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GUERRAS DE BULOS

La Vanguardia 18-11-2020

La reciente Orden Ministerial que publica las directrices de la UE contra la desinformación (campañas de difusión de bulos o noticias falsas) ha desatado una ola de protestas basadas en que se trata de un ataque a la libertad de expresión para crear un modelo de censura parecido al orwelliano “ministerio de la verdad”. Así, el PP exige la retirada de la Orden, pide la comparecencia de Carmen Calvo e Iván Redondo y solicita al Parlamento Europeo que intervenga en defensa de la “amenazada libertad de expresión” en España.

Trasladar una batalla política española de vuelo gallináceo a Europa sin otro motivo que el electoral es de una gran irresponsabilidad teniendo en cuenta el contexto de distribución de ayudas europeas en el marco de la COVID, además de una manifiesta ignorancia, puesto que la Orden es simplemente la transposición del Plan de Acción aprobado por el Consejo Europeo en diciembre del 2018. Incluso la propia Comisión Europea ha indicado que la norma no pone en riesgo la libertad de prensa.

Vayamos por partes. Una cosa es el derecho fundamental a la libertad de expresión constitucionalmente protegido y otra muy distinta intentar evitar las campañas de desinformación dirigidas directamente a dañar los intereses del país. Recuerden la campaña de prensa en Europa sobre los pepinos almerienses que supuestamente generaron intoxicaciones en Alemania o las campañas contra el sector turístico español (especialmente Baleares) antes y durante la COVID, las campañas antivacunas. Según el Eurobarómetro de 2018 el 88 % de los ciudadanos consideran que la desinformación es un problema y en 2020 el 66% afirma encontrarse con información falsa o que malinterpreta la realidad al menos una vez a la semana. Nada que ver con la libertad de expresión, es simplemente desinformación: información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público como por ejemplo amenazas a los procesos electorales democráticos o a bienes públicos como la salud, el medio ambiente o la seguridad, entre otros.

Y es que, contra lo que muchos opinaban hace años, Internet no es un espacio de libertades absolutas llamado a ser el paraíso de los que huyen de lo público. Internet es propiedad de sus dueños, que hacen y deshacen a su antojo, pero requiere de una regulación público-privada que garantice un marco operativo respetuoso con los derechos fundamentales.

La Orden no parece un sistema de censura sobre los medios de comunicación, aunque habrá que estar atentos, como siempre, para evitar que el poder caiga en la tentación de abusar de los mecanismos que tiene atribuidos: ello depende básicamente de la fortaleza de la sociedad civil (no muy boyante en España). Esencialmente lo publicado se refiere a cuestiones organizativas sin alusiones a la libertad de expresión (aunque ciertamente los ataques a derechos casi nunca son explícitos). Si algo evidencia la Orden es la dificultad de poner orden en un modelo burocrático de metástasis de órganos administrativos de difícil adaptación al modelo europeo (que en el fondo es de lo que se trata).

La lucha contra la desinformación ha de ser una prioridad para las sociedades democráticas que debiera haber sido abordada ya hace años. La irrupción de Internet no hizo más que redimensionar el problema hasta el punto de ubicarlo en el ámbito de las “redes antisociales”, esto es, las redes como medio para las guerras varias no militares (económicas, culturales…). El buenismo no es un arma útil en este contexto: los poderes públicos y la sociedad en su conjunto debemos tomar conciencia de la importancia estratégica de estar preparados ante estos eventos. Para ello es imprescindible poner orden en nuestro patio trasero (nuestra Administración) y para ello esta norma puede ser un primer punto de partida al que le debemos reclamar mayor ambición: mayor simplificación y amplitud incluyendo no sólo al sector privado, sino al resto de Administraciones Públicas (autonómicas, locales o corporativas como las Cámaras de Comercio y los Colegios profesionales, por ejemplo).

Es posible también apuntar dos elementos estructurales más: por una parte debemos intentar ser capaces de homologar nuestro funcionamiento en este campo lo máximo posible a Europa (lo que requiere mayor simplicidad organizativa, de la que estamos muy lejos aún) y por otra, en aras de garantizar la protección de los derechos fundamentales eventualmente implicados, ¿por qué no replicar el modelo de control judicial que asiste al Centro Nacional de Inteligencia, que cuenta con un magistrado del Tribunal Supremo adscrito para todo aquello que la protección de derechos fundamentales requiera?.

Ojo al dato: estas medidas no servirán de nada si no superamos la candidez de los usuarios de Internet que en el mejor de los casos ingenuamente replican bulos en las redes “antisociales”, y en el peor son agentes activos y voluntarios del fenómeno.

Ramon J. Moles Plaza

Profesor de Derecho Administrativo