La Vanguardia 4 de noviembre de 2014

Con frecuencia aparecen reflexiones sobre el control de Internet por los Estados en su lucha contra el terrorismo y sobre cómo garantizar que no se extralimiten perjudicando derechos fundamentales. La mayoría reclaman establecer límites (cascabeles) al control de Internet, lo que en la práctica se ha demostrado ineficaz precisamente por la dificultad de ponerle el cascabel al gato (los Estados).
A mi juicio el error viene de considerar que el control de Internet es una actividad más del Estado y que puede ser delimitada, como las otras, para proteger los derechos de los particulares. Pues bien, no es una actividad susceptible de limitación, sino más bien el intento de control de un espacio (el espacio digital); con un problema añadido: este espacio no se basa en el espacio de soberanía de los Estados, sino que trasciende sus fronteras. El espacio digital es el de la extraterritorialidad física. A diferencia del espacio físico en el que las fronteras son el límite del Estado no existen controles territoriales en el espacio digital que podamos delimitar para proteger derechos. No importa de qué tipo de Estados hablemos. Estados Unidos, Rusia, China o Alemania coinciden en algo para perpetuarse: en querer acumular el máximo de información posible sobre todo (economía, tecnología, big-data…) aunque para ello deban justificarse en razones de seguridad.
¿Qué hacer entonces? Acudir al origen del problema. El control de Internet es el control de su estructura, que es de hecho privada y consensuada. Quien controla la estructura de Internet (sus nodos de conexión, sus direcciones IP, su asignación de dominios) tiene la capacidad de controlar la actividad en el espacio digital. Para ello no podemos ni debemos acudir a leyes de los Estados (sólo válidas dentro de sus fronteras): debemos acudir a modelos de regulación privada, consensuada, que a su vez sean reconocidas por los propios Estados como normas de su propio ordenamiento jurídico. Es lo que denominamos la autorregulación regulada. Este modelo, que ya existe en muchos países en campos como la seguridad industrial, la calidad o el sector agroalimentario permitiría que alguien ajeno al sistema de control estatal pueda velar de modo independiente por el respeto de los límites establecidos, poniendo así el cascabel al gato.

Ramon J. Moles
Profesor universitario
Autor de “Derecho y control en Internet”.