¡SON MENORES MALTRATADOS! La Vanguardia. 31.1.2019.

El maltrato a menores existe. También el que causa la propia Administración. Sirvan de ejemplo los niños robados (en España unos 300.000, de los cuales unos 30.000 durante el franquismo), los tutelados por la Generalitat que han sido objeto de abusos sexuales por sus tutores (Castelldans 2013 y Tortosa 2016) , los declarados en desamparo y que la Generalitat sustrae de la familia sin supervisión judicial, los tutelados por la Generalitat de manera inadecuada (según el Síndic unos 600 del total de 7.000), o los no acompañados  que escapan a la tutela  de la Generalitat incurriendo incluso en delincuencia  de bajo perfil, para los cuales no existe política específica alguna.

En todos estos casos existe una situación de maltrato institucional por cuanto la Administración Pública es en estos casos ineficiente (abusos sexuales cuyos autores son seleccionados como cuidadores por la propia Generalitat como en el caso de Castelldans), poco preventiva (casos de menores no acompañados), actúa sin supervisión judicial (casos de desamparo), o incluso se adueña de las prestaciones que deberían recibir los menores a su cargo basándose en la Ley catalana 14/2010, de derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia, que  habilita un copago encubierto de un servicio que de hecho es gratuito.

Es precisa una toma de conciencia de la sociedad en su conjunto, pero también un golpe de timón a una actuación administrativa que requiere de medidas urgentes, como el despliegue efectivo de la figura del procurador del menor previsto en el artículo 118 de la Ley 14/2010, el sometimiento a control judicial efectivo de la actividad administrativa, sobre todo la relativa a sustracción de la tutela familiar, y la aplicación de principios administrativos como el de transparencia y acceso a documentación con objeto de facilitar el acceso de los interesados a los informes de la Administración que les afectan. Todo ello sin perjuicio de que los afectados puedan reclamar a la Administración, tanto las responsabilidades civiles o penales en que los funcionarios o instituciones implicadas hubieran podido incurrir, como el resarcimiento de los presuntos perjuicios causados por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que prevé la indemnización a quienes hayan sufrido un perjuicio injustificado como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración.


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