La Conferencia Episcopal Española (CEE) pide un «pacto de Estado» por la vivienda mientras llama «parche» a los decretos que el Congreso de los Diputados tumbó el 2 de octubre. Sin embargo, esta no es una petición desinteresada puesto que la Iglesia no es un mero espectador del problema de la vivienda: es uno de los mayores propietarios inmobiliarios del país, exento de IBI en buena parte de su patrimonio, y sin una pública rendición de cuentas del este.
Alquilar en España costaba de media 15,1 euros por metro cuadrado al cierre de septiembre de 2026, un 5,6% más que hace un año, según datos de portales inmobiliarios. Madrid marca 23,4 euros/m², Barcelona 20,1 y Palma 19,6. En 48 provincias el alquiler es hoy más caro que en 2025. La calle ha convertido el problema de la vivienda en el gran conflicto social del otoño. La acampada de Sol, las caceroladas y la manifestación de Madrid —entre 70.000 personas según la Delegación del Gobierno y 500.000 según el Sindicato de Inquilinas— tienen un rostro simbólico: Mari Carmen Abascal, de 87 años, cuyo desahucio dio nombre al llamado «decreto Maricarmen». Las propias entidades católicas de Valencia lo resumen así: tener empleo ya no garantiza una vivienda digna. A pesar de la presión pública el Congreso de los Diputados derogó el viernes 2 de octubre los dos reales decretos-ley de vivienda que el Gobierno había aprobado el martes anterior: uno suspendía provisionalmente los desahucios de personas vulnerables y el otro establecía una prórroga automática de 2 años, a petición del inquilino, de contratos que vencían antes del 31 de diciembre de 2028.
Ante todo esto la cúpula de la Iglesia católica en España se posicionó desde el primer momento. Según prensa publicada el 28 de septiembre el arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE, Luis Argüello, publicó un texto en redes sociales bajo el título, “Tres tipos de desahucios están de actualidad: vivienda, Ceuta y vientre materno” para, aprovechando la crisis de la vivienda, criticar el aborto (“es un desahucio de consecuencias irreversibles”), afirmando además del caso Maricarmen que el acuerdo social es «más emocional que moral» y denunciando su «manipulación ideológica». En la misma línea, el 1 de octubre el obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la CEE, César García Magán, calificó los decretos de «parche», pidiendo «un pacto de Estado» y advirtiendo de «algún episodio de violencia» en la acampada de Sol, una protesta que se desarrollaba de forma pacífica. El 2 de octubre, día de la votación. Argüello volvió a advertir que los decretos planteaban una «solución unilateral» que podría «complicar el problema».
El contraste con la base de la Iglesia es claro. Ese mismo día, Cáritas Diocesana de Valencia, la HOAC y otras entidades de Iglesia por el Trabajo Decente reclamaban en la prensa publicada «regulación de los precios del alquiler», más parque público y el «fin de la especulación», citando al propio papa León XIV. Es decir, justo lo que los decretos intentaban y lo contrario de lo que declara la cúpula eclesial. Es una clara incongruencia entre cúpula y base: lo que hace la Iglesia como institución (como cúpula) lo hace como propietaria. Lo que hace la base es ejercer su credo como pueblo de Dios. La cúpula de la Iglesia habla de vivienda como propietaria desde dentro del mercado, no desde fuera, como un recurso para ayudar al pueblo de Dios. Cuatro conductas de la cúpula de la Iglesia católica española publicadas en los medios lo muestran. Primera: las inmatriculaciones de fincas, por las que entre 1998 y 2015 registró a su nombre 34.961 bienes con una simple certificación eclesiástica; 14.947 no eran templos, sino «solares, viviendas, locales», según el informe del Gobierno enviado al Congreso en 2021. La Coordinadora Recuperando eleva la cifra a unos 100.000 bienes desde 1964. Segunda: las rentas ingresadas por la gestión de su patrimonio en 2025 según la propia Memoria de la CEE ascendieron a 168,3 millones de euros. Tercera: la Iglesia goza de importantes beneficios fiscales; buena parte de ese patrimonio no paga IBI. El catedrático Alejandro López Gutiérrez recuerda que casi todo el casco antiguo de Toledo es eclesiástico y exento, igual que decenas de miles de viviendas de sacerdotes. Finalmente, los desahucios instados en su propio patrimonio: sirva como ejemplo la Fundación Fusara, presidida por el arzobispo de Madrid, que vendió 13 edificios donados para ayudar a niños pobres a un fondo; sus inquilinos reciben ahora cartas de no renovación. O la Venerable Orden Tercera franciscana, con más de 300 viviendas en el centro de Madrid, que desahució en mayo a Mariano Ordaz, de 67 años, que hoy duerme en un albergue. El Arzobispado sostiene que Fusara no depende de él y que renovó su gestión en 2024.
Que la cúpula (la CEE) pida «altura de miras» a los partidos es legítimo. Hacerlo sin mirar la propia casa no lo es. Si los decretos eran un «parche», ni Argüello ni García Magán han detallado una sola aportación al pacto de Estado que reclaman. ¿Cuántas viviendas posee la Iglesia en España, y cuántas están vacías? No existe un inventario público. Europa Laica denuncia falta de transparencia en las cifras de la propia Memoria. ¿Por qué una entidad que exige un pacto nacional no ofrece su parque al alquiler social, ni renuncia a la exención del IBI en los inmuebles que no son de culto? ¿Por qué la crisis de la vivienda se convierte en pretexto para hablar del aborto, mientras el desahucio de una mujer de 87 años, y otros muchos, no entran en el orden del día episcopal? Hay que reconocer, sin embargo, la actitud de la base de la Iglesia: Cáritas, la HOAC y muchas parroquias sostienen a miles de familias sin techo y piden lo mismo que el movimiento de inquilinos. El problema no es la Iglesia de base, sino una cúpula que en el momento decisivo habló el idioma de quienes votaron no a la convalidación de los decretos porque como propietaria actúa como un tenedor más.
Todo casero tiene derecho a opinar sobre la ley de alquileres y a defender sus intereses. Lo que no puede el casero es hacerlo desde el púlpito, como si no tuviera nada más en juego. Cuando la CEE llama “parche” a una norma que frenaba desahucios, también habla una institución que cobra rentas, vende edificios donados y no paga IBI por buena parte de lo que posee. El sermón tendría otro peso si el casero predicara con el ejemplo. Bastarían tres gestos. Abrir los libros: un inventario público de sus viviendas, su uso y cuántas están vacías. Abrir las puertas: ceder al alquiler social, con ayuntamientos y Cáritas, los pisos sin uso pastoral. Pagar como cualquier propietario: renunciar a la exención del IBI en lo que no es culto y parar los desahucios en sus fundaciones y órdenes.
Los obispos hicieron suya la pregunta de León XIV sobre el caso Maricarmen: “¿Cuál es el problema en un sistema que permite este caso?”. Parte de la respuesta está en las propias escrituras (las sagradas y las de propiedad). Y esto nos recuerda lo que denunciaba Isaías y que también citaron los inquilinos de Fusara al Papa: “!Ay de los que juntan la casa terrenal con la casa sagrada¡”. Mientras que la Iglesia no mire ahí, en ambas escrituras, para actuar en consecuencia seguirá siendo lo que hoy es: un casero que da sermones.
Ramon-Jordi Moles Plaza
Jurista y analista
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