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GUERRAS DE BULOS

La Vanguardia 18-11-2020

La reciente Orden Ministerial que publica las directrices de la UE contra la desinformación (campañas de difusión de bulos o noticias falsas) ha desatado una ola de protestas basadas en que se trata de un ataque a la libertad de expresión para crear un modelo de censura parecido al orwelliano “ministerio de la verdad”. Así, el PP exige la retirada de la Orden, pide la comparecencia de Carmen Calvo e Iván Redondo y solicita al Parlamento Europeo que intervenga en defensa de la “amenazada libertad de expresión” en España.

Trasladar una batalla política española de vuelo gallináceo a Europa sin otro motivo que el electoral es de una gran irresponsabilidad teniendo en cuenta el contexto de distribución de ayudas europeas en el marco de la COVID, además de una manifiesta ignorancia, puesto que la Orden es simplemente la transposición del Plan de Acción aprobado por el Consejo Europeo en diciembre del 2018. Incluso la propia Comisión Europea ha indicado que la norma no pone en riesgo la libertad de prensa.

Vayamos por partes. Una cosa es el derecho fundamental a la libertad de expresión constitucionalmente protegido y otra muy distinta intentar evitar las campañas de desinformación dirigidas directamente a dañar los intereses del país. Recuerden la campaña de prensa en Europa sobre los pepinos almerienses que supuestamente generaron intoxicaciones en Alemania o las campañas contra el sector turístico español (especialmente Baleares) antes y durante la COVID, las campañas antivacunas. Según el Eurobarómetro de 2018 el 88 % de los ciudadanos consideran que la desinformación es un problema y en 2020 el 66% afirma encontrarse con información falsa o que malinterpreta la realidad al menos una vez a la semana. Nada que ver con la libertad de expresión, es simplemente desinformación: información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público como por ejemplo amenazas a los procesos electorales democráticos o a bienes públicos como la salud, el medio ambiente o la seguridad, entre otros.

Y es que, contra lo que muchos opinaban hace años, Internet no es un espacio de libertades absolutas llamado a ser el paraíso de los que huyen de lo público. Internet es propiedad de sus dueños, que hacen y deshacen a su antojo, pero requiere de una regulación público-privada que garantice un marco operativo respetuoso con los derechos fundamentales.

La Orden no parece un sistema de censura sobre los medios de comunicación, aunque habrá que estar atentos, como siempre, para evitar que el poder caiga en la tentación de abusar de los mecanismos que tiene atribuidos: ello depende básicamente de la fortaleza de la sociedad civil (no muy boyante en España). Esencialmente lo publicado se refiere a cuestiones organizativas sin alusiones a la libertad de expresión (aunque ciertamente los ataques a derechos casi nunca son explícitos). Si algo evidencia la Orden es la dificultad de poner orden en un modelo burocrático de metástasis de órganos administrativos de difícil adaptación al modelo europeo (que en el fondo es de lo que se trata).

La lucha contra la desinformación ha de ser una prioridad para las sociedades democráticas que debiera haber sido abordada ya hace años. La irrupción de Internet no hizo más que redimensionar el problema hasta el punto de ubicarlo en el ámbito de las “redes antisociales”, esto es, las redes como medio para las guerras varias no militares (económicas, culturales…). El buenismo no es un arma útil en este contexto: los poderes públicos y la sociedad en su conjunto debemos tomar conciencia de la importancia estratégica de estar preparados ante estos eventos. Para ello es imprescindible poner orden en nuestro patio trasero (nuestra Administración) y para ello esta norma puede ser un primer punto de partida al que le debemos reclamar mayor ambición: mayor simplificación y amplitud incluyendo no sólo al sector privado, sino al resto de Administraciones Públicas (autonómicas, locales o corporativas como las Cámaras de Comercio y los Colegios profesionales, por ejemplo).

Es posible también apuntar dos elementos estructurales más: por una parte debemos intentar ser capaces de homologar nuestro funcionamiento en este campo lo máximo posible a Europa (lo que requiere mayor simplicidad organizativa, de la que estamos muy lejos aún) y por otra, en aras de garantizar la protección de los derechos fundamentales eventualmente implicados, ¿por qué no replicar el modelo de control judicial que asiste al Centro Nacional de Inteligencia, que cuenta con un magistrado del Tribunal Supremo adscrito para todo aquello que la protección de derechos fundamentales requiera?.

Ojo al dato: estas medidas no servirán de nada si no superamos la candidez de los usuarios de Internet que en el mejor de los casos ingenuamente replican bulos en las redes “antisociales”, y en el peor son agentes activos y voluntarios del fenómeno.

Ramon J. Moles Plaza

Profesor de Derecho Administrativo


Navegando con lobos. El Periódico. 15.10.2019

Los problemas regulatorios de Internet se van confirmando y ampliando. Recientemente Edward Snowden apuntaba que los gobiernos están delegando su autoridad a las grandes plataformas tecnológicas. Si en Internet impera la ley del más fuerte, del más rápido o del más astuto, ahora resulta que, además, el pastor (el Estado) ha encargado al lobo (las empresas tecnológicas) que cuide de las ovejas (nosotros).

 

Más de lo mismo. Lo Estados ceden sus funciones públicas de control, de prevención y de seguridad al sector privado por diversas razones, principalmente económicas (limitación de recursos), o tecnológicas (incapacidad administrativa para adaptarse al ritmo de las innovaciones). Es así como bajo regímenes de concesión o de autorización administrativa florecen Inspecciones Técnicas de Vehículos, empresas privadas de seguridad que vigilan instalaciones públicas o Entidades de acreditación, normalización o certificación técnica que imponen normas técnicas en los mercados. Ahora además los Estados ceden a las operadoras de Internet la autoridad para controlar Internet. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque las tecnologías de control, los repositorios de datos y las redes de comunicaciones son privadas, son de las operadoras. No existe una Internet pública. En segundo lugar, porque los Estados “democráticos” operan dentro de unos límites marcados por sus legislaciones de protección de datos y les resultaría de muy difícil justificación saltarse sus propias normas. Otra cosa muy distinta es que el autor del desaguisado sea un tercero -una empresa privada- que por sus características -potencial global y poderío tecnológico- no está sujeto ni a controles administrativos ni al escrutinio público que limita a los sujetos políticos. Obsérvese que entre las mayores economías del mundo figuran muchas que no son Estados sino grandes corporaciones que no se rigen por el Derecho Internacional, ni firman Tratados Internacionales.

 

A ello podemos añadir (Snowden lo apunta también), que el modelo democrático clásico no es ya suficiente garantía de protección de derechos en la medida en que las élites de los Estados y las de las grandes corporaciones de Internet coinciden en intereses y en políticas que acaban imponiendo a los ciudadanos. Y cuando no coinciden y se citan en los tribunales no es extraño que una gran compañía venza a un Estado, como recientemente ha sucedido en el Tribunal de Justicia de la UE, que ha dado la razón a Google frente al Estado francés en el litigio sobre la aplicación del “derecho al olvido”, con lo que los motores de búsqueda no están obligados a borrar información personal de los usuarios en la lista de resultados de todo el mundo, sino sólo en Europa. Es así como la masificación de la tecnología termina generando un “lumpen proletariado tecnológico” que, con la cesión de sus datos de navegación por las redes, sirve de materia prima para el enriquecimiento de las grandes tecnológicas: para ello es preciso laminar derechos sin que se note el efecto.

 

Si hasta ahora la Red era privada, ahora resulta que empieza a ser también “pública por delegación”. El problema es por tanto que ahora el gobierno de las redes es privado y público a la vez, aunque lo “público” sea únicamente la naturaleza de los sujetos que controlan y monitorizan por delegación. Continúa sin existir en Internet un control “público” que proteja los “intereses públicos” en el uso de tecnologías que son enteramente “privadas”. Esta asimetría privado-público justifica plenamente que la respuesta a la pregunta ¿quién gobierna Internet? sea: sujetos privados sin limitación pública. Esto conduce a otras preguntas con respuestas aún más inquietantes: ¿Para qué sirve Internet? ¿Como es su cadena de valor? ¿Como se gana dinero en Internet? El núcleo de las respuestas está en el dinero, y la fuente para generarlo son nuestros datos, que nos pertenecen a cada uno de nosotros y que cedemos ingenua y gratuitamente.

 

De aquí que el punto clave para reivindicar un control público del interés público en las Redes seamos los usuarios (nuestros datos), que somos el mineral con el que se alimenta la industria de los datos y de Internet. Únicamente nosotros podemos poner en cuestión la cadena de valor de este negocio y conseguir una redefinición del papel de lo público y de lo privado en las Redes, o, dicho de otro modo, redefinir el papel de la democracia a la luz de Internet. Aunque no seamos conscientes, en las Redes somos ovejas que estamos navegando con lobos.


El cascabel de Internet

La Vanguardia 4 de noviembre de 2014

Con frecuencia aparecen reflexiones sobre el control de Internet por los Estados en su lucha contra el terrorismo y sobre cómo garantizar que no se extralimiten perjudicando derechos fundamentales. La mayoría reclaman establecer límites (cascabeles) al control de Internet, lo que en la práctica se ha demostrado ineficaz precisamente por la dificultad de ponerle el cascabel al gato (los Estados).
A mi juicio el error viene de considerar que el control de Internet es una actividad más del Estado y que puede ser delimitada, como las otras, para proteger los derechos de los particulares. Pues bien, no es una actividad susceptible de limitación, sino más bien el intento de control de un espacio (el espacio digital); con un problema añadido: este espacio no se basa en el espacio de soberanía de los Estados, sino que trasciende sus fronteras. El espacio digital es el de la extraterritorialidad física. A diferencia del espacio físico en el que las fronteras son el límite del Estado no existen controles territoriales en el espacio digital que podamos delimitar para proteger derechos. No importa de qué tipo de Estados hablemos. Estados Unidos, Rusia, China o Alemania coinciden en algo para perpetuarse: en querer acumular el máximo de información posible sobre todo (economía, tecnología, big-data…) aunque para ello deban justificarse en razones de seguridad.
¿Qué hacer entonces? Acudir al origen del problema. El control de Internet es el control de su estructura, que es de hecho privada y consensuada. Quien controla la estructura de Internet (sus nodos de conexión, sus direcciones IP, su asignación de dominios) tiene la capacidad de controlar la actividad en el espacio digital. Para ello no podemos ni debemos acudir a leyes de los Estados (sólo válidas dentro de sus fronteras): debemos acudir a modelos de regulación privada, consensuada, que a su vez sean reconocidas por los propios Estados como normas de su propio ordenamiento jurídico. Es lo que denominamos la autorregulación regulada. Este modelo, que ya existe en muchos países en campos como la seguridad industrial, la calidad o el sector agroalimentario permitiría que alguien ajeno al sistema de control estatal pueda velar de modo independiente por el respeto de los límites establecidos, poniendo así el cascabel al gato.

Ramon J. Moles
Profesor universitario
Autor de “Derecho y control en Internet”.