Categoría: Universidad y ciencia

Un estudio realizado en 2025 en la Universidad Autónoma de Barcelona manifiesta que el absentismo en sus aulas puede llegar al 40% del alumnado, aunque con diferencias entre asignaturas y contextos. Intuyo que el problema puede ser similar en casi todas las universidades públicas. Se atribuye principalmente al malestar personal de los estudiantes, su desconexión con los estudios, una vivencia desmotivadora y al hecho de ser una generación con una profesionalización débil. Más allá de estos factores les desmotivan también las clases magistrales y la falta de competencia del profesorado, que les inducen a una actitud pasiva y a apoyarse en los apuntes de otros compañeros para suplir su presencia, porque creen que pueden obtener ese conocimiento fuera del aula. En resumen, se ha instaurado la idea de que no es preciso asistir a clase para superar los estudios. El resultado de todo ello, en opinión del profesorado, es que se ha reducido significativamente el rendimiento de los alumnos y su motivación, lo que implica mayor riesgo de abandono de los estudios. Según la información publicada, ante este problema estructural la UAB no se plantea el absentismo “sólo como un problema, sino que asume este reto como una oportunidad para repensar y mejorar su acción educativa con un conjunto de líneas de acción para lograr una formación más motivadora, flexible y centrada en el estudiantado”. Para ello se pretende la promoción de un entorno universitario más conectado con el bienestar emocional del estudiantado.

Loable discurso si con ello mejora la calidad del resultado, esto es, la formación de los egresados universitarios. Además de la preocupación por el estado psíquico de los estudiantes echo en falta algunas consideraciones de carácter más estructural que vienen de lejos. En su ámbito educativo (más allá de la investigación y la transferencia de tecnología) el papel de la universidad no es sólo facilitar la inserción profesional de sus egresados, sino sobre todo formarlos en un sentido más amplio que la mera lógica del mercado laboral (también en un sentido cultural, cívico y humanístico). Para ello la presencialidad y la interacción profesor-alumno es un recurso para nada despreciable. En el desarrollo de sus funciones, las universidades públicas (me centro en las públicas porque las privadas se rigen por otra lógica) se han dotar de recursos suficientes (personal e infraestructura) para atender la demanda de todos aquellos ciudadanos que desean acceder a unos estudios superiores (que no son obligatorios, sino voluntarios), con independencia de su poder adquisitivo. Primer problema: se debe atender una demanda que, en la práctica, no es real. Hay que disponer de suficientes plazas para (caso de la UAB) un 40% de alumnos que, en algunos estudios, no van a usarlas. Esto tiene un coste. Segundo problema: estas plazas están financiadas con recursos públicos, de todos los ciudadanos, incluso de aquellos a quienes gustaría acceder pero que, por circunstancias diversas, no pueden. Tercer problema: existe un desajuste conceptual entre oferta y demanda. La oferta es de formación universitaria. La demanda es de títulos para el acceso al mercado de trabajo incluso por parte, a veces, de quienes adolecen del nivel académico requerido. Conclusión: estamos malgastando los recursos afectados a un 40% de plazas universitarias. Este derroche casa mal con el reiterado discurso de la insuficiencia de recursos de las universidades públicas, sobre todo a la luz de algunas consideraciones. 

Primera consideración: debería ajustarse oferta y demanda. A la universidad se va, en primer lugar, a estudiar; para obtener un título, sí; pero hay que ir, y para estudiar, a partir de haber acreditado unas capacidades mínimas. La universidad pública tiene que ser selectiva en el proceso de acceso (no en función de la capacidad económica, sino en función de la capacidad académica de los candidatos) porque los recursos son limitados. No puede ser que la selección consista en que prácticamente todos los candidatos accedan a este servicio público, aunque no tengan el nivel académico para ello. 

Segunda consideración: deberían ajustarse los costes. La matrícula en una universidad pública no cubre el coste total de la plaza, sino sólo un porcentaje mínimo.  O reducimos la oferta de plazas a la ocupación real, o incrementamos el precio de las matrículas para sufragar el coste real de las plazas existentes no ocupadas. No puede ser tan barato matricularse que te puedas permitir el lujo de no asistir a clase. No puede ser más barato matricularse en la universidad que en un jardín de infancia. 

Tercera consideración: a pesar del incremento de precios de las matrículas garanticemos el acceso a las plazas universitarias, con independencia de las capacidades económicas, a aquellos que realmente desean sacar provecho de este servicio público pagado con los impuestos de todos. Para ello, instauremos préstamos universitarios para sufragar el coste real de las matrículas de los estudiantes; préstamos que se reconviertan en becas (que no haya que devolver) a medida que el estudiante cumple con sus objetivos académicos. De este modo el absentismo universitario en las universidades públicas será un lujo que sólo los más ricos podrán asumir, eso sí, que pagarán con su dinero, no con el de todos.

Ramon-Jordi Moles Plaza

Ex secretario general de universidades de la Generalitat de Catalunya (2003-2006).

Infolibre 20.6.2025

Parece que la ortografía es irrelevante (o parcialmente irrelevante) a la hora de verificar que un estudiante dispone del nivel necesario para ingresar en la universidad. De hecho, se trata de un fenómeno mucho más amplio: a la irrelevancia de la ortografía podemos agregar la de la expresión oral y escrita, la de la comprensión lectora, la de capacidad de análisis o la del espíritu crítico. No se trata de mantener, cual abuelo cebolleta, que cualquier tiempo pasado fue mejor: las nuevas generaciones tienen algunas capacidades y habilidades que superan a sus predecesoras. Lo segundo no justifica lo primero: tener nuevas habilidades no justifica desdeñar ortografía, comprensión lectora y demás.

Si se pretende contar con ciudadanos culturalmente capaces, responsables y críticos no se puede obviar cuanto configura el universo racional de una persona. Hacerlo sería tanto como degradar la persona a la condición de mero sujeto de consumo acrítico, individuo adocenado ignorante de cuanto le rodea e incluso ignorante de su propia condición. El problema es que el sistema se ha orientado desde años en esta dirección: universidades más preocupadas por incrementar el número de matriculados de ingreso que por la calidad real de sus egresados, empresas obsesionadas en contar con titulados “útiles” más que con empleados “conscientes” de su contexto, estudiantes centrados en conseguir un puesto de trabajo a partir o de la “titulitis” imperante o de la compraventa de criptomonedas, padres y madres que consideran, aún hoy, que la universidad es un ascensor social.

La triste realidad es que en los últimos quince años la universidad que he vivido -y la que han vivido otros colegas también- se parece más a un jardín de infancia sobreprotector que trata con “clientes” que a un centro de generación compartida de conocimiento entre estudiantes y docentes. Obviamente hay excelentes excepciones, pero me refiero al depauperado panorama general. El debate generado por el hecho de querer penalizar los errores ortográficos no es más que otro de los muchos ejemplos que justifican la visión expuesta.

A pesar de la rectificación parcial final (los errores ortográficos sólo penalizan en algunas materias) los bandazos de la Administración de la Generalitat en este caso tampoco ayudan a establecer un marco de futuro muy halagüeño. Mientras tanto, pretenden llevarnos al huerto, dónde la “horto-grafía” pueda ser de utilidad.

Ramon-Jordi Moles Plaza

Jurista y analista. 

Cuando se trata de servicios públicos lo público y lo privado sólo son medios al servicio de la satisfacción del interés general. Hechos recientes contradicen esta idea. Las universidades Ramon Llull, Internacional y Abat Oliva han dejado de exigir las Pruebas de Aptitud Personal (PAP) para acceder a los grados de Educación con objeto de remontar las matrículas en caída libre desde la implantación de estas pruebas en 2014 por acuerdo de las 12 universidades catalanas. Unas PAP que se crearon para mejorar en todas las universidades catalanas el nivel de matemáticas y lenguas de los futuros profesores cuando se constató el bajo nivel de los candidatos a cursar estos estudios. Con un 40% aproximado de suspendidos, sólo las universidades públicas las mantienen mientras que estas tres privadas, al eliminarlas, han doblado la matrícula. No tengo claro que las PAP sirvan efectivamente para mejorar el nivel de los candidatos. Creo que el problema viene de lejos y va más lejos todavía: la crisis de un modelo educativo fracasado desde hace años y lastrado por intereses corporativos diversos que impiden que el tema salga de la agenda política para poder hallar una solución “de Estado”.

En otro orden de cosas, la UOC (de propiedad mayoritariamente privada) ha reclamado recientemente que sus profesores puedan acceder a los mismos planes de mejora laboral del profesorado de las públicas, o acceso a fondos públicos para investigación en igualdad de condiciones que las públicas. No les faltaría razón si nos centráramos en su función de servicio público en vez de en su personalidad jurídica pública o privada. Sus docentes no son funcionarios y su actividad investigadora debería tener igual condición que la de las públicas a efectos de recibir fondos europeos al efecto. Si esto debiera ser así, ¿por qué su profesorado se estructura en categorías “funcionariales” (catedráticos y demás)? ¿por qué burocratiza el proceso de aprobación de títulos como las públicas, o los precios de sus matrículas? ¿por qué es miembro de la Asociación Catalana de Universidades Públicas? Existen dos opciones: o que sea pública puesto que pretende este estatus, o que sea privada puesto que su propiedad mayoritaria lo es. La clave está en la procedencia de los fondos (incluyendo la deuda) que la sustentan: si son mayoritariamente privados o si son mayoritariamente públicos. Y así podríamos especular hasta el infinito: ¿Por qué no reciben también fondos públicos otras privadas como la Ramon Llull, la Internacional o Abat Oliva?. Y lo mismo valdría para la UVic. Este callejón sin salida nos conduce a constatar que se adoptó un estatus privado, distinto de las públicas, para huir del corsé de la ineficiencia burocrática, pero se reivindica el estatus público en aspectos convenientes a distintos intereses singulares (personal o financiación de la investigación).

La salida puede radicar en centrarnos en la función pública y no en el estatus jurídico público o privado de las universidades: una universidad debería ser ante todo una universidad. Como una empresa es una empresa o una fundación es una fundación. Sin embargo, en este país destacamos por confundir de manera interesada incluso la noche con el día, pero especialmente las universidades… y los clubs de fútbol. Me refiero al hecho de que ante todo una universidad, sea pública o privada, debiera cumplir la función para la que se crea, que según la vigente Ley es garantizar el servicio público de la educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. Del mismo modo que un club de fútbol debiera ser ante todo una entidad deportiva. Si después, insisto, después, reúne características mercantiles que incluso le permiten tener beneficios, será otra cosa, sin perder de vista sus funciones originarias paras las que fue creada la universidad… o el club de fútbol.

Sucede por estos andurriales que nada es lo que parece: si se pretende ganar dinero mediante la educación superior o el fútbol no pasa nada, es lícito, pero dígase. No es posible sin embargo que el objeto principal sea el lucro, no sólo el monetario, sino también -y a veces, sobre todo- en términos de influencia sociopolítica. Lo publiqué en 2006 en mi libro “Universidad SA”: nada que objetar al estatus privado de una universidad, siempre y cuando ejerza las tres funciones que la ley le exige. El problema viene del confusionismo entre público y privado, generado a posta por intereses que, con frecuencia, no se declaran públicamente y se mueven entre bambalinas. Una universidad es un caramelo demasiado zalamero en términos de poder como para rechazarlo. Alguna privada se creó para dar respuesta a demandas territoriales (cada campanario tiene derecho a una universidad), otra tecnológicas (la enseñanza no presencial, como si las públicas existentes allá por 1994 no pudieran prestar este servicio) y otras de visión del mundo (como si el credo fuera elemento esencial del servicio público de la educación superior). Ojo al dato, la función de servicio público de la educación superior compete tanto a las universidades públicas como a las privadas, por cuanto el “sistema universitario” descrito por la Ley incluye a todas, públicas y privadas.

Siendo esto así, que las universidades privadas también ejercen un servicio público, no es de recibo la eliminación de las PAP en algunas universidades. Y ello porque no debería suponer un criterio de admisibilidad a unos estudios la capacidad económica del aspirante, sino la preparación académica para cursarlos. Si una prueba de acceso de nivel supone un obstáculo para el acceso el problema está en la preparación académica de los candidatos, que no puede resolverse pagando, sino estudiando. Curiosamente las plazas de estas universidades que han eliminado las PAP y que estaban vacías se están ahora llenando a un precio 8 o 9 veces superior al de las públicas. El problema no es sólo de las universidades privadas. Y es que la financiación de las públicas también está vinculada al número de alumnos que ingresa y egresa en el periodo de tiempo de establecido: hay que captar muchos alumnos y evitar que repitan curso si se quiere mantener la financiación por estos conceptos. Mal asunto.

Sí es de recibo, en cambio, que todas las universidades (públicas y privadas) jueguen con las mismas reglas para la disposición de determinados fondos públicos y de capacidad de endeudamiento en la medida que todas prestan un mismo servicio público. Con distintas salvedades, entre ellas que su profesorado no se pueda someter a las “ventajas” de la burocratización funcionarial. En fin, llamemos de una vez a las cosas por su nombre.

Ramon-Jordi Moles Plaza

Jurista y analista.

La tremenda decepción que supone para los españoles repasar los datos del Informe PISA no cabe atribuirlos exclusivamente a efectos peregrinos. Obrar así ni siquiera sirve de consuelo. Hay razones de peso, y conviene ponerlas sobre el tapete para actuar en consecuencia. Veamos algunas.

En el horizonte inmediato se convoca en Cataluña una nueva tanda de oposiciones para cubrir plazas de profesorado, motivo que obliga a recordar quehace algunas semanas la Generalitat publicó los resultados de las anteriores oposiciones del proceso de estabilización de interinos docentes. En otras palabras, los exámenes convocados para dar plaza fija a quienes están impartiendo docencia en primaria y secundaria de modo “provisional”, aunque algunos lleven años en este limbo de temporalidad. En el ámbito de la Generalitat se cuentan unos 60.000 interinos de los que la mitad son docentes, lo que asciende a un 36% de la plantilla docente cuando la interinidad no debería suponer más de un 8%. Grave problema: es vergonzoso que las plantillas docentes deban funcionar con estas tasas de interinidad. Más vergonzoso aún -y altamente preocupante- es que uno de cada tres aspirantes haya suspendido. Y lo es porque, sorprendentemente, se trata de candidatos que llevan años ocupando sus plazas. Me temo que el problema es generalizado en toda España.

En otras palabras: maestros y profesores que llevan años ejerciendo su función docente no han sido capaces de aprobar un examen de ingreso a la función que están ejerciendo, a pesar de que esta oposición era menos exigente porque podían elegir entre varios temas y no tenían que realizar otros ejercicios que normalmente se requieren.

Pregunta obvia: ¿cómo puede ser que suspendan si llevan años de ejercicio? Más obvia todavía: ¿qué hacer con estos interinos? Voy aún más allá: ¿cómo es posible que personal que no puede acreditar la preparación suficiente esté ocupando interinamente una plaza que demanda unos conocimientos y capacidades a los que no alcanzan? Pongámonos en lo práctico: ¿Qué requisitos de acceso se exigieron en su día a estos hoy suspensos? ¿Quiénes han suspendido, van a continuar como interinos?

Parece obvio que los requisitos de acceso no fueron equivalentes a los de superar una prueba como la que han suspendido (de otro modo ahora habrían aprobado). Siendo esto así habría que preguntar a la Generalitat como narices se puede dotar una plantilla de docentes con gentes que, además de no acreditar su capacidad más allá de disponer de un título, demuestran su incapacidad suspendiendo un examen de ingreso a su medida. Parece también que va a haber una negociación con los sindicatos para garantizar que no sean despedidos “porque el sistema necesita todo este personal”, según se da por hecho en el sector; no sea que monten otra huelga.

Si bien no es ningún secreto que el fracaso escolar va en aumento y que los docentes, especialmente los de secundaria, están quemados, sí que parece un secreto todo lo que afecta al bajo nivel de formación de los docentes (al menos no genera el mismo debate social). Téngase en cuenta que “de aquellos polvos, estos lodos”: cuanto peor nivel de los docentes, peor formación de los alumnos. Se dirá que existen otros factores que afectan al nivel del alumnado (masificación de las aulas, falta de equipamientos, de apoyo institucional, el desencanto de los docentes, el entorno digital, la inmigración, los horarios, el régimen alimenticio o las fases lunares), pero este es fundamental: si un docente no da el nivel, sus alumnos difícilmente lo harán.

Para que un docente pueda acreditar un nivel adecuado a lo que se debería pretender es preciso establecer un marco normativo e institucional claro y estable: unos requisitos de acceso tan estrictos como se deba, un marco de actividad bien definido y un reconocimiento institucional coherente. En este país nos faltan los tres: las plantillas son interinas en porcentajes vergonzosos y sin acreditación de méritos suficientes para el acceso, la normativa sobre el modelo educativo y planes de estudios se ha alterado al ritmo de las mayorías parlamentarias y la función docente no goza del prestigio social e institucional que merecería (basta ver las notas de acceso a estudios universitarios del ramo). Añadiría el “secreto” al que me refería: el nivel de la formación universitaria de los futuros docentes que, visto lo visto, no parece la mejor y que va de la mano de “metodologías” en el aula que parecen más pensadas para la comodidad docente que para su éxito: “evaluaciones” que no son tal, proyectos que no se evalúan, “materiales” docentes virtuales…, por no citar la exagerada influencia de los intereses de los docentes sobre la combinatoria de los horarios ciudadanos: vacaciones, puentes, festivos, días de libre disposición, jornadas continuas y demás “conquistas” sindicales de los docentes que reposan sobre la paciencia infinita de unas familias que, salvo excepciones, llevan años haciendo objeción de su función educadora.

En fin, fracaso escolar, sí, resultado en buena medida de un previo fracaso académico. Mientras tanto, todos mirando a otro lado: nadie va a cuestionar la continuidad de los interinos suspendidos porque sería impopular política y sindicalmente, nadie va a cuestionar tampoco una selección de docentes que es más cuantitativa que cualitativa para que podamos reducir temporalmente la tasa de paro —y así nos va—. Fracasos, sí, curiosamente sin vergüenza de nadie.

Ramon-Jordi Moles Plaza. Jurista

El Pais Catalunya 26.9.2022

La Generalitat promueve el Grup Horitzó para fijar la hoja de ruta de la ciencia en Catalunya. El grupo está formado por personalidades relevantes de la investigación y la empresa. Un intento que se suma a muchos otros desde los 90 del pasado siglo con un denominador común: que las ciencias sociales brillan por su ausencia. Sin minusvalorar las enormes capacidades de este grupo, se echan en falta científicos sociales que puedan aportar conocimiento y experiencia al objetivo declarado. Incluso podrían incorporarse a los ausentes filósofos, sociólogos, psicólogos, juristas, historiadores o comunicólogos, otros profesionales como los creativos, los chefs, los artistas, o los empresarios.

Y ello por simple coherencia. La Consellera ha declarado que necesitamos un sistema de conocimiento fuerte para poder abordar cuestiones globales como el envejecimiento o el cambio climático. Para ello son imprescindibles las ciencias sociales. La pandemia no ha sido sólo sanitaria; lo es, todavía, económica, social, jurídica o psicológica, por ejemplo: así, la legitimidad del Procicat, de las limitaciones de derechos por confinamientos o la distribución de ayudas. Igualmente, cualquier vacuna, para ser eficaz, tiene que ser también adecuadamente patentada, fabricada, distribuida, almacenada y administrada, como también las muertes en residencias de ancianos durante la pandemia no son ajenas a un modelo social y empresarial de atención a los mayores poco respetuoso con sus derechos. La amplitud de problemas exige amplitud de miradas, que no se pueden limitar a la visión a través de un microscopio. Y que lo sean para mejorar la gestión global, no para canibalizar los recursos posibles para sus áreas de conocimiento o proyectos individuales o colectivos. Para que la empresa privada confíe en la comunidad científica esta debe ser más plural, más variada, y sobre todo más eficiente.

La ciencia no es sólo la de “bata blanca”. ¿Cuántas maratones de TV3 conocen que hayan dedicado ni un solo minuto a la actividad científica que no sea la de ciencias de la vida? ¿Podemos ignorar la investigación en campos como el turismo, el envejecimiento, o la gestión del riesgo? Si en algo somos potencia mundial es en turismo. Seamos sinceros: el dinero que genera el Mobile en Barcelona no deriva ni de la creación, ni de la producción de teléfonos; deriva del negocio hotelero y ferial. Sería congruente que nuestra potencia turística fuera congruente con una actividad investigadora en turismo. Sin embargo, destacamos en el sector por su precarización (recuerden las Kelis), escaso valor añadido (sol y playa), baja profesionalización del personal, y muy escasa investigación científica en este campo.

El Dr. Miquel Porta alertaba hace poco de que la ciencia no es algo puramente técnico, pues hay considerables intereses en juego: los de los científicos, de las instituciones, de los medios de comunicación o de sus financiadores. Son intereses económicos, pero también ideológicos o psicológicos. Si se quiere evitar los brindis al sol, a la profesionalidad del Grup habría que sumar otras si se pretende que sirva a nuestra realidad y nos aleje del cortoplacismo del recuento tacaño de los “dinerons” gastados en “ciencia”.

Ramon-Jordi Moles Plaza.