POR UNA POLÍTICA CIENTÍFICA PÚBLICO-PRIVADA. El Periódico de Catalunya Digital. 18.01.2017

No cabe duda de que se ha avanzado en investigación científica aunque queda todavía mucho por hacer y nuestra política sectorial presenta importantes limitaciones. Junto a algunos aspectos conocidos (como los recursos más que limitados) existe otro generalmente desapercibido: la escasa colaboración público-privada, de cuya eficiencia dependen aspectos clave del asunto como capital humano,  infraestructuras o comprensión pública de la ciencia…

Para ser competitivo un país debe invertir en capital humano (también en investigación). Para competir en la atracción de investigadores tenemos dos problemas: la visión funcionarial del sistema y la escasísima implicación del sector privado en estas políticas. Una investigación funcionarizada peca de rigidez y escasa competitividad y el sector privado  no dispone de una pista de aterrizaje adecuada para quienes optan por una carrera investigadora. Las políticas exitosas de recursos humanos en investigación no son funcionariales e incorporan factores públicos y privados en una gestión del ecosistema científico público-privado como un todo.

Para ser competitivo un país debe invertir en infraestructuras (también en investigación). Es inversión a largo plazo, priorizada, coordinada con todos los agentes del sistema y vinculada a la estrategia de país: no se puede ser especialista ni excelente en todo. Esta inversión debiera ser también dominio habitual del sector privado: no es razonable que las grandes inversiones recaigan principalmente en el sector público cuando, a la postre, se genera riqueza económica que a todos beneficia (sector privado incluido). La explicación que se ofrece es que la investigación básica no es atractiva para el sector privado. Desarrollemos pues estrategias que la hagan rentable: vinculemos más estrechamente la básica, la aplicada y la transferencia de tecnología; favorezcamos los consorcios público-privados, vinculemos subvenciones y créditos públicos a capitalización privada, favorezcamos estrategias de compra pública innovadora en línea con las propuestas de Bruselas.

Para ser competitivo un país debe disponer, también, de comprensión pública y de implicación social de la ciencia.  No es razonable que la visión  mediática de ciencia solamente incluya las experimentales o las de la vida (como las maratones televisivas), sin considerar que otras son imprescindibles para el bienestar (ingenierías, matemática, física, filosofía, economía, historia, derecho). En definitiva, ¿cómo van a valorar los ciudadanos la inversión en ciencia si ni la comprenden ni se hallan implicados?. Son precisas otras políticas comunicativas así cómo nuevas métricas del retorno de la inversión en ciencia más allá de los “papers” y de las revistas científicas. Todo proyecto científico debiera ir acompañado de una propuesta de impacto social para aclarar en qué y cómo va a mejorar la vida de los ciudadanos. En resumen, debería existir un modelo de control (auditoría) social del gasto en ciencia (hasta hoy inexistente), así como un modelo de participación social que la haga tangible al corpus social. Si la inversión en ciencia no puede justificar un retorno en lo social y en lo económico, más pronto que tarde será obvio que no seremos una potencia, sino más bien una colonia científica.

Nuestro presente dista mucho de estos objetivos, aunque existen excepciones exitosas (el Instituto Catalán de Fotónica por ejemplo) a un panorama decepcionante del que anoto sólo dos ejemplos. Uno. Mientras nos empeñamos en liderar la investigación en biotecnología y ciencias de la vida (nada que objetar, al contrario), nos olvidamos completamente, por ejemplo, de la investigación en un sector en el que somos líderes mundiales: el turismo. Dos. Mientras nuestras grandes infraestructuras de investigación son públicas, nuestras excelentes escuelas de negocios son privadas: ¿por qué no existen grandes instalaciones de investigación privadas y/o excelentes escuelas de negocios públicas? ¿No será que nuestras políticas públicas son todas “de coste”, mientras que las privadas son “de ingreso”?.

Una política científica de futuro debe consistir en una estrategia de país a largo plazo y excluida de la lucha partidista, que contemple una estrecha colaboración del sector público y privado para disponer de buenos investigadores en buenas instalaciones, al servicio de una sociedad comprensiva e implicada. No es ninguna novedad, no anuncio nada nuevo: países como Israel o Canadá  se basan en esquemas similares.

 

Ramon J. Moles Plaza

Profesor titular Derecho Administrativo

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