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Los ERE: peligro y riesgo de corrupción. Infolibre. 7.12.2019

La corrupción es una manera de gobernar, basada desde la transición política en una partitocracia que ha secuestrado la voluntad popular. Este sistema causa daños a nivel individual y colectivo a corto, medio y largo plazo. A nivel individual por cuanto nos perjudica a todos en cuanto contribuyentes en la medida en que sustrae al erario público recursos indispensables para las prestaciones sociales a quien realmente las precise. A nivel colectivo porque corrompe el modelo administrativo impidiendo una correcta toma de decisiones. Perjudica a corto plazo porque impide la correcta ejecución de los presupuestos públicos y falsea a la baja los tributos de los implicados. A medio plazo porque impide el diseño de políticas públicas y estrategias adecuadas. A largo plazo porque eleva a unos al cuento de la lechera y hunde a otros en una miseria inmerecida. Ejemplos de corrupción partitocrática en España hay muchísimos, demasiados, aunque dos, destacan por su volumen: la trama Gurtel del Partido Popular y el caso de los ERE andaluces de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE entre 1980 y 2018, que asciende a 680 millones de € y en el que están implicados también los sindicatos CCOO y UGT por malversación de 48 millones de €. En resumen, se trataba de desviar dinero público de los ERE legales hacia el bolsillo de familiares, amigos y militantes afines al partido en el gobierno, el PSOE-A.

Los daños que genera la corrupción pueden ser advertidos previamente mediante dos tipos de señales: señales de peligro y señales de riesgo. Señales de peligro son todas aquellas que advierten de un hecho dañoso que se producirá con toda seguridad porque tenemos experiencia previa de ello y conocemos perfectamente su causa. Son generalmente señales de la actuación de los sujetos. Es peligroso dejar que la estructura de la ejecución presupuestaria esté fuera de control (este hecho siempre ha redundado en problemas y fraudes), es peligroso concentrar la decisión sobre pagos de dinero público en pocas manos (la tentación vive ahí). Señales de riesgo son aquellas que nos advierten de daños de causalidad incierta, aunque de probabilidad constatada. Son señales relativas a la estructura de gobierno. Es arriesgado diseñar una Administración al servicio de los partidos políticos y no de los ciudadanos, también lo es dibujar un modelo “clientelar” de prestaciones sociales, como también lo es prolongar los mandatos políticos más allá de lo razonable (la dictadura franquista duró oficialmente 40 años, y aún pervive en el cromosoma español).

Responsables del fraude, en mayor o menor medida, son todos los implicados: los autores directos (personas físicas), también los partidos políticos que cuando menos lo toleraron, los beneficiarios injustificados de las ayudas (a nadie le amarga un dulce), incluso los votantes por no exigir responsabilidades. Y no será porque no existieran señales de peligro y riesgo: la Cámara de Cuentas de Andalucía, detectó en 2017 que había 2.988,6 millones de euros en subvenciones otorgadas pendientes de justificar y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), admite que se destinan más de 14 mil millones de euros en subvenciones públicas sin planificación, coordinación ni evaluación del gasto.

 

Así pues, las bases estructurales del sistema corrupto son: una opaca financiación de partidos, sindicatos y patronales, sistema electoral de listas cerradas, falta de transparencia real en la gestión pública y de los mercados, sistema judicial obsoleto y cargos públicos sin evaluación previa. A ello se suma la tolerancia social (25% de economía sumergida), la falta de instrumentos reales de control y el exceso de cargos de confianza en las administraciones públicas.

Si queremos arreglarlo habrá que prevenir los peligros de actuaciones individuales corruptas, pero sobre todo habrá que establecer modelos de Gobernanza del Riesgo de corrupción que permitan rediseñar nuestras Administraciones en clave de transparencia, equidad y eficiencia.


MATRICULAS DE HORROR EN ANDALUCÍA. el Diario.es 19.6.2017

La Junta de Andalucía, y todos los parlamentarios andaluces, han prometido a los estudiantes de las universidades andaluzas matrícula universitaria gratis para el mismo número de créditos que los aprobados en el curso anterior. En la práctica es una especie de matrícula de honor que se concede, no con un 10, sino con los aprobados “pelados” del curso completo.  Así, estas matrículas abandonan el honor académico para adentrarse en el “horror” presupuestario que me recuerda mucho al “cheque bebé” de Zapatero (unos 500 millones de euros) cuando su gobierno negaba la evidencia de una crisis galopante.

Horror presupuestario porque tiene un coste de entre 20 y 30 millones de euros  que saldrán de la Junta, no de las universidades. Ello supone, primero, que en el mejor de los casos las universidades cobrarán tarde y mal (la Junta les debe 278 millones de euros), y segundo, dudar de que la Junta pueda pagar 30 millones cuando aún debe 278. La pregunta del millón es: ¿por qué la Junta los destina precisamente a matrículas cuando existen necesidades estructurales más acuciantes? Sí, más acuciantes en la medida en que las plazas universitarias públicas ya están subvencionadas en gran medida (entre un 80% y un 90% del coste real), y sin embargo las universidades públicas sufren de altísima precariedad de medios y recursos humanos (congelación de proyectos de investigación, no reposición de profesorado…). No es razonable pensar que sean las matrículas gratuitas la necesidad prioritaria de las universidades; y ello por varias razones.

En primer lugar, porque no es fiable que la iniciativa haya salido improvisadamente de la chistera sin que lo pidieran ni las universidades ni estuviera en un programa electoral. En segundo lugar, porque la medida está falta de equidad. Veamos. No todos los estudios universitarios revisten la misma dificultad y, por tanto, no es equiparable aprobar todas las asignaturas de un Grado al de otro. La medida apoya pues al alumnado de los estudios con menos dificultades para aprobar. Por otro lado, no todos los que estudian tienen la posibilidad de hacerlo con la misma intensidad: quienes no tienen que trabajar y estudiar simultáneamente (razonable pensar que serán rentas más elevadas en general) pueden obtener mejores calificaciones y en consecuencia obtener la tasa gratuita. Resumiendo, la medida prima la matrícula gratuita para aquellos que disponiendo de rentas elevadas se matriculan en estudios de baja dificultad.

En tercer lugar, la medida induce a pensar que el servicio público de la educación superior es “gratis total”, cuando en realidad tiene un coste muy elevado que pagamos entre todos con nuestros impuestos. Pagan por tanto también aquellos que no acuden a la universidad y aquellas gentes sin estudios superiores. Este coste real es subvencionado en un porcentaje que oscila, como decía, entre el 80 y el 90% del total, con lo que el alumno paga sólo entre un 10 y un 20% del mismo. Alumno que, por cierto, a pesar de que las universidades están dimensionadas (también sus costes obviamente) para acoger a todos sus matriculados, en España se comporta con elevadas cifras de “absentismo”: simplemente no va a clase y después se presenta al examen. Paradoja: ofrecemos de forma casi-gratuita servicios públicos de educación superior de alto coste a personas que no los usan. Es la ruina. Y encima ahora se les ocurre  eliminar el “casi” para que sea gratis total y que la fiesta la paguemos todos los que contribuimos con nuestros impuestos.

El sentido común lleva a pensar que financiar la universidad es financiar todas sus misiones: docencia, investigación y transferencia de tecnología. Ahí es a dónde debe ir el dinero, si lo hay. En vez de este populismo trasnochado y cansino sería más equitativo establecer el precio del coste real de cada plaza y habilitar un crédito para cada estudiante con un tipo de interés progresivo en función de su renta: a más renta más interés. Este crédito, en un segundo paso, sería transformable en beca en función del aprovechamiento académico, lo que protegería a las rentas bajas dispuestas a estudiar de verdad. Esto igualaría las posibilidades de acceso, desincentivaría el absentismo e incentivaría el aprovechamiento. No acudir a clase saldría muy caro a los absentistas con o sin dinero, mientras que podría asistir a la universidad quién esté dispuesto a aprovecharla con independencia de su capacidad económica para alcanzar auténticas matrículas de honor.