El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, abrió la asamblea de otoño de los obispos con el anuncio de que aprobará una nota con criterios para el voto. También lanzó una advertencia contra las «soflamas que polarizan la vida intelectual, social y mediática con fuertes implicaciones políticas» y contra las dialécticas de «amigo-enemigo, nosotros o ellos». Lo hizo, según sus propias palabras, «en plena campaña electoral». No ocurría en unas generales desde los tiempos de Rajoy.
Que los obispos opinen sobre política y quieran orientar el voto del 29 de noviembre no tiene nada de escandaloso. Están en su derecho. Tienen la misma libertad de expresión que cualquier ciudadano, y la Iglesia tiene derecho a defender sus convicciones en público. Pero quien entra en campaña deja de ser árbitro y pasa a ser parte, y debe aceptar el escrutinio que se exige a cualquier actor político. Lo que llama la atención es el envoltorio: se presenta como pacificador quien se dispone a intervenir en la campaña, y se denuncia la polarización desde una voz que ha contribuido a ella.
El pasado mes de julio, el mismo Argüello afirmó en Madrid que «cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones, y a las pruebas me remito», en plena tormenta de casos de corrupción que afectaban al Gobierno. Al día siguiente, tras la protesta del ministro de la Presidencia, explicó que citaba a san Agustín y a Benedicto XVI, que no se refería al Gobierno sino al Estado, «incluyendo a los ciudadanos», y que no había elegido bien las palabras. En mayo, en un desayuno informativo con dirigentes de Vox en la mesa presidencial, había asegurado que «de posturas irreconciliables, en principio, no las hay con nadie».
No discuto que el presidente de los obispos tenga derecho a decir una cosa y su contraria. Tampoco que, en materia de inmigración, la Conferencia Episcopal haya mantenido una posición valiente frente a quienes predican la «prioridad nacional»: «la dignidad humana no tiene pasaporte», recordó también recientemente. Discuto otra cosa. Quien reparte etiquetas de «banda de ladrones» no está en condiciones de dar lecciones sobre soflamas.
Los obispos no intervienen en la campaña como una asociación cualquiera. Lo hacen como representantes de una institución con un estatuto singular, diseñado antes de que existiera la democracia y blindado después. Los Acuerdos con la Santa Sede se firmaron el 3 de enero de 1979, apenas unos días después de que entrara en vigor la Constitución, y se negociaron durante los años en que se pactaba la Transición. Fueron una de esas piezas que se dejaron atadas antes de que nadie pudiera votarlas, y que ningún gobierno, de ningún color, se ha atrevido a revisar.
De esos acuerdos derivan privilegios que cualquier otro actor político envidiaría. La Iglesia recibe una parte del IRPF de quienes marcan su casilla: en la última liquidación conocida, más de 429 millones de euros, la cifra más alta de su historia, aunque cada vez menos contribuyentes la marquen. Disfruta de exenciones fiscales garantizadas por un tratado internacional, no por una ley que el Parlamento pueda cambiar cuando quiera. Y durante años pudo inscribir bienes en el Registro de la Propiedad con una simple certificación de su obispo, como si fuera un notario o una administración pública. Así se inmatricularon, entre 1998 y 2015, casi 35.000 bienes, según el listado que el Gobierno remitió al Congreso en 2021. La propia Iglesia admitió después que alrededor de un millar no eran suyos.
A esto se suma la cuestión que más debería pesar en cualquier lección de moral pública. El Defensor del Pueblo estimó en 2023 que cientos de miles de personas sufrieron abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Hasta enero de este año no se acordó con el Gobierno un sistema para reparar a las víctimas cuyos casos ya no pueden llegar a los tribunales. Llegó tarde, después de años de resistencia, y gracias a la presión de las víctimas y no a la iniciativa de la institución.
Si los obispos quieren orientar el voto, que lo hagan. Pero que lo hagan sin ambigüedades: que digan con claridad qué programas consideran compatibles con sus criterios y cuáles no, en lugar de recurrir a fórmulas que todos saben leer y nadie puede reprochar. Que se retraten. Y que acepten las consecuencias de hacerlo.
La primera es la coherencia. Quien entra en campaña no puede denunciar al mismo tiempo la polarización de los demás. La segunda es la transparencia. Un actor político que recibe más de 400 millones de euros a través de un impuesto debería rendir cuentas de su uso con el mismo detalle que se exige a un partido o a cualquier entidad que recibe fondos públicos, ante el Tribunal de Cuentas y no solo mediante las memorias que ella misma publica. La tercera es la más incómoda: si la Iglesia quiere participar en el debate electoral como una parte más, resulta difícil seguir defendiendo un estatuto pactado precisamente para situarla por encima de las partes.
No se trata de una cuestión de fe, sino de diseño institucional. Una democracia madura no teme que los obispos opinen. Teme, o debería temer, que una institución con privilegios heredados de un tiempo sin urnas intervenga en ellas sin someterse a las reglas que obligan a los demás. Los Acuerdos de 1979 llevan casi cincuenta años sin revisarse. Quizá esta campaña sea un buen momento para preguntar a los partidos qué piensan hacer con ellos. A todos. Que también se retraten.
Ramon-Jordi Moles Plaza. Jurista y analista.
Publicado en infoLibre el 19 de noviembre de 2026. Más artículos sobre esta cuestión en Instituciones que no responden.