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Los ERE: peligro y riesgo de corrupción. Infolibre. 7.12.2019

La corrupción es una manera de gobernar, basada desde la transición política en una partitocracia que ha secuestrado la voluntad popular. Este sistema causa daños a nivel individual y colectivo a corto, medio y largo plazo. A nivel individual por cuanto nos perjudica a todos en cuanto contribuyentes en la medida en que sustrae al erario público recursos indispensables para las prestaciones sociales a quien realmente las precise. A nivel colectivo porque corrompe el modelo administrativo impidiendo una correcta toma de decisiones. Perjudica a corto plazo porque impide la correcta ejecución de los presupuestos públicos y falsea a la baja los tributos de los implicados. A medio plazo porque impide el diseño de políticas públicas y estrategias adecuadas. A largo plazo porque eleva a unos al cuento de la lechera y hunde a otros en una miseria inmerecida. Ejemplos de corrupción partitocrática en España hay muchísimos, demasiados, aunque dos, destacan por su volumen: la trama Gurtel del Partido Popular y el caso de los ERE andaluces de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE entre 1980 y 2018, que asciende a 680 millones de € y en el que están implicados también los sindicatos CCOO y UGT por malversación de 48 millones de €. En resumen, se trataba de desviar dinero público de los ERE legales hacia el bolsillo de familiares, amigos y militantes afines al partido en el gobierno, el PSOE-A.

Los daños que genera la corrupción pueden ser advertidos previamente mediante dos tipos de señales: señales de peligro y señales de riesgo. Señales de peligro son todas aquellas que advierten de un hecho dañoso que se producirá con toda seguridad porque tenemos experiencia previa de ello y conocemos perfectamente su causa. Son generalmente señales de la actuación de los sujetos. Es peligroso dejar que la estructura de la ejecución presupuestaria esté fuera de control (este hecho siempre ha redundado en problemas y fraudes), es peligroso concentrar la decisión sobre pagos de dinero público en pocas manos (la tentación vive ahí). Señales de riesgo son aquellas que nos advierten de daños de causalidad incierta, aunque de probabilidad constatada. Son señales relativas a la estructura de gobierno. Es arriesgado diseñar una Administración al servicio de los partidos políticos y no de los ciudadanos, también lo es dibujar un modelo “clientelar” de prestaciones sociales, como también lo es prolongar los mandatos políticos más allá de lo razonable (la dictadura franquista duró oficialmente 40 años, y aún pervive en el cromosoma español).

Responsables del fraude, en mayor o menor medida, son todos los implicados: los autores directos (personas físicas), también los partidos políticos que cuando menos lo toleraron, los beneficiarios injustificados de las ayudas (a nadie le amarga un dulce), incluso los votantes por no exigir responsabilidades. Y no será porque no existieran señales de peligro y riesgo: la Cámara de Cuentas de Andalucía, detectó en 2017 que había 2.988,6 millones de euros en subvenciones otorgadas pendientes de justificar y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), admite que se destinan más de 14 mil millones de euros en subvenciones públicas sin planificación, coordinación ni evaluación del gasto.

 

Así pues, las bases estructurales del sistema corrupto son: una opaca financiación de partidos, sindicatos y patronales, sistema electoral de listas cerradas, falta de transparencia real en la gestión pública y de los mercados, sistema judicial obsoleto y cargos públicos sin evaluación previa. A ello se suma la tolerancia social (25% de economía sumergida), la falta de instrumentos reales de control y el exceso de cargos de confianza en las administraciones públicas.

Si queremos arreglarlo habrá que prevenir los peligros de actuaciones individuales corruptas, pero sobre todo habrá que establecer modelos de Gobernanza del Riesgo de corrupción que permitan rediseñar nuestras Administraciones en clave de transparencia, equidad y eficiencia.