Archivo del Autor: Ramon Moles

Anemia española. Infolibre. 19.3.2018

La ciencia atribuye la anemia a que la sangre no transporta suficiente oxígeno al resto del cuerpo por falta de hierro suficiente para producir la hemoglobina, que es el vehículo para el transporte del mismo. Ello produce debilidad, mareos e irritabilidad.

No seré yo quien abone el tradicional discurso español cainita y catastrofista. Tenemos cosas muy buenas, otras no tanto y algunas muy malas. Entre las buenas y no tan buenas no está la calidad de nuestra gobernanza ni nuestro sistema político-administrativo. Justamente, a pesar de las apariencias, podría decirse sin faltar a la verdad que España está anémica: débil, mareada e irritable. Por otra parte, y tal como indicaba recientemente un artículo en la prensa diaria del catedrático de Derecho Administrativo Muñoz Machado, Catalunya está anómica, esto es, “faltada” de normas a causa de un proceso político mal planteado que, por razones diversas sobre las que unos y otros polemizan, augura un devenir incierto. Pues bien, entre muchos otros varios factores causales, a mi juicio no se puede entender esta anomia catalana sin la anemia española primera, puesto que ambos dos son desafortunados procesos que, de forma interesada, se están alimentando mutuamente.

Ciertamente, si en la anomia catalana es preocupante la “ausencia” de leyes, en la anemia española, lo es constatar la debilidad del sistema, el mareo político en su conjunto y la irritabilidad -por no decir mala educación en ocasiones- del clima político, tertuliano y opinador. Más aún, esta anemia es muestra, sobre todo, del agotamiento de la llamada “transición”, no sólo por la incapacidad de vislumbrar proyecto alguno capaz de generar entusiasmo y confianza, sino sobre todo constatando -contra lo que podía parecer hace cuarenta años-  que la dictadura se cerró en falso. A pesar de la interesada amnesia impuesta por un bipartidismo sofocante las consecuencias del golpe de Estado del 18 de Julio de 1936 llegan hasta hoy y requieren reparaciones, no sólo -por supuesto- a las víctimas de uno y otro lado, sino en las estructuras del Estado mismo. No es ya posible mirar a otro lado: la fachada anémica se cae a pedazos. Como recuerda el catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Nieto, la “organización del desgobierno” viene de lejos: la partitocracia se ha adueñado no sólo de nuestra democracia y de nuestras Administraciones Públicas, sino hasta del Poder Judicial y del mismísimo Tribunal Constitucional. Salvo honrosas y contadas excepciones las élites extractivas y los “políticos” sin otra profesión que la militancia ciega e interesada campan a sus anchas en la economía de los oligopolios del BOE, la corrupción rezuma por los poros del sistema, la baja competitividad y el empleo precario presiden una economía basada en el ladrillo y el turismo que hasta ahora ha sido receptora neta de fondos europeos. Mientras tanto, la brigada Aranzadi del alto funcionariado enfoca su miopía al uso partidista de la razón de Estado para imponer la idea de que sólo hay una forma de ser y sentirse español.

Aunque la crisis sociopolítica actual tiene dos actores principales, la anomia catalana y, también, la anemia española, que se benefician tapándose mutuamente las vergüenzas, no será extraño que en futuro próximo se amplíe el problema a otros territorios que irán constatando progresivamente no sólo la falta de proyecto político y territorial sino también la falta de respeto por la discrepancia.  En su carrera por el control del nacionalismo español en una España única tanto el PP como Ciudadanos, instalados en su credo único en el que no han sabido aún encontrar encaje a la idea de “las Españas”, abonan sin ambages un uso autoritario de los aparatos del Estado que causaría sonrojo en otros sistemas democráticos.

Así, mantener un Senado que cual cementerio de elefantes sirve sólo para garantizar el control territorial del bipartidismo o convertir al Tribunal Constitucional en órgano del Poder Judicial para que pueda “ejecutar lo juzgado” a pesar de que la Constitución establece claramente que no lo es, o generar desórdenes públicos dónde no los había o usar a los Tribunales para dirimir conflictos políticos aún a costa de un uso partidista del delito de rebelión, de la prisión preventiva y hasta del rigorismo del Código Penal para calmar al populismo revanchista da votos en una España del 155 que ya no es autonómica. No sólo ello no merece reproche alguno, ni tan sólo electoral; tampoco la corrupción sistémica del bipartidismo, ni la gestión de la crisis bancaria, ni la de los oligopolios empresariales con pérdidas a cargo del erario público, ni, en suma, la indolencia de un Gobierno del Estado en comunión plena con la ineficacia más descarada.

Ante todo ello, y con profundo pesar, quienes nos hemos dedicado durante años a la docencia del Derecho Administrativo, tendremos que disculparnos con las generaciones de alumnos a quienes hemos pretendido mostrar lo que hubiera podido ser el Estado Autonómico que no fue, para reconocer finalmente que ni la transición era lo que se dijo, ni la organización del desgobierno era “casual”, sino que todo ello es simplemente un decorado de cartón piedra que esconde, en fin, una anémica forma de vivir.

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Ojos que no ven en Internet. El Periódico de Catalunya. 8.01.2018

No es verdad que Internet sea territorio de libertad: es propiedad de grandes corporaciones que fijan las reglas del juego: cómo y a cambio de qué se accede a la Red. También nos pastorean cual rebaño los grandes operadores de contenidos y redes sociales (Google, Facebook…), que, sin pagar un duro, aprovechan la infraestructura para obtener ingentes beneficios. De ahí que su discurso sea el de “internet gratis para todos” (sobre todo para ellos) o, “por una Internet neutral” (no regulada por el sector público).

Ni Internet jamás ha sido gratis para el usuario (a las cuotas de acceso se suman otras por servicios), ni su funcionamiento libre de regulaciones (privadas, eso sí). A pesar de esto se alzan todavía voces ingenuas contra la regulación pública de Internet y en defensa de los “derechos individuales” de los usuarios en una campaña más de las que la derecha alternativa estadounidense (individualista y anarquizante anti-Estado) nos tiene acostumbrados.

Conviene una regulación pública de Internet para garantizar unas reglas del juego propias de un servicio público -que es lo que es la Red- similar al suministro de energía o telefónico. Estas reglas no pueden quedar en manos solamente de los operadores privados porque su lógica no es la del servicio, sino la del beneficio y ello, sin regulación, puede perjudicar el bienestar y el crecimiento económico equitativo de amplias capas de la población. Conviene también distinguir la regulación pública de Internet de la censura o del intervencionismo estatalista: la primera trata de las reglas del juego del sector, el segundo de la libertad de expresión y de otros derechos fundamentales, un problema que no se da sólo en Internet.

No hay más ciego que el que no quiere ver: si realmente queremos defender los derechos civiles en Internet por más que se pueda recelar del Estado necesitamos un modelo regulatorio público y un escrutinio ciudadano del funcionamiento de la Red que nos proteja de los abusos de los operadores dominantes.


NOTICIAS FRESCAS O CONGELADAS El Periódico digital 28.11.2017

Sucede con la información como con los alimentos: podemos consumirla “fresca” o “congelada”. Desde siempre las noticias “frescas” han sido las de factura reciente, las del día, aunque hoy, gracias a Internet, son tan frescas que incluso son simultáneas (en tiempo “real”). Antes, disponer de noticias congeladas obligaba a “tirar de archivo” escrito o fotográfico. Hasta aquí todo “normal”. Ahora bien: ¿qué diría usted si la carne o el pescado que le ofrecen congelado hubieran sido sacrificados hace años? Peor: ¿y si le ofrecen como producto fresco uno congelado hace mucho tiempo y descongelado recientemente para que parezca fresco? ¿Y si las noticias que usted recibe como recientes son en realidad hechos del pasado?

Es justo lo que sucede con la información que circula por las redes: es fácil toparnos con noticias “momificadas” que se presentan como de rabiosa actualidad. No se trata de noticias falsas, sino de noticias que fueron ciertas y hoy no lo son. Son noticias fuera de contexto que mezclan el presente con la memoria. Lo grave es que este fenómeno permite falsear el presente, no ya con noticias falsas, sino con noticias “caducadas” que fueron ciertas pero ya no lo son, estratégicamente situadas en las redes para que los buscadores de Internet nos las presenten como recientes. Esto es así porque el tiempo en Internet no es físico, sino construido. Esta técnica ha perjudicado a personajes públicos (el exministro Borrell en el caso Abengoa, cuya “noticia” anunciando su supuesta imputación circuló por Internet  tiempo después de su desmentido) y no públicos (particulares que fueron morosos y que aún aparecen como si lo fueran), también a colectividades (pueblos que han sufrido catástrofes imposibles de olvidar) y negocios (restaurantes castigados por la mala fama de tiempos pasados).

Evidentemente tenemos derecho a la memoria (histórica y física, faltaría más), pero también tenemos derecho al olvido, que es el derecho a la contextualización de la información para que no pueda ser malinterpretada o confundida. Para ello es preciso, por una parte, que la información en las redes sea contextualizada con indicación no sólo del momento a que se refiere sino también del momento en que fue publicada (de hecho muchas noticias indican su fecha de publicación). Por otra parte es vital que el usuario aprenda a contextualizar la información a efectos de poder formarse un juicio exacto de lo que se le transmite. Pero aún más definitiva sería la implicación de los gestores y administradores de redes autorregulando el mantenimiento de los repositorios informativos, cribando lo que es información reciente de la que debe estar en un archivo, obligando de este modo al usuario a tomar conciencia de que debe ir al archivo si quiere saber del pasado. Tan simple como poder discriminar entre el periódico del día, los periódicos atrasados o el repositorio de prensa de la biblioteca municipal -si existe-. O tan simple como distinguir  entre pescado fresco o congelado.


¿QUIÉN DIJO MIEDO? El Periodico digital. 24 de Agosto de 2017

Los atentados de Barcelona y Cambrils han generado una respuesta colectiva simbolizada en el eslogan “no tengo miedo” y el marco mental dominante culpa de tales fechorías al “terrorismo yihadista” como sinónimo de “fanatismo religioso” ¿Debemos tener miedo del fanatismo religioso? No estamos seguros de ello porque los perfiles de los terroristas varían, además de otros factores, también en cuanto a perfil religioso (desde sujetos muy practicantes a recién llegados). No parece pues este fanatismo la única causa eficiente, aunque sí que aparece como la justificación pública de tales delitos. Además, se puede ser fanático sin llegar a cometer actos de tales magnitudes.

 

Tampoco por cuanto el islam no es sólo una religión sino una forma de vida (el papel de un imam es más amplio que el de líder religioso), con lo que, de ser así, estaríamos ante una práctica rigurosa de una forma de vida, lo que es desmentido por las trayectorias vitales de muchos de los terroristas. Recordemos por ejemplo que el perfil de los de Barcelona y Cambrils se parece poco al de los de París, Niza, 11S u 11M: eran “chavales” de Ripoll “integrados”.

 

Si no es el fundamentalismo religioso, ¿cuál puede ser entonces una de las causas eficientes del llamado “terrorismo yihadista”? Apuntamos una hipótesis. En los casos analizados aparece un elemento común muy relevante: la manipulación de los sujetos –la mal llamada “radicalización”-. Manipulación, sí, porque no puede radicalizarse quien ni siquiera es practicante moderado. La manipulación no es un fenómeno nuevo: cualquier secta se beneficia de estas técnicas para captar adeptos, y este caso no es una excepción. Estas técnicas de “lavado de cerebro” se ceban en víctimas propiciatorias a las que progresivamente se aísla de su contexto y se les construye una realidad paralela en la que son los “elegidos” para actuar según las instrucciones de su captador o controlador.

 

Para que existan víctimas manipuladas con éxito a prestarse a cometer atentados es preciso un contexto propicio, con una fractura – aunque sea latente- social, familiar, económica, religiosa, que sirva para justificar el aislamiento progresivo del sujeto. Si internet pone las cosas fáciles al captador el contexto determina su éxito.

 

De ser cierto esto, deberíamos cambiar las estrategias de abordaje del problema: no es fanatismo religioso, es terrorismo sectario. Además de persistir en el buen trabajo de análisis de inteligencia y superar los meros estudios estadísticos, debemos conseguir la mayor adhesión posible por parte de las confesiones religiosas -especialmente la islámica- para desterrar la idea de la “guerra de religiones”, puesto que esta es la que beneficia a sectas como Daesh, a Al Quaeda y a sus filiales. Debemos replantear nuestro ascensor social desterrando la idea de “integración” y sustituirla por la de “aportación”. De no hacerlo aparecerán nuevos manipulados (quizás con otras banderas) que servirán de carne de cañón para generar de nuevo el miedo.

 

Anna Garcia Hom. Socióloga.

Ramon J. Moles. Jurista.

 


MATRICULAS DE HORROR EN ANDALUCÍA. el Diario.es 19.6.2017

La Junta de Andalucía, y todos los parlamentarios andaluces, han prometido a los estudiantes de las universidades andaluzas matrícula universitaria gratis para el mismo número de créditos que los aprobados en el curso anterior. En la práctica es una especie de matrícula de honor que se concede, no con un 10, sino con los aprobados “pelados” del curso completo.  Así, estas matrículas abandonan el honor académico para adentrarse en el “horror” presupuestario que me recuerda mucho al “cheque bebé” de Zapatero (unos 500 millones de euros) cuando su gobierno negaba la evidencia de una crisis galopante.

Horror presupuestario porque tiene un coste de entre 20 y 30 millones de euros  que saldrán de la Junta, no de las universidades. Ello supone, primero, que en el mejor de los casos las universidades cobrarán tarde y mal (la Junta les debe 278 millones de euros), y segundo, dudar de que la Junta pueda pagar 30 millones cuando aún debe 278. La pregunta del millón es: ¿por qué la Junta los destina precisamente a matrículas cuando existen necesidades estructurales más acuciantes? Sí, más acuciantes en la medida en que las plazas universitarias públicas ya están subvencionadas en gran medida (entre un 80% y un 90% del coste real), y sin embargo las universidades públicas sufren de altísima precariedad de medios y recursos humanos (congelación de proyectos de investigación, no reposición de profesorado…). No es razonable pensar que sean las matrículas gratuitas la necesidad prioritaria de las universidades; y ello por varias razones.

En primer lugar, porque no es fiable que la iniciativa haya salido improvisadamente de la chistera sin que lo pidieran ni las universidades ni estuviera en un programa electoral. En segundo lugar, porque la medida está falta de equidad. Veamos. No todos los estudios universitarios revisten la misma dificultad y, por tanto, no es equiparable aprobar todas las asignaturas de un Grado al de otro. La medida apoya pues al alumnado de los estudios con menos dificultades para aprobar. Por otro lado, no todos los que estudian tienen la posibilidad de hacerlo con la misma intensidad: quienes no tienen que trabajar y estudiar simultáneamente (razonable pensar que serán rentas más elevadas en general) pueden obtener mejores calificaciones y en consecuencia obtener la tasa gratuita. Resumiendo, la medida prima la matrícula gratuita para aquellos que disponiendo de rentas elevadas se matriculan en estudios de baja dificultad.

En tercer lugar, la medida induce a pensar que el servicio público de la educación superior es “gratis total”, cuando en realidad tiene un coste muy elevado que pagamos entre todos con nuestros impuestos. Pagan por tanto también aquellos que no acuden a la universidad y aquellas gentes sin estudios superiores. Este coste real es subvencionado en un porcentaje que oscila, como decía, entre el 80 y el 90% del total, con lo que el alumno paga sólo entre un 10 y un 20% del mismo. Alumno que, por cierto, a pesar de que las universidades están dimensionadas (también sus costes obviamente) para acoger a todos sus matriculados, en España se comporta con elevadas cifras de “absentismo”: simplemente no va a clase y después se presenta al examen. Paradoja: ofrecemos de forma casi-gratuita servicios públicos de educación superior de alto coste a personas que no los usan. Es la ruina. Y encima ahora se les ocurre  eliminar el “casi” para que sea gratis total y que la fiesta la paguemos todos los que contribuimos con nuestros impuestos.

El sentido común lleva a pensar que financiar la universidad es financiar todas sus misiones: docencia, investigación y transferencia de tecnología. Ahí es a dónde debe ir el dinero, si lo hay. En vez de este populismo trasnochado y cansino sería más equitativo establecer el precio del coste real de cada plaza y habilitar un crédito para cada estudiante con un tipo de interés progresivo en función de su renta: a más renta más interés. Este crédito, en un segundo paso, sería transformable en beca en función del aprovechamiento académico, lo que protegería a las rentas bajas dispuestas a estudiar de verdad. Esto igualaría las posibilidades de acceso, desincentivaría el absentismo e incentivaría el aprovechamiento. No acudir a clase saldría muy caro a los absentistas con o sin dinero, mientras que podría asistir a la universidad quién esté dispuesto a aprovecharla con independencia de su capacidad económica para alcanzar auténticas matrículas de honor.

 

 

 


RECTORS I RECTORES MÉS BEN ACOMPANYATS. Diari Ara. 9.6.2016

Sembla que revifa el debat sobre política universitària. Si no recordo malament el darrer sobre governança -al menys als mitjans- es va produir el  2010, quan els presidents dels Consells Socials de les universitats públiques catalanes va plantejar deixar el govern de la universitat en mans d’un profes­sional aliè a l’àmbit acadèmic nomenat pel Parlament. Ara, el ‘Llibre Blanc sobre educació” de la CEOE proposa que els empresaris participin en el disseny dels títols universitaris al costat del Ministeri i els Rectors i Rectores i reclama desgravacions fiscals per als qui optin per un centre privat a l’educació obligatòria. També recentment un economista català denunciava la solitud dels Rectors en reivindicar que s’augmenti la despesa universitària de la Generalitat, i es preguntava si realment la societat catalana considera aquesta despesa prioritària, més quan la competitivitat deriva de la innovació i la transferència de tecnologia, que requereixen -segons ell- d’una major inversió de la Generalitat. Més recent encara: a Andalusia prometen universitat gratuïta per als bons estudiants: altra cosa serà qui i com es paga.

Benvingut l’interès per participar en la millora de la universitat, sense perdre de vista que es cosa de tots. Aquesta participació ja es produeix en els Consells Socials, encara que sense gaire empenta a causa, a parer meu i entre d’altres, de la genètica corporativista que ofega la universitat pública, la patronal, els sindicats i les nostres institucions. No és la patronal, ni sindicats, ni quotes partidistes qui han de ser en la governança de la universitat: és la societat civil tota. Participar-hi vol dir aportar coneixement, recursos i influència en benefici de la funció social de la universitat (la “quarta missió”), però també de les altres tres: docència, recerca i transferència de tecnologia. Els països exitosos en política universitària ho són perquè les seves universitats són una prioritat del país, però també perquè els seus universitaris se saben obligats a connectar amb la realitat per tal de generar un cercle virtuós.

Les nostres universitats, en general, són encara lluny d’aplicar fórmules de governança eficients que re-connectin universitat i societat. Una prova més és la petició de la patronal. No és una bona idea que les titulacions universitàries les dissenyi ni el Ministeri, ni els Rectors i Rectores, ni, encara menys, els empresaris: les ha de dissenyar la Universitat. Això sí, ho ha de fer amb el focus posat en les seves funcions, entre les que no hi ha d’haver ni l’interès corporatiu injustificat, ni l’autobombo, ni la desconnexió amb la societat i la competitivitat del país. Del costat de l’empresa tampoc no es lícit esperar que l’esforç econòmic de les quatre missions de la Universitat recaigui únicament en el pressupost públic, i menys quan els resultats de la universitat afavoreixen directament el teixit empresarial. Cert és, però, que potser això no és percebut del tot. Per exemple, sorprèn  que la patronal reclami desgravacions fiscals per als qui optin per un centre privat a l’educació obligatòria, més quan els impostos suposadament pagats “de més” per algú que no ha emprat el sistema públic educatiu obligatori mentre es pagava el privat li són “retornats” al subjecte quan es matricula al sistema universitari “públic”, que és voluntari i altament subvencionat (a l’entorn del 80% del cost real). Si la petició patronal fos acceptada i els serveis públics entressin en un model de desgravació per “no ús” molts podríem reclamar la nostra part dels diners destinats a subvencionar la formació continua que no hem usat.

Més encara: malgrat que  la formació universitària ha de tenir una vessant professional innegable i que no seria acceptable -ni legal- que la Universitat renunciés a la seva funció de generació global de coneixement, cal reclamar també el suport de la societat i les empreses als estudis que s’anomenen falsament “no professionals”. Només cal veure la potència de les accions de suport, per exemple, de la societat civil anglesa, nord-americana o alemanya a tot tipus d’activitats universitàries per intuir que som encara molt lluny d’una situació normalitzada.

 

Certament els nostres Rectors i Rectores estan molt sols, encara més perquè podrien estar molt més ben acompanyats, sobretot si es prengués consciència  que la inversió en universitats i en transferència de tecnologia no és només cosa pública, també és responsabilitat privada -del conjunt de la societat- i de la pròpia Universitat, que esta obligada a generar riquesa i possiblement podria fer més per resultar atractiva a les empreses.


ES COMO PARA LLORAR. Infolibre. 8.6.2017

El reciente ataque informático del virus WannaCry, que parece haber afectado (al menos) a 150 países, ha hecho visible algo que, aunque apocalíptico, pasa desapercibido al usuario de a pie mientras que en el mundo de la ciberseguridad es cotidiano: la debilidad del sistema de redes conectadas a Internet. El alcance de este ataque, como con algunas enfermedades, probablemente es mayor al declarado y abre la puerta a un escenario de elevada complejidad: como si de una bomba de neutrones se tratara, la pesadilla puede paralizar hospitales, sistemas de transporte, de suministros de agua y energía, sistema bancario…. la vida actual, en suma, con la diferencia respecto de la bomba de que mantiene vivos a los humanos para que sufran.

Sin embargo, el ataque evidencia no tanto una debilidad estructural de la Red (relativamente robusta al no estar centralizado el sistema) sino más bien la debilidad del factor humano. La red es débil porque sus usuarios (personas físicas) lo son. La debilidad humana en este ámbito tiene que ver sobre todo con el uso de las redes sociales y con el comportamiento de los usuarios. La capacidad de expansión de un virus y de su penetración en un ordenador se vincula en una relación directa con la voluntad del usuario del terminal para recibir un mensaje electrónico en ignorancia de que ese mensaje incluye un virus malicioso. Nadie en su sano juicio dejará infectar su terminal (ordenador o teléfono móvil o tablet) conscientemente, como nadie, en general, decide infectarse conscientemente con bacterias o virus físicos dañinos. Para tener éxito los autores de los ataques con virus informáticos han de apelar en última instancia a elementos del factor humano que permitan que los destinatarios activen el virus a su recepción de manera voluntaria, aunque inconsciente. Estos elementos no tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con el “ego” de los usuarios, que abren mensajes en las redes que aparentan provenir de un compañero de trabajo o de un “amigo” en Internet (condición que nada tiene que ver con la amistad, sino con una simple conexión con desconocidos) activando así el virus. Tenemos ya un primer factor: la curiosidad desmedida que lleva a abrir mensajes de origen desconocido. En segundo lugar: la ansiedad injustificada por contar con seguidores sin siquiera saber quién son. En tercer lugar: el narcisismo del usuario que difunde y re-difunde mensajes sin saber ni de quien provienen ni que incluyen con el único objeto de “ser” alguien en la Red. En cuarto lugar: la ignorancia sobre el funcionamiento del sistema, que alimenta la ingenuidad de creer que “en Internet mando yo”. En quinto lugar: la inmediatez que genera la alta velocidad de la comunicación en Internet, que facilita la réplica sin dar tiempo a reflexionar ni sobre el contenido ni sobre la forma del mensaje. En resumen: la debilidad del usuario se refuerza con la alta dependencia que el uso de las redes genera, incrementando así la vulnerabilidad del sistema.

Si la dependencia de las redes reviste tal magnitud solo hay dos salidas: o bien disponer de planes de contingencia efectivos, capaces de restituir el funcionamiento con el menor daño y coste posible, o bien disminuir la dependencia de los usuarios respecto del modelo. Lo primero es muy caro y lo segundo casi imposible, porque Internet dejaría de ser negocio, a no ser que se apueste por un modelo de redes que nos devuelva al origen: una auténtica red, sin oligopolios, con usuarios conscientes, que sea capaz de restaurarse gracias precisamente a su estructura no centralizada ni jerarquizada, pero sobre todo “consciente”, esto es, con consciencia de lo que sucede.

Es así como, más allá de la visión militarista que propone crear “milicias de hackers informáticos” que defiendan militarmente el ciberespacio podría plantearse otra visión del problema, a mi juicio más cercana a la realidad del día a día: la de reforzar el factor humano en el uso de las redes, más incluso, reforzar la salud psicológica de los usuarios para dificultar la dependencia enfermiza de las redes que, como epidemia que es, facilita la expansión vírica en las mismas.

Lo que está claro es que gran parte de la dependencia de las redes tiene que ver con ese hedonismo dependiente de selfies, Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter y cualquier otra cosa que le sirva para acrecentar el ego. Ahí está gran parte del negocio, pero también de la desgracia, y, ojo, del potencial daño que un virus transmitido a través de estas plataformas puede producir. Por otro lado, la fabricación y difusión de virus informáticos viene a confirmar lo que llevamos pregonando de hace años: Internet no es un territorio de libertad dónde predomina el criterio del individuo sin someterse a estructuras burocráticas. Internet es de alguien y pertenece a sus propietarios, que imponen las reglas y usan sus armas, virus incluidos, que sirven también para incrementar el negocio de la ciberseguridad.

Bienvenidos a la realidad. Bienvenido WannaCry si pudiera servir para reconducir la epidemia de egolatría que late en las redes y, en tanto que virus, atacar con éxito la prolífica bacteria de la ignorancia, también en Internet. De lo contrario, es como para llorar.