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GUERRAS DE BULOS

La Vanguardia 18-11-2020

La reciente Orden Ministerial que publica las directrices de la UE contra la desinformación (campañas de difusión de bulos o noticias falsas) ha desatado una ola de protestas basadas en que se trata de un ataque a la libertad de expresión para crear un modelo de censura parecido al orwelliano “ministerio de la verdad”. Así, el PP exige la retirada de la Orden, pide la comparecencia de Carmen Calvo e Iván Redondo y solicita al Parlamento Europeo que intervenga en defensa de la “amenazada libertad de expresión” en España.

Trasladar una batalla política española de vuelo gallináceo a Europa sin otro motivo que el electoral es de una gran irresponsabilidad teniendo en cuenta el contexto de distribución de ayudas europeas en el marco de la COVID, además de una manifiesta ignorancia, puesto que la Orden es simplemente la transposición del Plan de Acción aprobado por el Consejo Europeo en diciembre del 2018. Incluso la propia Comisión Europea ha indicado que la norma no pone en riesgo la libertad de prensa.

Vayamos por partes. Una cosa es el derecho fundamental a la libertad de expresión constitucionalmente protegido y otra muy distinta intentar evitar las campañas de desinformación dirigidas directamente a dañar los intereses del país. Recuerden la campaña de prensa en Europa sobre los pepinos almerienses que supuestamente generaron intoxicaciones en Alemania o las campañas contra el sector turístico español (especialmente Baleares) antes y durante la COVID, las campañas antivacunas. Según el Eurobarómetro de 2018 el 88 % de los ciudadanos consideran que la desinformación es un problema y en 2020 el 66% afirma encontrarse con información falsa o que malinterpreta la realidad al menos una vez a la semana. Nada que ver con la libertad de expresión, es simplemente desinformación: información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público como por ejemplo amenazas a los procesos electorales democráticos o a bienes públicos como la salud, el medio ambiente o la seguridad, entre otros.

Y es que, contra lo que muchos opinaban hace años, Internet no es un espacio de libertades absolutas llamado a ser el paraíso de los que huyen de lo público. Internet es propiedad de sus dueños, que hacen y deshacen a su antojo, pero requiere de una regulación público-privada que garantice un marco operativo respetuoso con los derechos fundamentales.

La Orden no parece un sistema de censura sobre los medios de comunicación, aunque habrá que estar atentos, como siempre, para evitar que el poder caiga en la tentación de abusar de los mecanismos que tiene atribuidos: ello depende básicamente de la fortaleza de la sociedad civil (no muy boyante en España). Esencialmente lo publicado se refiere a cuestiones organizativas sin alusiones a la libertad de expresión (aunque ciertamente los ataques a derechos casi nunca son explícitos). Si algo evidencia la Orden es la dificultad de poner orden en un modelo burocrático de metástasis de órganos administrativos de difícil adaptación al modelo europeo (que en el fondo es de lo que se trata).

La lucha contra la desinformación ha de ser una prioridad para las sociedades democráticas que debiera haber sido abordada ya hace años. La irrupción de Internet no hizo más que redimensionar el problema hasta el punto de ubicarlo en el ámbito de las “redes antisociales”, esto es, las redes como medio para las guerras varias no militares (económicas, culturales…). El buenismo no es un arma útil en este contexto: los poderes públicos y la sociedad en su conjunto debemos tomar conciencia de la importancia estratégica de estar preparados ante estos eventos. Para ello es imprescindible poner orden en nuestro patio trasero (nuestra Administración) y para ello esta norma puede ser un primer punto de partida al que le debemos reclamar mayor ambición: mayor simplificación y amplitud incluyendo no sólo al sector privado, sino al resto de Administraciones Públicas (autonómicas, locales o corporativas como las Cámaras de Comercio y los Colegios profesionales, por ejemplo).

Es posible también apuntar dos elementos estructurales más: por una parte debemos intentar ser capaces de homologar nuestro funcionamiento en este campo lo máximo posible a Europa (lo que requiere mayor simplicidad organizativa, de la que estamos muy lejos aún) y por otra, en aras de garantizar la protección de los derechos fundamentales eventualmente implicados, ¿por qué no replicar el modelo de control judicial que asiste al Centro Nacional de Inteligencia, que cuenta con un magistrado del Tribunal Supremo adscrito para todo aquello que la protección de derechos fundamentales requiera?.

Ojo al dato: estas medidas no servirán de nada si no superamos la candidez de los usuarios de Internet que en el mejor de los casos ingenuamente replican bulos en las redes “antisociales”, y en el peor son agentes activos y voluntarios del fenómeno.

Ramon J. Moles Plaza

Profesor de Derecho Administrativo


La conflictiva desescalada. Anna Garcia Hom en TV3.

06/23/2020

La socióloga Anna García Hom, experta en la gestión del riesgo, cree que no se ha hecho bien la planificación e información a la población en la desescalada. Dice que se necesitan mensajes claros y cortos para todos, sin generar excepciones a la norma.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/la-conflictiva-desescalada-abans-de-sant-joan/video/6048976/


LA CRISIS DE NISSAN EN TV3. Els matins TV3. Entrevista en TV3.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/josep-m-vall-no-es-realista-nacionalitzar-la-nissan/video/6045931/

 


Desconfinamiento. Entrevista en “La ventana” Cadena Ser. 27 Abril 2020. minuto 9:30 hasta el 25:30

https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_laventana_20200427_160000_170000/


ENTREVISTA EN TV3. Efectos coronavirus en la sociedad y la economia

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/la-por-al-coronavirus-efectes-en-la-societat-i-leconomia/video/6034949/

 

12/03/2020

Hoy, jornada de pánico en las bolsas, también, con caídas muy fuertes, y medidas anunciadas tanto por parte del Banco Central Europeo como por el gobierno español. Nos lo explican Jordi Martínez y Francesc Serra, jefe de Economía de los informativos de TV3, y hablamos del miedo y el riesgo del coronavirus con los autores de “Manual del miedo”, la socióloga Anna García-Hom y el profesor de Derecho Administrativo Ramon-Jordi Moles.


Histeria ante el coronavirus: “La tecnología y las redes sociales nos han llevado a ser más miedosos”

El ser humano es el único animal con capacidad de tener miedo a las amenazas reales y también a las imaginadas. Es uno de los puntos de partida de ‘El manual del miedo’, un libro que está a punto de ver la luz y que recoge el trabajo de años de investigación de dos expertos en análisis y prevención de riesgos que nos han acompañado esta tarde en La Ventana: la socióloga Anna García Hom, y el profesor de Derecho Administrativo, Ramón Moles.

Ambos han destacado la desproporción entre el peligro real del coronavirus, una enfermedad conocida en su sintomatología y efectos -similar a una gripe- y el riesgo construido por la sociedad a la hora de percibirlo colectivamente. “En eso los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante y también los gestores políticos. Es lo que llamamos comunicación anticipatoria. Si quieres gestionar bien un escenario futuro plausible procura comunicarlo antes de que suceda y no después, porque si es después tendrás que ser reactivo e ir mirando el retrovisor. Si al inicio de la crisis, se hubiera lanzado el mensaje de que la propagación del virus fuera de Wuhan era posible e incluso probable, añadiendo los correspondientes mensajes de tranquilidad e información, la sociedad podría haber digerido ese escenario con más normalidad y quizá no estaríamos viendo ahora el regreso atolondrado de becarios desde Italia”, ha apuntado Ramón Moles.

¿Y cómo neutralizamos esos miedos infundados o exagerados? “Básicamente llamando a las cosas por su nombre, la contaminación es contaminación, no calidad del aire. La población merece una información del máximo rigor científico pero con la mayor claridad y transparencia posible”, ha añadido Anna García Hom. “Y eso exige también que a la hora de informarnos podamos acudir a las fuentes fiables, a los auténticos expertos, y no como está ocurriendo, llenemos nuestro hueco del miedo con el atajo fácil del bulo, de lo que nos cuenta el vecino, leyendo un tuit o un blog que carece de fundamento”.

Son las paradojas de una sociedad cada vez más “hipocondríaca y miedosa” fruto de la tecnología y las redes sociales y la capacidad de difusión sin control de las llamadas noticias falsas, apunta Moles.

‘El manual del miedo’ aborda también la necesidad de mejorar en prevención de la gestión del riesgo y de formar a la población desde la educación, además de dar una mayor participación a los comités científicos en la gestión de las crisis sanitarias o epidemiológicas. Pueden actuar de filtro para neutralizar debates sociales o políticos sin fundamento que sólo contribuyen al ruido y a la confusión pero que no ayudan.


Brexit con lengua. Infolibre. 5.2.2020

Finalmente se ha consumado la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Con ello la UE pasa de tener 28 miembros a tener 27, de los cuales solo dos (Irlanda y Malta) tienen el idioma inglés como idioma cooficial junto al irlandés y el maltés, que son sus idiomas oficiales principales: los otros 25 tienen como oficiales un total de 24 lenguas distintas al inglés.

Vaya por delante que el saber no ocupa lugar y que el dominio de idiomas es una capacidad meritoria, pero el Brexit debería suponer un cambio de estatus del inglés como idioma de trabajo en el ámbito comunitario. La cuestión no es baladí: el uso de uno u otro idioma es un instrumento de poder extremadamente poderoso. El hecho de no poder alegar desconocimiento de una lengua (es lo que la hace oficial), en la práctica se acompaña de usos de la misma que vienen prácticamente obligados por las circunstancias. Es lo que sucede con el inglés más allá de su oficialidad: si quieres prosperar en el mundo académico tienes que publicar en inglés, si quieres encontrar trabajo tienes que hablar inglés, si quieres saber como funciona un electrodoméstico mejor que leas las instrucciones en inglés. En la práctica se ha convertido en la “lengua franca”, impuesta por una situación de supremacía burocrático-cultural anglosajona que ha acompañado a la expansión del poderío de Estados Unidos, Reino Unido y otros países anglófonos. Si eres anglófono tienes una ventaja que va a hacer que sólo en algunas ocasiones se te exija que hables otros idiomas, si no lo eres da igual que seas políglota y hables varios idiomas distintos del inglés: el “mercado” te obliga a hablar inglés. No en vano Francia, consciente de ello, lanzó hace años sus políticas de francofonía para intentar contrarrestar esta “imposición”. Fíjense que no ha sucedido lo mismo con el castellano.

Pues bien, hoy el inglés ya no es el idioma oficial de un Estado miembro de la UE: sólo es el idioma cooficial de otros dos Estados miembros (Irlanda y Malta) con mucho menos peso geopolítico que el Reino Unido. Este hecho debiera tener como consecuencia, por un lado, la recuperación del peso específico de otros idiomas (castellano, francés, italiano o alemán), acorde con la consideración geopolítica de sus Estados y con el respeto al multilingüismo que declara la propia UE en el articulo 43 de su Carta de los Derechos Fundamentales.

Y por otro lado debiera considerarse que si los más de 60 idiomas “regionales y minoritarios” que cuentan con más de 40 millones de hablantes (como el catalán, el euskera, el frisón, el galés, el sami y el yidis) deben ser objeto de protección por cuanto no cuentan con estatus oficial suficientemente “estatalizado”, razón de más para resituar al inglés en el suyo justo y actual: el de un idioma cooficial de dos de los Estados de la Unión, y aún de escaso  peso demográfico, que pasará de ser hablado por el 13% de europeos a menos del 1%. Es por tanto una situación asimilable al catalán, que cuenta con muchos más hablantes que el irlandés. En otras palabras, si el inglés mantiene su estatus, el del catalán en la UE (que es idioma cooficial en parte de España) debiera ser equiparado.

De otro modo, parecerá que los Estados que todavía se mantienen en la UE han preparado una salida del reino Unido excesivamente cariñosa para el inglés, tal que un “Brexit con lengua”.


BASURA INCENDIARIA El Periódico, 10.1. 2020

La reciente “cima” del cambio climático convocada por la ONU en Madrid no es tal (no está en las alturas como cualquier otra “cima”), sino en lo más bajo posible (una profunda sima) si nos atenemos a los resultados de esta, más allá de sus funciones de altavoz mediático de distintos grupos de presión a favor o en contra de temáticas ambientalistas diversas.

Una vez más, no parece que la solución a cualquier problema de dimensiones planetarias vaya a ser un gran consenso mundial. Más bien todo apunta a que las grandes alteraciones del estatus mundial provendrán de cambios en las actitudes y comportamientos de las gentes a nivel individual y de pequeñas colectividades. Ello conlleva que la “solución climática” (ambiental) esté probablemente más en la gestión doméstica de nuestra vida diaria que en los fastos políticos y de lobbies. Para ello sería precisa una política de lo cercano, de lo posible, de lo individual.

Viene esto a cuento de la reciente noticia del incendio de una planta de residuos en Montornés del Vallès que contaminó el rio Besós perjudicando gravemente la recuperación de un ecosistema fluvial que empezaba a regenerarse con éxito. Este hecho coincidió casualmente con la “sima del clima” y con rimbombantes declaraciones políticas y publicitarias sobre las “bondades” de España y sus empresas en cuanto a la lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, a poco que busquen por Internet descubrirán que en la “España de las Maravillas” se han producido casi 300 incendios de plantas de reciclaje de residuos en tan sólo 8 años. Esta siniestralidad es muy extraña: ¿es que el sur de los Pirineos es más propenso a incendios casuales?, ¿nuestras instalaciones no tienen medidas de prevención de incendios? Ciertamente, demasiados incendios en plantas de reciclaje; y que lo sean por casualidad no es creíble. Más bien es altamente sospechoso: o el reciclaje de residuos no es negocio mientras que sí que lo es su recogida o, aún peor, lo es únicamente la subvención que pueda acompañarla. Mientras, archivamos la basura en contenedores de colores y la paseamos hasta los “ecoparques”. Nuestra cacareada vocación de economía circular (reaprovechar residuos) es en realidad una economía de trasvase de porquería. Y cuando ya no es negocio nos dedicamos al tráfico ilegal de residuos, cómo se vio el pasado septiembre en Indonesia, que en dos meses interceptó más de 2.000 contenedores de residuos procedentes entre otros, de España.

Ciertamente, el problema requiere soluciones sistemáticas y globales que rediseñen nuestro sistema productivo, pero también y sobre todo de un cambio de actitud individual, que, sumado a millones de cambios de actitudes, pueda servir para alterar la tendencia autodestructiva de nuestra economía depredadora basada en el consumo injustificado de todo tipo. Y esto afecta a nuestra coherencia individual y colectiva. Por ejemplo, a pesar de que el carbón es altamente contaminante, en España lo hemos subvencionado desde 1989 con más de 28.000 millones de euros y en Europa representaba en 2017 la cuarta parte de la producción eléctrica.

Mientras pretendemos dar lecciones ambientalistas a la humanidad entera resulta que, en este país, como en muchos otros, cuando la basura nos llega al cogote no la reciclamos, simplemente la quemamos. Y si el incendio se lleva por delante un bien común como puede ser un ecosistema fluvial ya vendrá el seguro a compensarlo. Y es que lo que se quema es mierda con denominación de origen: mierda de país.


Los ERE: peligro y riesgo de corrupción. Infolibre. 7.12.2019

La corrupción es una manera de gobernar, basada desde la transición política en una partitocracia que ha secuestrado la voluntad popular. Este sistema causa daños a nivel individual y colectivo a corto, medio y largo plazo. A nivel individual por cuanto nos perjudica a todos en cuanto contribuyentes en la medida en que sustrae al erario público recursos indispensables para las prestaciones sociales a quien realmente las precise. A nivel colectivo porque corrompe el modelo administrativo impidiendo una correcta toma de decisiones. Perjudica a corto plazo porque impide la correcta ejecución de los presupuestos públicos y falsea a la baja los tributos de los implicados. A medio plazo porque impide el diseño de políticas públicas y estrategias adecuadas. A largo plazo porque eleva a unos al cuento de la lechera y hunde a otros en una miseria inmerecida. Ejemplos de corrupción partitocrática en España hay muchísimos, demasiados, aunque dos, destacan por su volumen: la trama Gurtel del Partido Popular y el caso de los ERE andaluces de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE entre 1980 y 2018, que asciende a 680 millones de € y en el que están implicados también los sindicatos CCOO y UGT por malversación de 48 millones de €. En resumen, se trataba de desviar dinero público de los ERE legales hacia el bolsillo de familiares, amigos y militantes afines al partido en el gobierno, el PSOE-A.

Los daños que genera la corrupción pueden ser advertidos previamente mediante dos tipos de señales: señales de peligro y señales de riesgo. Señales de peligro son todas aquellas que advierten de un hecho dañoso que se producirá con toda seguridad porque tenemos experiencia previa de ello y conocemos perfectamente su causa. Son generalmente señales de la actuación de los sujetos. Es peligroso dejar que la estructura de la ejecución presupuestaria esté fuera de control (este hecho siempre ha redundado en problemas y fraudes), es peligroso concentrar la decisión sobre pagos de dinero público en pocas manos (la tentación vive ahí). Señales de riesgo son aquellas que nos advierten de daños de causalidad incierta, aunque de probabilidad constatada. Son señales relativas a la estructura de gobierno. Es arriesgado diseñar una Administración al servicio de los partidos políticos y no de los ciudadanos, también lo es dibujar un modelo “clientelar” de prestaciones sociales, como también lo es prolongar los mandatos políticos más allá de lo razonable (la dictadura franquista duró oficialmente 40 años, y aún pervive en el cromosoma español).

Responsables del fraude, en mayor o menor medida, son todos los implicados: los autores directos (personas físicas), también los partidos políticos que cuando menos lo toleraron, los beneficiarios injustificados de las ayudas (a nadie le amarga un dulce), incluso los votantes por no exigir responsabilidades. Y no será porque no existieran señales de peligro y riesgo: la Cámara de Cuentas de Andalucía, detectó en 2017 que había 2.988,6 millones de euros en subvenciones otorgadas pendientes de justificar y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), admite que se destinan más de 14 mil millones de euros en subvenciones públicas sin planificación, coordinación ni evaluación del gasto.

 

Así pues, las bases estructurales del sistema corrupto son: una opaca financiación de partidos, sindicatos y patronales, sistema electoral de listas cerradas, falta de transparencia real en la gestión pública y de los mercados, sistema judicial obsoleto y cargos públicos sin evaluación previa. A ello se suma la tolerancia social (25% de economía sumergida), la falta de instrumentos reales de control y el exceso de cargos de confianza en las administraciones públicas.

Si queremos arreglarlo habrá que prevenir los peligros de actuaciones individuales corruptas, pero sobre todo habrá que establecer modelos de Gobernanza del Riesgo de corrupción que permitan rediseñar nuestras Administraciones en clave de transparencia, equidad y eficiencia.


UNIVERSIDAD EN LOS CONFLICTOS. Eldiario.es 12.11.2019

 

Sorprenden las dinámicas de las universidades catalanas entorno a la situación que vivimos en Catalunya. La llamada “cultura de paz” ha hecho olvidar que el conflicto es consustancial al ser humano: incluso podemos tener “conflictos” con nosotros mismos, sin necesidad de otros. El hecho de discrepar es una diversidad que facilita nuestra evolución como especie. Otra cosa es cómo se canaliza y gestiona el conflicto. Sin gestión, el conflicto se enquista en subestimar al adversario y queda a merced de la fuerza, que sólo conduce al desgaste mutuo. Sorprende que miembros de la comunidad universitaria de quienes suponemos una formación de cierto nivel ignoren estas consideraciones para entrar al trapo de distintas confusiones de vuelo gallináceo.

La Universidad no se puede ubicar frente al conflicto cómo titulaba una colega en la prensa reciente: la universidad está en el conflicto. La universidad “es” sociedad, y cuándo el conflicto se manifiesta en lo social es lógico que esté en él. Sucedió contra la dictadura, contra el golpe de Estado del 23-F, con el 15-M, con la guerra de Irak, con el cambio climático…, y continuará. Los hechos que estamos viviendo han llevado a muchas instituciones (tanto de Catalunya como del resto del Estado) a posicionarse de manera más o menos explícita. En un país normal debiera ser normal que coexistan opiniones contrapuestas (incluso radicalmente, excluyendo la violencia) respecto a hechos tan relevantes como los acontecidos. Lo que no es normal en un país normal es que se pretenda que quien quiera no pueda manifestar públicamente una opinión -la que sea-. Tampoco es normal que se pretenda convocar una protesta estudiantil a la vez que se exigen medidas para facilitar el absentismo. Viene esto a cuento de dos sucesos recientes: la publicación de tres manifiestos universitarios y la convocatoria de una “huelga” indefinida de estudiantes.

El primero de los manifiestos recoge la opinión de los rectores de las universidades públicas catalanas ante la sentencia a los líderes independentistas manifestando su “profundo malestar por los encarcelamientos, que consideran un error, y afirmando que hay otras vías para afrontar la situación que vive Cataluña”. El segundo surge de los claustros de las siete universidades públicas catalanas y se manifiesta en los mismos términos, aunque añade “la exigencia de la puesta en libertad de estas personas, del sobreseimiento de todos los procesos penales y administrativos relacionados, y el retorno de las personas exiliadas. Además, apoya las movilizaciones cívicas y pacíficas, rechaza la represión del Estado español y la violencia policial e insta a investigar si la policía ha utilizado métodos prohibidos”. El tercero, firmado por varios centenares de profesores universitarios de toda España, es una carta abierta a los rectores de las universidades públicas catalanas que “muestra su radical desacuerdo con el contenido aberrante del manifiesto aprobado por los claustros y rechaza la legitimidad de los órganos de gobierno de las universidades para posicionarse políticamente, puesto que deberían ser neutrales”, y que ha recibido el apoyo -no neutral- del ministro en funciones Pedro Duque.

Los dos primeros se posicionan frente a unos hechos. El tercero no se posiciona directamente sobre los hechos y se centra en negar legitimidad a las universidades para tal posicionamiento al que considera “aberrante”. Veamos. Las universidades son administraciones públicas siendo sus rectores su máxima autoridad académica y de representación, a la vez que los claustros son su máximo órgano de representación de la comunidad universitaria. En este sentido no es posible negar a los órganos de una Administración Pública su capacidad para generar tanto actos administrativos -jurídicamente recurribles- como actos políticos o de gobierno -excluidos de tal posibilidad-, menos aún negar legitimidad para su adopción a órganos legalmente constituidos con sus debidos quórums y reglas para formar su voluntad. Negar esta evidencia es negar la capacidad administrativa para actuar. Otra cosa, absolutamente lícita, sería discrepar, y para ello es preciso acudir al foro correspondiente y participar, o, en otro caso, recurrir la decisión si ello es posible. Es falso que un órgano administrativo deba ser “neutral”, lo que debe ser es legal -actuar de acuerdo con la ley-, puesto que la “neutralidad” administrativa no existe en la medida en que conllevaría la inacción de las Administraciones, lo que sí sería condenable. Esto vale tanto para sus actos administrativos -nunca llueve a gusto de todos, y estos actos son revisables por los jueces-, como para sus actos políticos -la administración ejecuta legalmente la voluntad política de quien cuenta con la mayoría-. La “neutralidad” se manifestó con toda su crudeza en la frase atribuida al dictador Franco: “hagan como yo, no se metan en política”. No se puede mostrar la discrepancia generando confusión.

La convocatoria de la “huelga” de estudiantes tampoco llama a las cosas por su nombre. El derecho de huelga está reconocido por la Constitución a los trabajadores. ¿Tienen los estudiantes la condición de trabajadores? Como usuarios del servicio público universitario parece que no, como tampoco los pacientes de un hospital o los usuarios del transporte público. Luego la “huelga” de estudiantes no es tal: es una protesta, tan amplia -o no- como se quiera. Frente a esta protesta los rectores y rectoras tienen la obligación de gestionarla sin modificar las reglas del juego para no deslegitimar el modelo. Cambiar la evaluación continua por un examen único y “autorizar” el absentismo aun siendo la asistencia obligatoria es, por un lado, dar alas a un absentismo estructural que en algunas carreras supera el 50% y, por otro, deslegitimar el modelo Bolonia y su evaluación continua -costosa, compleja e infantil-, lo cual quizás no sea malo.