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TUPPERTRUMP

Y Trump dejó de tuitear sus mensajes envasados cual merienda en “tupper” para consumo inmediato. A raíz del asalto al Capitolio Twitter clausuró su cuenta por incitar a la violencia cuando había alcanzado los 88 millones de seguidores desde los 3 millones iniciales (cuando era candidato en 2015) y los 13 millones en 2016 al ganar la presidencia con 74 millones de votos. Twitter ha sido el mayor altavoz y uno de los mejores aliados de Trump para comunicar su “acción de gobierno”, presionar y castigar a sus opositores o directamente incitar la violencia. Trump ha sido un gran negocio para la plataforma si nos atenemos a sus millones de seguidores y las interacciones entre ellos que son la base del negocio de Twitter. En fin, una simbiosis muy provechosa para ambas partes hasta el pasado 6 de enero en que Trump instigó un golpe de estado que se saldó con la muerte de cinco personas (esto sí que es sedición) y un escenario altamente preocupante para la geopolítica mundial en la medida en que existen evidentes paralelismos con otros entornos (el populismo del Brexit, la Italia de Lampedusa, la Alemania del asalto al Reichstag el agosto pasado, la Francia de las algaradas de los chalecos, la España del cerco al Congreso en 2012 o la Catalunya de los asaltos al Parlament, sin ir más lejos).

Con el cierre de la cuenta de Trump se hace evidente algo notorio aunque no novedoso: si Twitter fuera una verdadera red social no podría cerrar ninguna cuenta porque, siendo una red, nadie -más que la red en sí misma- dispondría de autoridad para ello. Si Twitter puede cerrar una cuenta es porque no es una red social, sino un medio de comunicación propiedad de alguien que decide que en su negocio manda él y permite publicar o no aquello que él decide (como en los medios de toda la vida). Prueba de ello es que medios como Twitter o Facebook discriminan claramente sobre lo que dejan publicar o no. De lo contrario, ¿por qué no censuran chats de militares jubilados que proponen fusilar a la mitad de ciudadanos de este país? Si censuran a Trump es porque sus dueños consideran que es un árbol caído -si no claramente una amenaza-. Lo demás les es irrelevante: ni el Capitolio está en la Carrera de San Jerónimo ni les importa la guerra de “verdades alternativas” entre poderes de distintos colores mientras sirvan para incrementar su facturación.

Desde su aparición Twitter, Facebook, Instagram y demás han reclamado su condición de “redes sociales” (absolutamente subordinadas a sus usuarios, sin un “poder” central) y por lo tanto de “adalides” de la democracia más “libertaria”. Este ha sido el discurso de sus dueños, pero también de sus acólitos, arribistas empresariales, y de una intelectualidad advenediza que sucumbió a los “encantos” de los juguetes tecnológicos. En 2004 ya apunté en “Derecho y control en Internet” que las redes sociales no eran verdaderas redes sino meros medios de comunicación, y ello a pesar del numeroso coro de aduladores tecnológicos que clamaban a favor de la supuesta “tierra de libertad” que Internet suponía por su supuesta falta de control centralizado. Se llegó a teorizar sobre economía, cultura o sociedad “en red”. No siento haberme anticipado: hoy desgraciadamente asistimos a una economía de “plataformas” (la “gigeconomy”) que esclaviza a repartidores en bicicleta o que hunde a trabajadores autónomos o a empresarios turísticos en beneficio de grandes fondos que cotizan en bolsa. Y todo ello a pesar de las indudables ventajas tecnológicas de la digitalización en tiempos de pandemia, que nada tiene que ver con este aspecto de las “redes sociales”.

Las “redes sociales” no lo son. Son simples medios de comunicación camuflados: sus dueños controlan lo que se puede o no comunicar por parte de millones de “redactores” que no solo no cobran como los de los medios tradicionales, sino que pagan -sin saberlo- por comunicar. De este modo, los dueños de las redes pueden decidir quién comunica y quién no: Trump ya no puede a pesar de sus cuatro años de exabruptos golpistas tolerados por Twitter porque les generaba negocio. Seamos claros: en las “redes sociales” es exigible el mismo respeto a la libertad de expresión que en los otros medios de comunicación; el hecho de ubicarse en Internet no las dota de mayores libertades y sí de las mismas servidumbres. Ello es así hasta el punto de que si una red no es suficientemente grata se puede montar otra alternativa: ahí está en el caso de los “trumpistas” la red social alternativa “Parler”. Para que una “red social” lo fuera realmente debería reunir dos condiciones. Una: en lugar de normas impuestas por dueños con ánimo de lucro debería basarse en una autorregulación de sus usuarios al estilo de la Wikipedia. Dos: una regulación o control tutelado por parte de los poderes públicos en protección de las libertades e intereses públicos, igual como sucede en la realidad “analógica”, donde no es admisible fundar una asociación con fines criminales o para atentar contra las libertades. Si se pretende una sociedad libre y cívica debemos huir de las simplificaciones envasadas en Twitter cual ideas metidas en un tupper. Hay que huir del “tuppertrump”.

Ramon J. Moles

Profesor de Derecho Administrativo

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2021/01/19/tuppertrump_115328_2003.html


GUERRAS DE BULOS

La Vanguardia 18-11-2020

La reciente Orden Ministerial que publica las directrices de la UE contra la desinformación (campañas de difusión de bulos o noticias falsas) ha desatado una ola de protestas basadas en que se trata de un ataque a la libertad de expresión para crear un modelo de censura parecido al orwelliano “ministerio de la verdad”. Así, el PP exige la retirada de la Orden, pide la comparecencia de Carmen Calvo e Iván Redondo y solicita al Parlamento Europeo que intervenga en defensa de la “amenazada libertad de expresión” en España.

Trasladar una batalla política española de vuelo gallináceo a Europa sin otro motivo que el electoral es de una gran irresponsabilidad teniendo en cuenta el contexto de distribución de ayudas europeas en el marco de la COVID, además de una manifiesta ignorancia, puesto que la Orden es simplemente la transposición del Plan de Acción aprobado por el Consejo Europeo en diciembre del 2018. Incluso la propia Comisión Europea ha indicado que la norma no pone en riesgo la libertad de prensa.

Vayamos por partes. Una cosa es el derecho fundamental a la libertad de expresión constitucionalmente protegido y otra muy distinta intentar evitar las campañas de desinformación dirigidas directamente a dañar los intereses del país. Recuerden la campaña de prensa en Europa sobre los pepinos almerienses que supuestamente generaron intoxicaciones en Alemania o las campañas contra el sector turístico español (especialmente Baleares) antes y durante la COVID, las campañas antivacunas. Según el Eurobarómetro de 2018 el 88 % de los ciudadanos consideran que la desinformación es un problema y en 2020 el 66% afirma encontrarse con información falsa o que malinterpreta la realidad al menos una vez a la semana. Nada que ver con la libertad de expresión, es simplemente desinformación: información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público como por ejemplo amenazas a los procesos electorales democráticos o a bienes públicos como la salud, el medio ambiente o la seguridad, entre otros.

Y es que, contra lo que muchos opinaban hace años, Internet no es un espacio de libertades absolutas llamado a ser el paraíso de los que huyen de lo público. Internet es propiedad de sus dueños, que hacen y deshacen a su antojo, pero requiere de una regulación público-privada que garantice un marco operativo respetuoso con los derechos fundamentales.

La Orden no parece un sistema de censura sobre los medios de comunicación, aunque habrá que estar atentos, como siempre, para evitar que el poder caiga en la tentación de abusar de los mecanismos que tiene atribuidos: ello depende básicamente de la fortaleza de la sociedad civil (no muy boyante en España). Esencialmente lo publicado se refiere a cuestiones organizativas sin alusiones a la libertad de expresión (aunque ciertamente los ataques a derechos casi nunca son explícitos). Si algo evidencia la Orden es la dificultad de poner orden en un modelo burocrático de metástasis de órganos administrativos de difícil adaptación al modelo europeo (que en el fondo es de lo que se trata).

La lucha contra la desinformación ha de ser una prioridad para las sociedades democráticas que debiera haber sido abordada ya hace años. La irrupción de Internet no hizo más que redimensionar el problema hasta el punto de ubicarlo en el ámbito de las “redes antisociales”, esto es, las redes como medio para las guerras varias no militares (económicas, culturales…). El buenismo no es un arma útil en este contexto: los poderes públicos y la sociedad en su conjunto debemos tomar conciencia de la importancia estratégica de estar preparados ante estos eventos. Para ello es imprescindible poner orden en nuestro patio trasero (nuestra Administración) y para ello esta norma puede ser un primer punto de partida al que le debemos reclamar mayor ambición: mayor simplificación y amplitud incluyendo no sólo al sector privado, sino al resto de Administraciones Públicas (autonómicas, locales o corporativas como las Cámaras de Comercio y los Colegios profesionales, por ejemplo).

Es posible también apuntar dos elementos estructurales más: por una parte debemos intentar ser capaces de homologar nuestro funcionamiento en este campo lo máximo posible a Europa (lo que requiere mayor simplicidad organizativa, de la que estamos muy lejos aún) y por otra, en aras de garantizar la protección de los derechos fundamentales eventualmente implicados, ¿por qué no replicar el modelo de control judicial que asiste al Centro Nacional de Inteligencia, que cuenta con un magistrado del Tribunal Supremo adscrito para todo aquello que la protección de derechos fundamentales requiera?.

Ojo al dato: estas medidas no servirán de nada si no superamos la candidez de los usuarios de Internet que en el mejor de los casos ingenuamente replican bulos en las redes “antisociales”, y en el peor son agentes activos y voluntarios del fenómeno.

Ramon J. Moles Plaza

Profesor de Derecho Administrativo


Postverdad y des-engaño. El Periódico digital. 27.04.2017

El concepto de post-verdad no es nuevo, incluso es anterior a 2004, cuando se publicaron en Estados Unidos algunas obras relativas al mismo. En esencia significa que es posible conseguir que lo subjetivo (la emoción y las creencias del individuo) se imponga a la realidad objetiva cuando se trata de construir la opinión pública. Esto es, que la opinión pública se base más en sentimientos que en hechos objetivos. Podríamos pensar que se trata de una variante más de lo que se conoce como “desinformación” o incluso “propaganda” (en el sentido  peyorativo del término). Ciertamente, tienen en común una raíz (el engaño), aunque difieren en lo demás. El fenómeno, además, no es patrimonio exclusivo de las superpotencias, sino que en nuestro país disponemos también de magníficos ejemplos.

 

La post-verdad implica algunas diferencias respecto de la desinformación clásica. Veamos. Los sujetos objetivo de la desinformación eran individuos o grupos de individuos afectados por el engaño (caso clásico el de los analistas de inteligencia víctimas de acciones de desinformación del enemigo). En la post-verdad el objetivo es todo el “corpus” social, al que se apela para que “reinterprete” la realidad en base a sentimientos y en consecuencia que se comporte de tal o cual modo política o electoralmente basándose no en hechos objetivos sino en rumores o emociones.

 

El objeto de la post-verdad no es, como en la desinformación, la manipulación del canal y del contenido de la información, sino la alteración de las emociones de los destinatarios para obligarlos a actuar de modo distinto. Por otra parte, a diferencia de cuando Internet no existía, la tecnología hoy hace posible la existencia simultánea de multitud de canales y de redes de opinión que se replican continuamente confundiendo emisor y receptor en mensajes consumidos, reiterados y/o alterados, en intervalos de tiempo muy breves en los que pierden vigencia y “caducan”. Se trata de imponer rápidamente el mensaje más que de defender un argumento que lo aproxime a la “verdad”. La certeza del mensaje es además muy difícil de contrastar por la simultaneidad del mismo, distribuido globalmente con el aval de la “confianza” que la inmediatez genera. Así se mezcla cierto e incierto para dibujar la post-verdad que anidará en el ánimo -no en la razón- de los sujetos.

 

Algunos casos son recientes. Farage (líder británico antieuropeo) argumentó en la campaña en defensa del Brexit que los 350 millones de libras semanales que el Reino Unido dejaría de pagar a la UE serían destinados al sistema de salud británico (NHS). Según la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido, el pago neto del Reino Unido a la UE fue de 190 millones de libras semanales. Ganado el referéndum el mismo Farage se contradijo y lo negó, afirmando que era un argumento de campaña. Otro caso. Algunos de las post-verdades  de la campaña presidencial de Trump, que se refieren entre otros, a la supuesta criminalidad de los inmigrantes, a la construcción del muro con México que pagará el Gobierno mexicano, a la inexistencia del cambio climático, a las ventajas del proteccionismo comercial o de la eliminación del Medicare o a la cifra de asistentes a su toma de posesión (que fue “hinchada” por su oficina de prensa).

 

Estos ejemplos siguen el mismo patrón de otros casos anteriores en España como el naufragio del Prestige en 2002, el atentado de Atocha en 2004 o el accidente del metro de Valencia en 2006.  En el caso Prestige el Gobierno del Partido Popular minusvaloró el riesgo (los “hilillos de plastilina” del entonces ministro Rajoy, que según él no eran marea negra). En el caso de Atocha los atentados yihadistas fueron atribuidos por el Gobierno Aznar a ETA, y en el accidente del Metro de Valencia la versión oficial fue que la causa era un exceso de velocidad (no siendo cierto), llegando incluso a  contratar una consultora para fabricar una “verdad oficial”.

 

Todos estos hechos tienen en común una acción gubernamental que persigue la construcción de una post-verdad, una “verdad alternativa” a la real para que se imponga en el corpus social,  como en el caso del Brexit o de Trump. Lo curioso es que en nuestro caso las post-verdades construidas desde los gobiernos fueron desmentidas por la realidad misma dando lugar a sonoros des-engaños: los casos Prestige y Atocha son algunos de los factores que acabaron con la era Aznar, y el caso del Metro de Valencia con la era del PP en Valencia. Y es que para que la post-verdad surta efecto es preciso contar con destinatarios acríticos, ávidos de “verdades alternativas”, aborregados por la humillación de verse excluidos de los “éxitos del sistema”; destinatarios que devienen carne de populismo de uno u otro signo. De momento, al menos en nuestro país, algunas de estas post-verdades no consiguieron su objetivo, a diferencia de nuestros vecinos anglosajones sumidos aún en el engaño para salir de la UE.  Es así como para desmentir la post-verdad no hay más que facilitar el des-engaño.