y les resultaría de muy difícil justificación saltarse sus propias normas. Otra cosa muy distinta es que el autor del desaguisado sea un tercero -una empresa privada- que por sus características -potencial global y poderío tecnológico- no está sujeto ni a controles administrativos ni al escrutinio público que limita a los sujetos políticos. Obsérvese que entre las mayores economías del mundo figuran muchas que no son Estados sino grandes corporaciones que no se rigen por el Derecho Internacional, ni firman Tratados Internacionales.

 

A ello podemos añadir (Snowden lo apunta también), que el modelo democrático clásico no es ya suficiente garantía de protección de derechos en la medida en que las élites de los Estados y las de las grandes corporaciones de Internet coinciden en intereses y en políticas que acaban imponiendo a los ciudadanos. Y cuando no coinciden y se citan en los tribunales no es extraño que una gran compañía venza a un Estado, como recientemente ha sucedido en el Tribunal de Justicia de la UE, que ha dado la razón a Google frente al Estado francés en el litigio sobre la aplicación del “derecho al olvido”, con lo que los motores de búsqueda no están obligados a borrar información personal de los usuarios en la lista de resultados de todo el mundo, sino sólo en Europa. Es así como la masificación de la tecnología termina generando un “lumpen proletariado tecnológico” que, con la cesión de sus datos de navegación por las redes, sirve de materia prima para el enriquecimiento de las grandes tecnológicas: para ello es preciso laminar derechos sin que se note el efecto.

 

Si hasta ahora la Red era privada, ahora resulta que empieza a ser también “pública por delegación”. El problema es por tanto que ahora el gobierno de las redes es privado y público a la vez, aunque lo “público” sea únicamente la naturaleza de los sujetos que controlan y monitorizan por delegación. Continúa sin existir en Internet un control “público” que proteja los “intereses públicos” en el uso de tecnologías que son enteramente “privadas”. Esta asimetría privado-público justifica plenamente que la respuesta a la pregunta ¿quién gobierna Internet? sea: sujetos privados sin limitación pública. Esto conduce a otras preguntas con respuestas aún más inquietantes: ¿Para qué sirve Internet? ¿Como es su cadena de valor? ¿Como se gana dinero en Internet? El núcleo de las respuestas está en el dinero, y la fuente para generarlo son nuestros datos, que nos pertenecen a cada uno de nosotros y que cedemos ingenua y gratuitamente.

 

De aquí que el punto clave para reivindicar un control público del interés público en las Redes seamos los usuarios (nuestros datos), que somos el mineral con el que se alimenta la industria de los datos y de Internet. Únicamente nosotros podemos poner en cuestión la cadena de valor de este negocio y conseguir una redefinición del papel de lo público y de lo privado en las Redes, o, dicho de otro modo, redefinir el papel de la democracia a la luz de Internet. Aunque no seamos conscientes, en las Redes somos ovejas que estamos navegando con lobos.

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Hinchas contentos y engañados La Vanguardia 1 7 2019

La trama de “amaños” de partidos de fútbol recientemente desarticulada no fue descubierta por el engaño en sí, sino por las apuestas manipuladas con dinero ucraniano y chino contra equipos favoritos que descubrieron dos casas de apuestas electrónicas.

El caso reúne los elementos típicos. Para que prospere una conducta corrupta se requiere una estructura que integre un sujeto (corruptor) que persigue una ventaja indebida (no justificada), otro sujeto (corrompido) que se somete (voluntariamente o bajo presión) a la acción del corruptor a cambio de otra ventaja indebida (normalmente el incentivo es dinero o equivalente). Se requiere también un contexto propicio, dónde la rentabilidad de la operación pueda ser elevada y constante porque el beneficio anecdótico no justifica los costes de ser descubierto. Finalmente es precisa también una cultura social en la que el reproche de la corrupción sea bajo, cuando no incluso una conducta imitable. A partir de aquí podemos plantearnos que está sucediendo o ha sucedido en el deporte (en el fútbol o en ciclismo o en el atletismo con los casos de dopaje, o en el boxeo con los amaños de combates) para que se puedan generar estas estructuras corruptas hasta el punto de hablar de “corrupción deportiva”.

 

Sospecho que la explicación radica en la presencia en algunos ámbitos del mundo del deporte de lo que podríamos denominar “dinero injustificado”. Esto es, dinero que fluye hacia estas actividades en calidad de inversión. Nada que objetar siempre y cuando estas “inversiones” respeten la legalidad -no entro en la ética que es cosa de cada cual-. Otra cosa es cuando estos flujos de capital, o bien se mueven en ocasiones en un contexto poco transparente, alto nivel de endeudamiento y escaso cumplimiento con Hacienda y Seguridad Social, o bien generan redes “clientelares” de dinero fácil, cuando no incluso de blanqueo de capitales. Siendo esto así, el elemento nuclear de la corrupción deportiva no es el deporte (en el ámbito de aficionados apenas existe), sino el dinero: algunos flujos de capital que injustificadamente en términos de negocio puro y duro fluyen hacia estas actividades. Sin embargo, lo crucial para todo ello es la existencia de unos “hinchas”, un público “contento”, acrítico y masificado, aunque engañado e incapaz de distinguir el negocio (incluso ilícito) del deporte.

 


Sobre la “cibercosa” y la desinformación. El Periódico de Catalunya. 19.05.2019

Internet ha generado una nueva economía, pero también unas nuevas amenazas. De acuerdo con esto parece que aumenta la conciencia de que ciberterrorismo y manipulación informativa (noticias falsas o “fake news”) son riesgos críticos hasta el punto de que la Unión Europea incluye el ataque cibernético entre las causas de respaldo militar entre sus socios, o que la Moncloa disponga de una unidad operativa contra la desinformación. Las ciber-amenazas y la desinformación en las Redes no son más que adaptaciones modernas de amenazas antiguas. Lo distinto son los medios, más sofisticados y con un potencial más devastador. Y la cosa va a peor: la tecnología 5G va a incrementar la capacidad de compartir datos y la velocidad de su transmisión, lo que supone que miles de millones de objetos conectados (televisores, trenes, coches o plantas industriales) se van a convertir en agentes encubiertos que nos van a exponer a la posibilidad de múltiples ciberataques.

Las ciber-amenazas requieren de tres factores: redes de telecomunicaciones, objetos conectados y factor humano. Como casi siempre es este último, el humano, el factor clave: la tecnología por sí sola, hasta hoy, es un elemento neutro; la maldad es humana y lo humano es público o privado, luego la ciber-maldad es también pública y privada. Contra lo que pueda parecer en un principio no todos los hackers son privados. No estamos ante una lucha entre la bondad del poder y la maldad de los hackers.  También el poder actúa a veces como un hacker que miente o censura en su beneficio particular, sea éste económico, político o geoestratégico. Y quienes lo hacen en su nombre actúan desde la inmunidad que otorga el poder. Así, el poder, más allá de su actividad lícita y legal en defensa de la seguridad, actúa también en ocasiones cortocircuitando la libertad de tráfico en las Redes o difundiendo noticias falsas. Ejemplo de lo primero la censura sistemática e indisimulada que imponen las autoridades chinas al tráfico de Internet o la igualmente sistemática, aunque más disimulada, que ejercen agencias estatales de otros países. De lo segundo, el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook en el uso de datos en campañas electorales o la manipulación informativa propia de los populismos de Putin y Trump. O ya en nuestros lares, el ministro Borrell afirmando que en América se mataron sólo “cuatro indios”, las mentiras de Zapatero sobre los “brotes verdes de la economía” para negar la crisis económica, o las de Aznar y Acebes sobre la autoría del atentado del 11M o sobre la existencia de armas químicas para justificar la invasión de Irak, o las de Rajoy y sus “hilillos de plastilina” para quitar importancia al desastre del Prestige, o las de Fraga bañándose en Palomares en tiempos de la dictadura de Franco para desdramatizar el accidente nuclear. Y es que, no se sorprendan, siendo la mentira intrínseca al poder, a este no le importan los medios que pueda usar: la ciber-cosa no es más que uno de los muchos a su disposición.

 


ALGORITMOS CON DOS PIERNAS. La Vanguardia. 8.4.2019

Recientes investigaciones periodísticas han evidenciado el método de trabajo de los centros “secretos” de Facebook que filtran los contenidos de los usuarios: no son sofisticados algoritmos ni programas informáticos, sino simplemente personas con dos piernas y contratos precarios quienes lo hacen.

No se sorprendan: la Red es privada y sus dueños operan en ella como les place; luego Facebook, que es privada, es dueña de establecer en sus dominios las reglas que quiera en cuanto a acceso y contenidos. Sin embargo podríamos preguntarnos al respecto si las redes sociales deberían  respetar los mismos límites para la libertad de expresión que los medios impresos, que también son privados. Parecería obvio que sí, siempre que las redes se consideren un medio y operen en un marco jurídico que reconozca esas libertades. Problema: no está claro que sean un medio de comunicación, al menos no como la prensa “clásica”, ni tampoco que estén sujetas a un sólo marco jurídico.

El hecho es que Facebook es el dueño de un invento en el que ejerce su dominio total sobre el mismo, incluida la censura de contenidos, con un nivel de opacidad muy elevado. Ni los criterios ni los métodos de censura son públicos, aunque ahora sabemos gracias a algunos exempleados que los criterios emanan de la propia empresa de manera poco clara (para Facebook no es admisible la apología de Hitler, pero sí lo es la de Franco, por ejemplo), y que el método es muy poco sofistificado: son personas físicas “juniors” quienes ejecutan “a mano” esta tarea poco o nada edificante a cambio de retribuciones parece que precarias en centros de trabajo “secretos”.

Ahora bien ¿por qué Facebook censura los contenidos? Simplemente porque los contenidos que crean los usuarios, de los que la red se adueña, generan un tráfico de datos que son su materia prima para ganar dinero y estos contenidos están vinculados directamente a su reputación. La reputación es su talón de Aquiles; sin embargo, no lo es incumplir la ley, como hemos comprobado repetidísimas veces. Facebook censura para no ver perjudicada su reputación. Si a alguien no le gusta, tiene una opción (además de no usarla): contribuir a acabar con el estatus privado de la Red para que se establezca una intervención pública que defienda los intereses públicos y de la comunidad (incluidos los de los “algoritmos” con dos piernas).

Ramon J. Moles

Profesor de Derecho Administrativo


¡SON MENORES MALTRATADOS! La Vanguardia. 31.1.2019.

El maltrato a menores existe. También el que causa la propia Administración. Sirvan de ejemplo los niños robados (en España unos 300.000, de los cuales unos 30.000 durante el franquismo), los tutelados por la Generalitat que han sido objeto de abusos sexuales por sus tutores (Castelldans 2013 y Tortosa 2016) , los declarados en desamparo y que la Generalitat sustrae de la familia sin supervisión judicial, los tutelados por la Generalitat de manera inadecuada (según el Síndic unos 600 del total de 7.000), o los no acompañados  que escapan a la tutela  de la Generalitat incurriendo incluso en delincuencia  de bajo perfil, para los cuales no existe política específica alguna.

En todos estos casos existe una situación de maltrato institucional por cuanto la Administración Pública es en estos casos ineficiente (abusos sexuales cuyos autores son seleccionados como cuidadores por la propia Generalitat como en el caso de Castelldans), poco preventiva (casos de menores no acompañados), actúa sin supervisión judicial (casos de desamparo), o incluso se adueña de las prestaciones que deberían recibir los menores a su cargo basándose en la Ley catalana 14/2010, de derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia, que  habilita un copago encubierto de un servicio que de hecho es gratuito.

Es precisa una toma de conciencia de la sociedad en su conjunto, pero también un golpe de timón a una actuación administrativa que requiere de medidas urgentes, como el despliegue efectivo de la figura del procurador del menor previsto en el artículo 118 de la Ley 14/2010, el sometimiento a control judicial efectivo de la actividad administrativa, sobre todo la relativa a sustracción de la tutela familiar, y la aplicación de principios administrativos como el de transparencia y acceso a documentación con objeto de facilitar el acceso de los interesados a los informes de la Administración que les afectan. Todo ello sin perjuicio de que los afectados puedan reclamar a la Administración, tanto las responsabilidades civiles o penales en que los funcionarios o instituciones implicadas hubieran podido incurrir, como el resarcimiento de los presuntos perjuicios causados por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que prevé la indemnización a quienes hayan sufrido un perjuicio injustificado como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración.


El AVE en La Rioja, la velocidad y el tocino

El Congreso de los Diputados acordó recientemente, a iniciativa del PSOE, instar al Gobierno a acelerar el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo puesto que “la Alta Velocidad es un factor de crecimiento económico y desarrollo social”. El tramo riojano se plantea como una disyuntiva entre cruzar 64 Km de la Rioja Alavesa por Labastida o por San Asensio y Haro con un coste económico entre 750 y 890 millones de euros. Sin hablar del coste paisajístico, económico, cultural y social que supondría para una de las zonas vitivinícolas más importantes de Europa. Una vez más la planificación de infraestructuras en España se reduce a  una cuestión de coste-beneficio interesadamente mal calculado: ante las muchas “ventajas” del AVE debemos asumir sus costes en “beneficio” del bien común. Se pretende liderar la Alta Velocidad ferroviaria cuando la red ferroviaria básica se cae a pedazos. Se reclama el AVE para estructurar el territorio cuando este país lleva siglos desestructurándose a conciencia.

Vayamos al tocino. Según el Tribunal de Cuentas de la UE la mitad del presupuesto europeo para Alta Velocidad (unos 23.700 millones €) se ha invertido en España (unos 11.250 millones). A pesar de ello no tenemos conexión con Portugal y la de Francia sólo circula al 36% de su velocidad, siendo además que la Alta Velocidad europea no se basa en un análisis estratégico creíble, sino en consideraciones políticas Primera conclusión: el AVE no es un instrumento de cohesión territorial y además se malgastan las inversiones porque los trenes solo alcanzan el 45% de su velocidad prevista. Además, la falta de análisis de mercado y la presión política ha llevado a construir líneas “sin potencial de pasajeros suficiente para ser exitosas”. En España es el caso de las líneas Madrid-León, Eje Atlántico, Madrid-Galicia, Figueres-Perpignan y la Y Vasca. Segunda conclusión: la falta de pasajeros suficientes que justifiquen la inversión la convierte en muchos casos en un despilfarro. Por otra parte, según el Ministerio de Fomento español (en tiempos de la ministra Pastor), las obras del AVE han tropezado con constantes subidas de los costes ofertados por las constructoras, lo que ha retrasado los contratos y las obras hasta el punto de que la UE obligó a limitar las modificaciones ante la práctica habitual de las empresas de ofertar a la baja en los concursos de obras. Tercera conclusión: las obras han sufrido retrasos y sobrecostes que han beneficiado únicamente a las empresas constructoras.

Ahondemos ahora en las cuestiones sociales. Sin añadir dramatismo a la ya de por si situación crispada que el país viene arrastrando des de la moratoria nuclear o el almacén de residuos, pasando por el aeropuerto de Castellón a la más reciente del proyecto Castor, lo cierto es que las decisiones políticas siguen obviando el consenso social con los territorios afectados. Si a ello le sumamos, en este caso, la cuestión -no baladí- del impacto sobre una de las actividades económicas más productivas del país, el resultado merecería fomentar la reflexión, no solo parlamentaria, sino territorial. De nuevo, y sometidos al imperativo legislativo, se soslaya la posibilidad –democrática, dicho sea de paso- de reconocer la dimensión propiamente plural y territorialmente participativa que requiere la participación de un proyecto de complejas connotaciones técnicas, económicas, políticas y sociales, como el descrito.

Resulta sorprendente que a pesar de los problemáticos antecedentes mencionados no exista ni un ápice de consideración hacia lo genuinamente público –los territorios y sus actores sociales- para, de este modo, dotar un servicio público de eficiencia y equilibrio entre la inicial formulación de la política que se debe seguir en la gestión técnica del proyecto, su implementación territorial y su gestión social a largo plazo. En realidad, el rechazo social no aparece durante la formulación de políticas generales sino cuando ésta adquiere una dimensión espacial y se concreta territorialmente. Algo sucede pues cuando los responsables políticos se ven sometidos a una avalancha de “noes”: ¿será que no es no?

En resumen, según el Tribunal de Cuentas de la UE el AVE no es un instrumento de cohesión territorial europea, no se justifica su coste por los beneficios aportados ni en número de pasajeros ni en velocidad ni en tiempo, sino por intereses políticos que en ocasiones devienen interés económico particular. El propio Ministerio de Fomento admitió además que las obras de AVE incluían sobrecostes de imposible justificación.  El rechazo social existe. La pregunta es: AVE en la Rioja, ¿en beneficio de quién?, ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino?.

 

Ramon J. Moles

Profesor Titular de Derecho Administrativo

Anna G. Hom

Socióloga


La economía de los datos: un expolio y un oligopolio. El Pais Retina. 29.3.2018

Una consultora de estrategia electoral explotó datos de Facebook en apoyo de Trump con la colaboración de la red social, pero sin permiso de los usuarios. Alguien apuntó recientemente que lo grave no es el abuso de datos de millones de usuarios, sino el daño a la confianza de éstos en la llamada “economía de datos”.

Discrepo. Lo grave es el actual modelo de negocio basado en la explotación de datos de usuarios de redes. Lo grave es la opacidad de la “economía de datos” por la dejación de funciones de los poderes públicos partidarios de la desregulación, por un lado, y de la codicia desaforada de algunos “emprendedores digitales”, por el otro; emprendedores con principios parecidos a los del egocentrismo de un colono del Lejano Oeste. Así nos va.

Lo menos grave para mí es la crisis de Facebook. Tampoco el supuesto daño a la confianza en la “economía de datos”, que es un mal menor lógico. La red social viene sufriendo desgaste desde hace meses como consecuencia de su modelo de negocio basado en datos de terceros, aunque también desde hace años sufre crisis sucesivas por sus deficientes políticas de privacidad. Steve Jobs se lo advirtió a Zuckerberg en un acto público en 2008 y el problema reapareció en 2010 y en 2014. Por otra parte, la “economía de datos” no puede pretender ser “confiable” sin retribuir a quienes le facilitan su materia prima -los datos-. En palabras de un directivo alemán: “en cualquier negocio en el que el producto es gratis, el producto eres tú”. En este sentido, la “economía de datos” es hoy a la vez un expolio y un oligopolio. Expolio por cuanto dispone de algo ajeno sin contraprestación ni autorización consciente por parte de aquellos que actúan como indígenas que entregan sus tierras a los colonos a cambio de cuatro  cachivaches. Oligopolio porque quienes controlan el cotarro de verdad son muy pocos: los dueños de las Redes, que imponen sus normas sin someterse a control alguno.

A poco que uno se libere de la moda de la fe ciega en cacharrerias tecnológicas varias y sea capaz de reflexionar viendo la situación “desde fuera” concluirá rápidamente que el problema se reduce a unos pocos interrogantes muy básicos. Esencialmente, quién manda en Internet (cuál es su estructura y gobernanza y cómo de fiscalizable es), cómo se gana dinero en Internet (a base de comerciar con datos ajenos, aún sin permiso consciente de sus dueños), y finalmente, qué hacen nuestros gobernantes al respecto (cuál es el modelo regulatorio público de Internet). A mi humilde entender la respuesta a dichos interrogantes nos conduce inexorablemente a constatar que en las Redes mandan sus dueños, que son quienes ganan dinero con una materia prima gratuita (los datos), que se alimenta de la ingenuidad y del ego de los usuarios, y que nuestros gobernantes hacen al respecto mucho menos de lo que pueden y deberían.

 

Las soluciones no son muy difíciles de plantear. Es precisa una nueva gobernanza de Internet, en la que las autoridades protejan el interés público en las Redes (entre otros la privacidad de los usuarios). Es preciso un modelo de negocio en Internet que no se base en el expolio ajeno: si alguien quiere mis datos que me retribuya de un modo u otro. Finalmente, es indispensable una concienciación de los usuarios para transformar su egolatría ignorante en identidad crítica. No veo otro modo de generar confianza en la “economía de los datos” que el respeto a los usuarios, la transparencia, el equilibrio de prestaciones y el llamar a las cosas por su nombre.

 

No todo lo supuestamente “moderno” lo es. El expolio desenfrenado, el abuso de posición dominante, la opacidad de mercados, la regulación insuficiente, la desprotección del individuo, son fenómenos recurrentes. No, lo grave no es la pérdida de confianza porque ésta no puede ser ciega, tiene que estar en el “debe” de la contabilidad de los dueños de Internet. Nosotros, los ciudadanos, aspiramos a tenerla, pero queremos tenerla en nuestro “haber” contable. Sólo así la confianza en la “economía de datos” no será ciega, sino merecida.