Categoría: Instituciones y corrupción

La Conferencia Episcopal Española (CEE) pide un «pacto de Estado» por la vivienda mientras llama «parche» a los decretos que el Congreso de los Diputados tumbó el 2 de octubre. Sin embargo, esta no es una petición desinteresada puesto que la Iglesia no es un mero espectador del problema de la vivienda: es uno de los mayores propietarios inmobiliarios del país, exento de IBI en buena parte de su patrimonio, y sin una pública rendición de cuentas del este.

Alquilar en España costaba de media 15,1 euros por metro cuadrado al cierre de septiembre de 2026, un 5,6% más que hace un año, según datos de portales inmobiliarios. Madrid marca 23,4 euros/m², Barcelona 20,1 y Palma 19,6. En 48 provincias el alquiler es hoy más caro que en 2025. La calle ha convertido el problema de la vivienda en el gran conflicto social del otoño. La acampada de Sol, las caceroladas y la manifestación de Madrid —entre 70.000 personas según la Delegación del Gobierno y 500.000 según el Sindicato de Inquilinas— tienen un rostro simbólico: Mari Carmen Abascal, de 87 años, cuyo desahucio dio nombre al llamado «decreto Maricarmen». Las propias entidades católicas de Valencia lo resumen así: tener empleo ya no garantiza una vivienda digna. A pesar de la presión pública el Congreso de los Diputados derogó el viernes 2 de octubre los dos reales decretos-ley de vivienda que el Gobierno había aprobado el martes anterior: uno suspendía provisionalmente los desahucios de personas vulnerables y el otro establecía una prórroga automática de 2 años, a petición del inquilino, de contratos que vencían antes del 31 de diciembre de 2028.

Ante todo esto la cúpula de la Iglesia católica en España se posicionó desde el primer momento. Según prensa publicada el 28 de septiembre el arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE, Luis Argüello, publicó un texto en redes sociales bajo el título, “Tres tipos de desahucios están de actualidad: vivienda, Ceuta y vientre materno” para, aprovechando la crisis de la vivienda, criticar el aborto (“es un desahucio de consecuencias irreversibles”), afirmando además del caso Maricarmen que el acuerdo social es «más emocional que moral» y denunciando su «manipulación ideológica». En la misma línea, el 1 de octubre el obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la CEE, César García Magán, calificó los decretos de «parche», pidiendo «un pacto de Estado» y advirtiendo de «algún episodio de violencia» en la acampada de Sol, una protesta que se desarrollaba de forma pacífica. El 2 de octubre, día de la votación. Argüello volvió a advertir que los decretos planteaban una «solución unilateral» que podría «complicar el problema».

El contraste con la base de la Iglesia es claro. Ese mismo día, Cáritas Diocesana de Valencia, la HOAC y otras entidades de Iglesia por el Trabajo Decente reclamaban en la prensa publicada «regulación de los precios del alquiler», más parque público y el «fin de la especulación», citando al propio papa León XIV. Es decir, justo lo que los decretos intentaban y lo contrario de lo que declara la cúpula eclesial. Es una clara incongruencia entre cúpula y base: lo que hace la Iglesia como institución (como cúpula) lo hace como propietaria. Lo que hace la base es ejercer su credo como pueblo de Dios. La cúpula de la Iglesia habla de vivienda como propietaria desde dentro del mercado, no desde fuera, como un recurso para ayudar al pueblo de Dios. Cuatro conductas de la cúpula de la Iglesia católica española publicadas en los medios lo muestran. Primera: las inmatriculaciones de fincas, por las que entre 1998 y 2015 registró a su nombre 34.961 bienes con una simple certificación eclesiástica; 14.947 no eran templos, sino «solares, viviendas, locales», según el informe del Gobierno enviado al Congreso en 2021. La Coordinadora Recuperando eleva la cifra a unos 100.000 bienes desde 1964. Segunda: las rentas ingresadas por la gestión de su patrimonio en 2025 según la propia Memoria de la CEE ascendieron a 168,3 millones de euros. Tercera: la Iglesia goza de importantes beneficios fiscales; buena parte de ese patrimonio no paga IBI. El catedrático Alejandro López Gutiérrez recuerda que casi todo el casco antiguo de Toledo es eclesiástico y exento, igual que decenas de miles de viviendas de sacerdotes. Finalmente, los desahucios instados en su propio patrimonio: sirva como ejemplo la Fundación Fusara, presidida por el arzobispo de Madrid, que vendió 13 edificios donados para ayudar a niños pobres a un fondo; sus inquilinos reciben ahora cartas de no renovación. O la Venerable Orden Tercera franciscana, con más de 300 viviendas en el centro de Madrid, que desahució en mayo a Mariano Ordaz, de 67 años, que hoy duerme en un albergue. El Arzobispado sostiene que Fusara no depende de él y que renovó su gestión en 2024.

Que la cúpula (la CEE) pida «altura de miras» a los partidos es legítimo. Hacerlo sin mirar la propia casa no lo es. Si los decretos eran un «parche», ni Argüello ni García Magán han detallado una sola aportación al pacto de Estado que reclaman. ¿Cuántas viviendas posee la Iglesia en España, y cuántas están vacías? No existe un inventario público. Europa Laica denuncia falta de transparencia en las cifras de la propia Memoria. ¿Por qué una entidad que exige un pacto nacional no ofrece su parque al alquiler social, ni renuncia a la exención del IBI en los inmuebles que no son de culto? ¿Por qué la crisis de la vivienda se convierte en pretexto para hablar del aborto, mientras el desahucio de una mujer de 87 años, y otros muchos, no entran en el orden del día episcopal? Hay que reconocer, sin embargo, la actitud de la base de la Iglesia: Cáritas, la HOAC y muchas parroquias sostienen a miles de familias sin techo y piden lo mismo que el movimiento de inquilinos. El problema no es la Iglesia de base, sino una cúpula que en el momento decisivo habló el idioma de quienes votaron no a la convalidación de los decretos porque como propietaria actúa como un tenedor más.

Todo casero tiene derecho a opinar sobre la ley de alquileres y a defender sus intereses. Lo que no puede el casero es hacerlo desde el púlpito, como si no tuviera nada más en juego. Cuando la CEE llama “parche” a una norma que frenaba desahucios, también habla una institución que cobra rentas, vende edificios donados y no paga IBI por buena parte de lo que posee. El sermón tendría otro peso si el casero predicara con el ejemplo. Bastarían tres gestos. Abrir los libros: un inventario público de sus viviendas, su uso y cuántas están vacías. Abrir las puertas: ceder al alquiler social, con ayuntamientos y Cáritas, los pisos sin uso pastoral. Pagar como cualquier propietario: renunciar a la exención del IBI en lo que no es culto y parar los desahucios en sus fundaciones y órdenes.

Los obispos hicieron suya la pregunta de León XIV sobre el caso Maricarmen: “¿Cuál es el problema en un sistema que permite este caso?”. Parte de la respuesta está en las propias escrituras (las sagradas y las de propiedad). Y esto nos recuerda lo que denunciaba Isaías y que también citaron los inquilinos de Fusara al Papa: “!Ay de los que juntan la casa terrenal con la casa sagrada¡”. Mientras que la Iglesia no mire ahí, en ambas escrituras, para actuar en consecuencia seguirá siendo lo que hoy es: un casero que da sermones.

Ramon-Jordi Moles Plaza

Jurista y analista

No me refiero a la Catedral de la Asunción, que desde el siglo XVIII está en el centro de la urbe. Me refiero a la institución: a la Iglesia Católica española. Ceuta está desbordada por la llegada masiva de inmigrantes. Entre ellos miles de menores no acompañados que por ley han de ser protegidos y que han llegado a la ciudad autónoma en oleadas que el sistema de acogida público no puede absorber. Niños y adolescentes duermen en la calle. La administración local pide ayuda al Estado y la sociedad civil hace lo que puede.

En medio de este desastre humanitario hay una ausencia clamorosa: la Iglesia Católica española no está acogiendo a esos menores. Cuando menos no de forma significativa, no a la escala que su infraestructura permitiría, no, que sepamos, con la urgencia que la situación exige. ¿Por qué?

La Iglesia Católica en España no es una asociación voluntaria de fieles con medios modestos. Es una institución con un ingente patrimonio inmobiliario, sin inventario público completo, con miles de centros educativos, residencias, conventos, casas de retiro y edificios en uso parcial o nulo repartidos por todo el territorio. Recibe, además, financiación pública directa e indirecta de magnitud considerable. La casilla del 0,7% del IRPF —la que los contribuyentes pueden marcar voluntariamente— genera para la Iglesia entre 300 y 400 millones de euros anuales que gestiona la Conferencia Episcopal española. A eso se suman las exenciones fiscales sobre bienes inmuebles, las subvenciones a centros concertados, los convenios con administraciones autonómicas y locales, los donativos y donaciones de particulares y un régimen de financiación estatal que tiene su origen en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y que no ha sido sustancialmente revisado desde entonces. Súmenle la dotación de las prelaturas como el Opus Dei y otras organizaciones satelitales y el monto no es desdeñable. Con ese nivel de recursos y esa extensión de infraestructura, la Iglesia Católica española podría acoger, sin esfuerzo estructural significativo, a miles de menores en situación de emergencia. No lo está haciendo, que sepamos. ¿Por qué?

El mecanismo del IRPF tiene una lógica redistributiva: el contribuyente destina una fracción de su impuesto a fines de interés social, ya sea a la Iglesia o a ONG de acción social. La Iglesia recibe esa asignación, en buena medida, porque presenta ante la opinión pública y ante el Estado una identidad de institución con vocación caritativa y de atención a los más vulnerables. Esa identidad tiene consecuencias. No jurídicas en sentido estricto —el dinero del 0,7% no está vinculado por ley a ningún uso concreto en acogida de emergencia—, pero sí morales e institucionales. Una institución que se financia en parte con el argumento implícito de que cuida de los pobres tiene una deuda de coherencia cuando los pobres están en la puerta y la institución mira hacia otro lado.

Los obispos españoles han hecho declaraciones sobre la migración. Han pedido humanidad, han invocado el deber cristiano de acoger al extranjero. El Evangelio de Mateo es claro: «Fui forastero y me acogisteis.» Esas palabras no son un adorno retórico. Son una instrucción. Mientras Ceuta improvisa soluciones de emergencia para menores no acompañados, hay conventos con alas enteras vacías. Hay residencias religiosas con capacidad ociosa. Hay órdenes con vocación explícita de atención a la infancia en riesgo que no han activado sus recursos.

La Cruz Roja está en Ceuta. Médicos Sin Fronteras está en Ceuta. Save the Children está en Ceuta. Organizaciones laicas, con recursos infinitamente menores que los de la Iglesia Católica española, han movilizado equipos y medios de forma inmediata. Cáritas, la red asistencial de la Iglesia, trabaja. Lo hace con seriedad y con medios limitados, y merece reconocimiento. Pero Cáritas no es la Iglesia institucional a la que me refiero. Cáritas es la parte de la Iglesia que, singularmente, sí se implica. La pregunta es qué hacen las diócesis, los obispados, las órdenes religiosas con patrimonio e infraestructura disponibles. La Iglesia, como institución, no aparece, que sepamos, en el mapa de la respuesta.

Esta ausencia institucional no delata falta de recursos ni de valores declarados. Delata un problema de diseño institucional. La Iglesia Católica española ha construido a lo largo de décadas, de siglos, una arquitectura organizativa que la protege de las exigencias que implica su propio discurso. Tiene una estructura de toma de decisiones opaca, sin rendición de cuentas externa, sin obligación de informar sobre el uso de los recursos públicos que recibe, sin mecanismos de evaluación de su impacto social real. En ese diseño, es perfectamente posible recibir cientos de millones del erario público, proclamar la prioridad de los pobres y los excluidos, y no abrir una sola plaza de acogida en una emergencia humanitaria como la de Ceuta. No hay sanción. No hay consecuencia. No hay mecanismo que conecte los recursos recibidos con las obligaciones que esos recursos implican.

No propongo moralizar sobre la fe de nadie ni sobre la vocación genuina de miles de religiosas y religiosos que trabajan en condiciones duras al servicio de los más vulnerables. Propongo algo muy modesto y concreto: transparencia y coherencia institucional. Algo que los Papas Francisco y Leon XIV han promovido, cuando menos verbalmente. Si la Iglesia Católica recibe financiación pública directa e indirecta con el argumento de su función social, esa función social tiene que ser verificable, evaluable y exigible. No como persecución ideológica, sino como estándar básico de cualquier institución que recibe dinero público. Esta verificación no se puede limitar a una campaña publicitaria dando cuenta de algunas acciones.

Si esta evaluación independiente revelara que la institución no cumple con lo que predica cuando más se la necesita, entonces el debate sobre la revisión de los Acuerdos con la Santa Sede y sobre los términos de la asignación tributaria dejaría de ser una posición aparentemente anticlerical y se convertiría en una exigencia elemental de coherencia democrática.

Puesto que desconocemos los datos justo es terminar con una pregunta directa a la Conferencia Episcopal Española: ¿Cuántas plazas de acogida ha puesto a disposición la Iglesia Católica española para los menores no acompañados de Ceuta? ¿En qué diócesis, en qué instalaciones, con qué capacidad, desde cuándo? Si la respuesta existe, publíquenla. Si no existe, expliquen por qué. El silencio, en este caso, también sería una respuesta.

Ramon-Jordi Moles Plaza.

Jurista y analista

ramonmoles.com

En lo que ya se conoce como “caso Montoro”, en el que un juez de Tarragona ha investigado durante siete años si el entonces ministro manipuló el proceso legislativo tributario para favorecer, a cambio de dinero,  a empresas con rebajas fiscales (empresas que eran clientes de su despacho), aparecen tres derivadas novedosas que, de ser ciertas, sofistican la operativa de estos presuntos delitos: la del “equipo PAC”, la del principio administrativo de que “Hacienda son ellos” y la de que “la eficiencia brilla por su ausencia”.

La primera (el equipo PAC), se basa en el hecho de que para que estos presuntos hechos pudieran llevarse a cabo, el autor o autores debieron diseñar un equipo ministerial de altos cargos de confianza en los que la confianza no estaba orientada a la mejor y más capacitada gestión pública posible, sino a que las decisiones ministeriales respondieran a los intereses ocultos de quienes pagaban mordidas para verse beneficiados por aquellas. De este modo según los investigadores, se habría nombrado para altos cargos a personas vinculadas al despacho fundado por el entonces ministro de Hacienda, para asegurarse de que los textos legales tributarios se redactaran a satisfacción de los clientes del despacho, que pagaban por ello.

Téngase en cuenta que la tramitación de una norma jurídica transita por un sinfín de trámites que con frecuencia incluyen a órganos externos e independientes de un ministerio, como por ejemplo el Consejo de Estado, y, por lo que parece, estas tramitaciones también estaban controladas por la presunta trama. Quiere ello decir que debía existir una suerte de “Administración interesada” que, como los periodistas integrados en unidades de combate, estaba “empotrada” en la Administración del Estado -en toda ella-. Ríanse así de los principios de mérito y capacidad, de independencia, del interés general, de objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, sometimiento pleno a la Constitución, ley y derecho, de buena fe, de confianza legítima, cooperación, colaboración, eficiencia y servicio al ciudadano.

Descubrimos así que estos principios, a veces, sólo son decorados para el desarrollo de una opereta bufa. Quiero dejar claro con ello que la tan cacareada endogamia burocrática se complementa de modo imprescindible con otra menos conocida pero más letal para nuestro sistema: la endogamia política, que sitúa en puestos de alta responsabilidad no a los más capaces, sino al equipo PAC (Parientes, Amigos y Conocidos).

La segunda derivada (Hacienda son ellos) se fundamenta en la quiebra de confianza en el sistema, y más específicamente, en el sistema tributario español, de por sí injusto e ineficiente. En este país se paga por trabajar (las conocidas como rentas del trabajo), mientras las grandes multinacionales y fortunas varias señorean la ingeniería financiera para reducir su presión fiscal.  De este modo, la tributación de ciudadanos de a pie deviene proporcionalmente insostenible mientras quienes debieran ser grandes contribuyentes se cuelan por las calles de países con baja o nula tributación. 

De esta guisa resulta que, además, un juez de Tarragona plantea que, al menos durante un tiempo, quien debiera velar por la integridad del sistema tributario parece que no sólo no lo ha hecho, sino que presuntamente se ha dedicado a favorecer clientes y amiguetes, amén de disponer de información confidencial (que no debería) sobre ciudadanos e incluso colegas de partido. Y es que, efectivamente, Hacienda no somos todos, son ellos: ya me dirán con qué cara pagamos todos nuestros impuestos a la luz de estas informaciones y de otras parecidas. 

La tercera derivada nos conduce a un terreno inhóspito: a la luz de lo acontecido con la producción normativa de la Hacienda pública española de este período se cierne la sospecha generalizada de que puede haber más casos como estos. ¿Cómo se va a poder garantizar que el rey (hacienda) -como el del cuento- no va desnudo? ¿Cómo podemos saber los ciudadanos que, en general, la hacienda pública funciona como debiera? La quiebra de confianza es muy profunda. Como profundo es el problema jurídico derivado de la producción de normas tributarias manipuladas por intereses particulares. Para ello debiera expurgarse de estas normas el sistema normativo tributario a instancias de los perjudicados (todos los somos de un modo u otro), puesto que esta normativa -resultado de la comisión de presuntos delitos- pudiera estar viciadas de nulidad a pesar de su apariencia de plena legalidad. Ello atañe también a la legitimidad del aparato administrativo del Estado y del propio poder legislativo (que parece que aprobó normas para intereses particulares): si quieren mantenerla deberían limpiar los trapos sucios hasta el punto de que quienes hayan resultado perjudicados puedan ser compensados por ello. Sin embargo, no es esta la tradición de equipos económicos de una Administración del estilo de la que nos ocupa: recuerden casos como el envenenamiento por aceite de colza (1981), el vertido del Prestige (2002), el accidente del YAK 42 en Turquía (2003), los atentados de Atocha (2004), el accidente del metro de Valencia (2006), la crisis del rescate bancario (2009), el del AVE en Santiago de Compostela (2013), las muertes en geriátricos por la COVID (2020), la erupción del volcán de la Palma (2021), o la Dana en Valencia (2024). No entraré en la gestión penosa de estas calamidades (de por sí deplorable y denunciable). Me quedo con la constatación de que la gestión de la reparación a las víctimas también lo ha sido. Lamentablemente no parece que en este presunto caso de Hacienda vaya a ser distinto puesto que, una vez más, la eficiencia reparadora me temo que brillará por su ausencia. ¿Me siguen?

Ramon-Jordi Moles Plaza

Jurista y analista

Infolibre 9.6.2025

Lamentablemente la miopía de nuestra sociedad facilita la comisión de barbaridades institucionalizadas. En enero de 2019 publiqué un artículo sobre el maltrato institucional a menores que, desgraciadamente, no ha perdido vigencia a la luz de lo acontecido en relación con las presuntas irregularidades en prestaciones a extutelados por parte de fundaciones subcontratadas por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y el caso de violaciones y prostitución de una menor de 12 años bajo guarda de la Generalitat. Hace 6 años me referí a sucesos como los de los niños tutelados por la Generalitat que fueron objeto de abusos sexuales por sus tutores (Castelldans 2013 y Tortosa 2016), los de los declarados en desamparo y que la Generalitat sustrae de la familia sin supervisión judicial, los tutelados por la Generalitat de manera inadecuada (según entonces indicó el Síndic unos 600 del total de 7.000 entonces), o los no acompañados que escapan a la tutela de la Generalitat incurriendo incluso en delincuencia de bajo perfil, para los cuales no existe política específica alguna.

Los recientes sucesos en relación con la DGAIA parece que han motivado que el Govern tome cartas en el asunto para refundarla, por un lado retirándole las competencias en materia de ayudas y contrataciones, y por otro, reforzando la prevención revisando los protocolos. Para ello se crea una nueva Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), que se redimensionará con 300 nuevos profesionales. Parece una buena noticia, pero para nada es suficiente. Sorprenden dos puntos. Primero, la tardanza de la propia Administración en abordar un maltrato institucional (físico, moral y económico) de tamaño calibre que ha acabado por cronificarse. Segundo, la desfachatez de los responsables y representantes políticos en todos estos años para defender una gestión a todas luces pésima. 

En cuanto a lo primero, transformar la DGAIA sin atacar la raíz del problema es una maniobra decorativa que podría encubrir intereses inconfesables (como por ejemplo cambiar algo para que nada cambie). Y es que una de las raíces del problema es el incremento brutal de menores no acompañados a los que atender sin una estructura correctamente dimensionada que, por otra parte, deviene en negocio cuando la fórmula consiste en otorgar millones de euros a gestores privados de centros residenciales para que se hagan cargo de ellos. Según cifras publicadas serían alrededor de 788 millones de euros entre 2016 y 2020 cuya gestión está siendo examinada por la Sindicatura de Comptes y la Oficina Antifrau. Para que se hagan una idea: el presupuesto de Andorra para 2025 es de 634 millones de euros. La solución del problema pasa necesariamente, cuando sea posible, por dar una salida de gestión pública al problema de menores no acompañados haciendo responsables de estos a sus familias y Estados de origen. La solución no es regar de millones a un sinfín de fundaciones dedicadas a vivir del drama, sino seguir el rastro del dinero “atribuido” irregularmente a algunos elementos de esta red clientelar amparada por el concepto de “tercer sector”, y acabar con la precarización de los trabajadores del sector

En cuanto a lo segundo, hemos sido testigos de una vergonzosa maniobra de ocultación del problema por parte de responsables y partidos políticos hasta el punto de que PSC, ERC y Comuns votaron en el Parlament en contra de adoptar medidas correctoras atendiendo el informe 3/2024 de la Sindicatura de Comptes, que evidencia la mala gestión con todo detalle. Un ninguneo parlamentario en toda regla al organismo de control. Hemos sido testigos también de como ERC (el partido político que ha gestionado este organismo los 10 últimos años) ha ignorado el problema hasta el punto de escudarse en la pandemia, la responsabilidad del violador, o la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la crisis del procés, sin asumir ninguna responsabilidad, para, además, acusar en sede parlamentaria a la Sindicatura de hacer el juego a la extrema derecha. Parece que los escaños son un medio de vida, y no un servicio público como debieran.

Como en enero de 2019, insisto en que no es suficiente con transformar la DGAIA ni depurar las responsabilidades pertinentes: para cambiar las cosas hace falta pretenderlo de verdad, adoptando medidas urgentes más efectivas, como el despliegue efectivo de la figura del procurador del menor previsto en el artículo 118 de la Ley del Parlament de Catalunya 14/2010, el sometimiento a control judicial efectivo de la actividad administrativa, sobre todo la relativa a sustracción de la tutela familiar, y la aplicación de principios administrativos como el de transparencia y acceso a documentación con objeto de facilitar el acceso de los interesados a los informes de la Administración que les afectan. Todo ello sin perjuicio de que los afectados puedan reclamar a la Administración, tanto las responsabilidades civiles como penales en que los funcionarios o instituciones implicadas hubieran podido incurrir, como el resarcimiento de los presuntos perjuicios causados por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que prevé la indemnización a quienes hayan sufrido un perjuicio injustificado como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración.

Ramon-Jordi Moles Plaza

Jurista y analista

29.3.2025

Las incidencias en Rodalíes Renfe no son tales: son consistencias. Lo que debiera ser excepción (el mal funcionamiento) se ha cronificado para devenir un mal cotidiano. La obsolescencia por dejadez gestora es causa del desastre. Hay algo aún peor: una visión anticuada e interesada del servicio público, que se nutre de ideas centralistas y corporativistas.

Rodalíes de Catalunya incluye 209 estaciones y 1.200 kilómetros de vías. La usan diariamente medio millón de ciudadanos que sufren retrasos graves cuatro de cada cinco días y cancelaciones de miles de trenes cada año. A pesar de que la Generalitat tiene transferidas estas competencias desde 2010, parecía que el acuerdo de noviembre de 2023 entre PSOE y ERC sobre su traspaso integral iba a ser una solución basada en la sustitución de Renfe por la Generalitat.

En noviembre de 2023 los comités de empresa de Renfe y Adif ya plantearon una huelga relacionada con el traspaso de competencias y su afectación a los trabajadores de la empresa, que se saldó con un acuerdo para desconvocarla. Ahora, de nuevo, los sindicatos han considerado vulnerados los anteriores acuerdos, esencialmente por la creación de una nueva empresa mixta ajena al Grupo Renfe para asumir progresivamente todas las actividades operativas de Renfe y Adif, por la exclusión de la línea R1 en Cataluña de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), y porque consideran que no suponen una mejora del servicio, sino un aumento del coste por la pérdida de economías de escala y el incremento del entramado societario para prestar un servicio que ya ofrece una empresa pública. Argumentan, además, que el traspaso provocará una disminución de los estándares de seguridad y la pérdida de interoperabilidad con el resto de la red ferroviaria española y europea. Los sindicatos han llegado a advertir de que el traspaso de Rodalíes implica incomunicar a Catalunya por ferrocarril.

Finalmente, la huelga se ha desconvocado “in extremis” mediante un acuerdo que se basa en que los trabajadores de Renfe y Adif mantendrán las mismas condiciones y dependerán del Estado a través del Grupo Renfe, aunque el control operativo será de la Generalitat. A esta fórmula la han denominado “adscripción temporal” de Rodalíes a Renfe. Curiosa solución: manteniendo las condiciones laborales interesadas de los trabajadores de Renfe, ya no se perjudica el interés general ni se incomunica a Catalunya por ferrocarril ni se arriesga la seguridad de la infraestructura. Mejor aún: ahora sí que la cosa va a funcionar !. Obvio: el meollo está en la confusión entre interés corporativo e interés general, está en el mantenimiento a toda costa de las condiciones laborales de estos trabajadores que, por lo visto, debiendo ser extraordinarias, las deben ver muy amenazadas por el traspaso a la Generalitat, sobre todo si atendemos a las declaraciones de los propios sindicatos: «Hemos introducido un blindaje de permanencia para los profesionales de Renfe y Adif. Hemos aprovechado esta situación para establecer el mecanismo que nos proteja en ambas empresas públicas, de cara a futuros procesos que puedan venir por la aplicación del cuarto paquete ferroviario. Así, en ningún supuesto, se podrá obligar a las personas trabajadoras a cambiar de empresa fuera del Grupo Renfe y Adif». 

Este fenómeno es cosa común en este país: la extinta Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, Aena, o el mismísimo Senado han sido objeto de fracasadas propuestas descentralizadoras que terminaron en la papelera para evitar que se perjudique intereses corporativos bajo la excusa de evitar que “España se rompa”.

En 2004, tras un acuerdo con el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, Zapatero trasladó de Madrid a Barcelona la sede de la CMT. Finalmente, el Tribunal Supremo anuló el traslado al estimar los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y un grupo de trabajadores. Se trataba de la defensa de intereses corporativos usando como pantalla los “peligros” de la descentralización. Incluso el presidente de la CMT, Carlos Bustelo, presentó su dimisión por su oposición al traslado, calificando al Gobierno, de «poco preparado» y «mal asesorado», y calificó como «una chorrada» y “una deportación” su decisión de cambiar la sede del organismo: no sea que “España se rompa”.

Recuerden la crisis de los controladores aéreos en 2010 con la empresa pública Aena, que llevó al cierre del espacio aéreo y al primer estado de alarma de la democracia. Tras este conflicto subyacía el modelo de gestión de Aena que, desde 1998, se endeudó fuertemente por la construcción y ampliación de infraestructuras, como el Plan Barajas con ingentes desviaciones de costes, o las obras en aeropuertos pequeños con escaso tráfico. En la crisis de 2008 el pago de la deuda se convirtió en un gran problema que exigía un cambio de modelo de gestión al que los controladores se opusieron para defender sus escalas salariales recurriendo al poder derivado de sus funciones. Aún hoy, el modelo centralizado de gestión aeroportuaria se mantiene para disfrute de algunos y castigo de la mayoría de los ciudadanos. No sea que “España se rompa”.

Trasladar el Senado a Barcelona fue una idea de Pasqual Maragall hace 33 años para reforzar el concepto de cocapitalidad. Como sucedió después con el caso de la CMT, se anunciaron protestas de sus trabajadores en caso de que el Senado tuviese que trasladarse a Catalunya.

Subyace a todo esto un problema no resuelto: centralización o descentralización significa, también, una lluvia de millones sobre uno u otro territorio derivada del peso del empleo público y de la concentración de actividades empresariales. A pesar del modelo constitucional descentralizado los principales órganos institucionales y reguladores están en Madrid concentrando alrededor del 30% del personal del sector público del Estado. La descentralización no es sólo un principio constitucional rector en sí mismo. La descentralización también es un instrumento para la gestión de otros fenómenos, como la despoblación, la revitalización territorial o el acercamiento de servicios a la ciudadanía. A la centralización propugnada por la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, del PP, se oponen otros presidentes del PP (caso de Galicia) o regionalistas como el de Cantabria.

La centralización es un concepto caduco, que resulta de la desconfianza en la idea de diferencia por parte de las élites, y otros beneficiarios interesados, en la creencia de que la igualdad resulta de la homogeneidad. Alemania, Portugal o Estados Unidos son ejemplos de lo contrario. El “España se rompe” resulta muy útil para aglomerar opiniones a favor de intereses corporativos no confesados ni confesables. Como bien sabemos, envolver el bolsillo en cualquier bandera suele dar réditos interesantes e interesados.

En conclusión: ¿Cómo serán las condiciones laborales de una descentralización para que no puedan ser asumibles por los afectados? ¿No será que se trata más bien de privilegios centralizados difícilmente subrogables? ¿No estaremos ante intereses laborales, más que ante derechos laborales? La diferencia es obvia: un derecho genera un deber recíproco que genera a los demás el deber de respetarlo, un interés no. Uno puede tener interés en mantener un privilegio, pero nunca tendrá derecho a ello porque no existe el deber de respetarlo. Y si lo tiene, es que el Estado no está bien diseñado y es ineficiente. Cuando colectivos diversos agitan el gallinero con argumentos centralistas (España se rompe) en ocultación de sus intereses corporativos (mi privilegio se rompe) estamos en presencia de un ejercicio de arrogancia. Arrogancia por cuanto abusan de su posición de manera insolidaria en perjuicio de los ciudadanos usuarios de los servicios públicos a quien deben servir. No deberían olvidar que el concepto de servicio público, con sus privilegios y servitudes, lo es porque se justifica en la defensa del interés público, no en la defensa del interés corporativo. ¿Qué clase de sindicalismo es este que no es de clase y que pretende que España se rompe cuando algo suyo se rompe?

Ramon-Jordi Moles Plaza

Jurista y analista

La baja calidad de nuestra democracia empieza a avergonzar a algunos actores, aunque parece que no preocupe, aún, a una mayoría de ciudadanos. Los últimos acontecimientos podrían indicar que una parte del espectro político es víctima de conductas deleznables de la otra parte y, sin embargo, los hechos demuestran que no hay ningún actor libre de culpa: el conjunto de partidos políticos (de todos los colores) ha demostrado que son capaces de activar mecanismos ilegítimos cuando se trata de deslegitimar a sus “competidores” para salvaguardar comederos.

Tenemos un grave problema con la calidad de nuestra democracia como consecuencia principalmente de la colonización de nuestro sistema institucional (administraciones públicas, empresas públicas, parapúblicas y algunas privadas, sindicatos y patronales) por parte de las maquinarias de los partidos políticos, que se sirven de él para alimentar a cohortes de paniaguados a las que les va el sustento en el ejercicio profesional de la política. ¡Cuánta razón tenía Alejandro Nieto cuando advertía hace años contra este fenómeno!

Parece ahora que la regeneración democrática atañe sólo a la conducta de algunos políticos, a su lenguaje y a la “limpieza” de su juego. Nada más lejos de la realidad. Atañe a todos, más aún si las medidas a adoptar pueden afectar a un número no menor de ciudadanos, por ejemplo, a quienes ocupan puestos administrativos o electivos en el sector público o parapúblico al calor del modelo imperante. Siendo aquellas cuestiones imprescindibles, no son suficientes. De nada servirán si no se acompañan de una regeneración de las estructuras políticas, de un rediseño del modelo institucional y de un cambio a mejor en nuestra galaxia comunicativa.

La regeneración de las estructuras políticas para acabar con la profesionalización de la política que conduce de manera inexorable a la creación de grupos de interés, no necesariamente ideológicos, que patrimonializan la cosa pública en su beneficio. Para que pueda primar el interés público en la gestión pública debe hacerlo también en la esfera de los partidos políticos, sindicatos y patronales: listas electorales abiertas para acabar con la obediencia caciquil, un sistema retributivo de los cargos que no implique ningún tipo de ganancia ni de pérdida respecto de la situación retributiva anterior de estos, un sistema de distribución de escaños que respete la proporcionalidad del número de habitantes de cada circunscripción, una financiación de partidos, sindicatos y patronales que dependa de sus afiliados -no del presupuesto público-. 

Un rediseño del modelo institucional acorde con los tiempos de hoy: una Constitución para mañana, no para ayer. Un Poder Ejecutivo que pase a ser un Servicio Público con unas Administraciones Públicas profesionalizadas, más ágiles y menos costosas, al servicio del ciudadano, que concentren el papel de la función pública en el ejercicio de autoridad y que para otras funciones sin ejercicio de autoridad se basen en la contratación laboral y mercantil para dotarse de profesionales con capacidades adecuadas a nuestros tiempos. Un Poder Judicial que pase a ser un Servicio Público de Justicia al servicio de las necesidades de la sociedad. Un Poder Legislativo que reformule el papel del Senado desde la pluralidad territorial del Estado, que requiere una relectura de este mucho menos centralista. Unas instituciones que realmente respondan y actúen bajo el principio de transparencia y del registro y control de intereses privados que puedan interferir o condicionar el interés público mediante oligopolios.

Una galaxia de medios de comunicación más independientes, menos subvencionados, dónde no se confundan los panfletos redactados por inteligencia artificial con los medios, dónde el anonimato de la opinión no pueda ocultar campañas difamatorias, y dónde el control del capital o de la política sobre los medios no constituya la doctrina editorial de estos. Una sociedad vacunada frente a la post-verdad de Internet gracias a un sistema educativo eficiente, que aporte conocimiento a unos ciudadanos suficientemente críticos como para distinguir la verdad de la mentira y evitar actuar como palmeros de los manipuladores.

Señor presidente Sánchez: la regeneración democrática es un nuevo modelo de país, y para ello es preciso un gran acuerdo de Estado, no sólo un pacto para acabar con la guerra sucia. El interés general exige otra política, que tenga por objetivo mejorar la vida de nuestros conciudadanos, no la protección de los intereses particulares de algunos mediante el uso torticero de la cosa pública. La regeneración de la guerra sucia no es posible porque la guerra siempre es sucia.

Ramon-Jordi Moles Plaza. Jurista y analista.  

Infolibre 14.9.2023

No es la deuda de dos vecinas llamadas Celsa y Matilde. Es la deuda de unas empresas que recientemente han copado las páginas de la prensa económica por razones similares, aunque distintas. Celsa es una empresa industrial objeto de una reciente sentencia que ordena que sea adjudicada a sus acreedores, que no son otros que determinados fondos de inversión extranjeros que compraron en su momento la deuda a los originales acreedores españoles. Matilde es Telefónica, la de “¡Matilde, Matilde que he comprado telefónicas!”. Matilde es el nombre por el que se conocían las acciones de Telefónica a finales de los años 60, gracias a una campaña publicitaria protagonizada por José Luis López Vázquez.

Celsa es Celsa-Group, uno de los principales productores de acero de Europa. Una empresa hasta ahora familiar con 120 centros de trabajo en distintos países que emplean más de 70.000 trabajadores directos e indirectos, que es uno de los mayores consumidores de electricidad del país y que se ocupa en la producción de una materia prima (el acero) de carácter estratégico.

Matilde-Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones que es la cuarta más importante de Europa y la decimotercera a nivel mundial. Fue empresa pública bajo el franquismo y se privatizó con los gobiernos de Felipe González y Aznar. Se vinculan a ella alrededor de 1,2 millones de puestos de trabajo, y da servicio a 315,7 millones de usuarios en los países donde está presente. Su relevancia se extiende a los entornos tecnológicos de ciberseguridad y defensa.

Es obvio que se trata de dos empresas estratégicas para la soberanía económica del país, lo que se traduce normalmente en una serie de controles por parte del Estado para evitar que su control (su propiedad total o parcial) pueda recaer en actores económicos que puedan resultar como mínimo “inconvenientes” para los intereses económicos del país. Este tipo de operaciones de “toma de control”, más o menos hostiles, tradicionalmente se han materializado mediante compras, más o menos discretas, de acciones de la sociedad que eventualmente se pretende controlar. Frente a ello los Estados han organizado con mayor o menor éxito distintas trabas (como las autorizaciones de las ventas de acciones, por ejemplo) a estas operaciones para evitar poner en riesgo su soberanía económica. La pandemia de COVID19 mostró al mundo la importancia de disponer de tecnologías y recursos propios, por ejemplo, mascarillas o respiradores. Véase en este sentido el caso reciente de la compañía saudí de telecomunicaciones STC (propiedad del gobierno saudí), que ha comprado con gran sigilo el 9,9% de Telefónica a través de una compañía luxemburguesa. Esta compra no se podrá hacer efectiva en su totalidad sin la autorización previa del Gobierno, a la que el Ministerio de Defensa español se opone por razones de seguridad.

Es un ejemplo clásico de protección de la soberanía económica que se ve cuestionado por lo acontecido en Celsa. La reciente sentencia que aplica la nueva ley concursal adjudica la empresa a sus acreedores, lo que implica que a partir de ahora cuando un acreedor estime que su deudor no puede afrontar la deuda se le permitirá convertir el derecho de crédito en acciones de la deudora y devenir accionista, esto es, dueño o codueño de la empresa. Algo que los acreedores de Celsa han jugado con gran habilidad y que abre la puerta a un nuevo formato de la toma de control de compañías estratégicas.

Es obvio que en el futuro habrá que adaptar las medidas de control sobre compañías estratégicas a este nuevo contexto: no sólo será preciso supervisar y limitar, si procede, las compras de sus acciones, sino que habrá que intervenir sobre el control de su endeudamiento, que se ha convertido en el coladero de inversores hostiles o no deseados. Es la puerta falsa de Celsa (hoy) y de Matilde (mañana).

Ramon-Jordi Moles Plaza

Jurista y analista.

Los resultados de las pasadas elecciones reabren el debate sobre la legitimidad de los cargos electos para manipular el mandato popular a su antojo. Un manejo que se plasma en dos mecanismos muy discutibles.

Uno, si los partidos políticos están legitimados para manejar el sentido del voto popular a su favor mediante alianzas posteriores a las elecciones que el elector en el momento de votar no podía prever, hasta el punto de replantearse el voto de haberlo sabido. Son ejemplos de ello los gobiernos autonómicos y locales basados en alianzas que han sustraído el gobierno a la fuerza más votada con un apoyo popular inestable. ¿Puede ser eficiente el gobierno de una Administración basado en pactos que se justifican en el ansia simiesca del poder? ¿Acaso los votantes priorizamos el juego de sillas de la política al leal gobierno de la cosa pública? Si es que no, la ciudadanía acabará castigando la política de lotería. Vean si no el caso italiano hace ya unos años.   

Dos, el modelo electoral de las Diputaciones Provinciales y los Consells Comarcals es un bofetón al concepto de democracia electiva. No es solo el exceso abusivo de gasto burocrático por la voluntad de los partidos políticos en mantener las poltronas en beneficio de sus paniaguados. Es la vergüenza de que los diputados provinciales y los consejeros comarcales y sus presidentes no sean elegidos directamente por los ciudadanos: lo son por un juego de sillas manejado por los partidos políticos mediante pactos inconfesables. Esto afecta gravemente a la calidad de nuestra democracia. Estas instituciones no están homologadas a nivel europeo. La “Carta europea de la autonomía local”, ratificada por España en 1988, es parte del ordenamiento jurídico español, excepto en el apartado 2 del Art. 3 de la misma: “Este derecho se ejerce por Asambleas o Consejos integrados por miembros elegidos por sufragio libre, secreto, igual, directo y universal…”. Clarísimo: voto directo de los ciudadanos para elegir a los miembros de sus Administraciones Locales (Diputaciones y Consejos Comarcales incluidos). España no ratificó este punto. ¿Porqué? Porque los intereses políticos partidistas priman por encima del interés político general a espaldas de los ciudadanos. Las Diputaciones Provinciales y Consejos Comarcales constituyen reservorios muy importantes de recursos económicos, prebendas y sillas giratorias para los partidos políticos que se nutren de ellos, especialmente nombrando cargos de confianza que son en realidad militantes de partido que han ejercido anteriormente altos cargos. Sirva de ejemplo lo acontecido en el Ayuntamiento de Barcelona: mientras la candidatura de Trías considera que le han sustraído la alcaldía mediante una traición del PSOE, Comunes y PP, esta misma candidatura no tiene reparo alguno en pactar el gobierno de la Diputación de Barcelona (con sus prebendas incluidas) con los mismos que, según ellos, les han traicionado. Mala cosa para la democracia local. Sin transparencia ni control efectivo de las decisiones interesadas de los partidos políticos, la democracia local en estos niveles está en obvio interrogante.

Ramon J. Moles

Jurista

El regulador financiero de Estados Unidos ha impuesto una de las mayores multas (100 millones de dólares) a la auditora Ernst&Young por las trampas sistemáticas de sus empleados en los exámenes de ética y formación continua entre 2012 y 2015, que son imprescindibles para ejercer como auditor. Un caso parecido, en junio de 2019 y en relación con la auditora KMPG, conllevó una multa de 50 millones de dólares. Y no son casos aislados: se cumplen ahora 20 años de la monumental quiebra de la empresa estadounidense Enron que, sin ir más lejos, condujo a la desaparición de la entonces gigante de la auditoría Arthur Andersen como consecuencia de haber cooperado como auditora de aquella en la ocultación de datos de la quiebra. Son supuestos muy graves, no solo porque afectan a quienes son responsables de identificar y evitar errores y trampas contables de sus clientes, sino porque erosiona la confianza en dichas empresas y en el funcionamiento del sistema en general. Aún peor: según el regulador parece que E&Y tomó medidas disciplinarias demasiado laxas y que ni siquiera implantó controles internos ni desarrolló políticas proactivas de control.

Son supuestos también desconcertantes. Primero porque han sucedido en relación con procesos de formación continua y de formación ética de empleados de una empresa que se gana la vida auditando, esto es, verificando la certeza de datos de terceros. Después, porque la razón que alegaron los afectados para hacer trampas fue que les obligó la presión de los compromisos de trabajo y/o la incapacidad para aprobarlos tras varios intentos fallidos. Finalmente, porque, según el regulador, aunque parece que el chanchullo era “vox pópuli” en la empresa, el silencio general se debió a que “no eran conscientes de que compartir las respuestas de los exámenes suponía hacer trampas y violaba el código de conducta de EY y al deseo de evitar que sus colegas se metieran en problemas”. ¿Tan deplorable es el nivel de conocimientos y de integridad de este personal?

Más allá de todo ello, estos hechos conducen a reflexiones más generales, menos casuísticas, si se quiere.  El argumento que arguyen en su defensa los afectados denota un patrón generalizado: “yo no sabía”, “yo no era consciente”. Son argumentos que hemos contemplado en muchos de los casos de corrupción destapados en España y que, en realidad, son la otra cara de la impunidad. Estas prácticas relativamente generalizadas se dan también en otros contextos sociales a los que se otorga a la infracción un escaso reproche social: véanse sino los fraudes en el empadronamiento para poder matricular hijos en centros escolares de preferencia, fraudes en declaraciones de IVA, el nepotismo en la dotación de puestos públicos de confianza o, sin ir más lejos, la copia de exámenes de todo tipo. Sobre el papel se pronostica el mayor de los infiernos al infractor, pero en la práctica se mira para otro lado. ¿Por qué? ¿Qué justifica esta distancia entre normativa y realidad? ¿Es sólo la impunidad? Probablemente, como apunté hace años en distintos trabajos, la razón última se halla en que el sistema cuenta con unas bases corrupto-génicas que ya da por descontadas. Como los grandes almacenes que contabilizan en pérdidas un porcentaje estándar de pequeños robos, el sistema también soporta un número indeterminado de infracciones amparadas en una excusa de supuesta ignorancia y que, algunos incluso creyeron en su día que podía servir para “engrasar” un sistema poco eficiente.

El hecho cierto es que, si nos atenemos a los hechos expuestos, el listón natural de cumplimiento normativo está muy bajo, y no sólo en España. La gravedad del caso de E&Y y de otras firmas de este ramo radica en que afecta a auditores, un tipo de profesional que goza de una posición casi-pública en tareas de supervisión.  Por supuesto: habrá que demandar más y mejor supervisión de estas funciones que gozan de determinados privilegios públicos, pero que también deben acreditar el cumplimiento de determinadas obligaciones. Para ello es imprescindible mejorar la dotación y los procesos de supervisión de los reguladores públicos. Necesario, pero no suficiente.

Visto lo visto habrá que atender a dos factores clave. Uno, la formación de estos profesionales y la supervisión interna de sus estándares de comportamiento por parte de las empresas que los emplean. En relación con ello vayan por delante dos ideas. Primera: la formación debe incorporar otros elementos distintos a los meros contenidos, otros elementos que tienen que ver más con las actitudes que con las habilidades contables. Para ello habrá que girar la vista a las escuelas de negocios para prevenir, al menos en parte, sucesos como la crisis financiera de 2008. Segunda: la supervisión interna del cumplimiento de los estándares debería recaer en personal externo, independiente, con amplias facultades de acceso a información de la compañía y en dependencia directa del consejo de administración.

Otro factor clave es la mejora del modelo autorregulatorio del sector, que precisa probablemente de una mayor eficiencia en cuanto a supervisión interna, pero también de un marco complementario de regulación y supervisión públicas. Téngase en cuenta que ante un hipotético caso en España podría argumentarse que el sector de la auditoría ejerce una función casi-pública que podría llegar a justificar una responsabilidad patrimonial de la Administración por dejación de funciones de supervisión. Dicha responsabilidad se haría efectiva, en su caso, mediante indemnizaciones con cargo al presupuesto público, esto es, nuestro bolsillo. En dicho instante sería cuando se evidenciarían las vergüenzas del sistema.

Ramon J. Moles

La Vanguardia digital. 10.3.2022

En enero de 2019 publiqué un artículo en prensa en el que me refería al maltrato institucional a los menores tutelados por la Generalitat de Catalunya, basándome en la existencia de varios casos de abusos sexuales ocurridos en centros públicos de acogida, en la falta de supervisión judicial de la actividad de tutela administrativa o en los menores tutelados de manera inadecuada o con servicios deficientes. Más recientemente ha saltado a la palestra el caso del centro de público de acogida de menores no acompañados ubicado en Collserola y gestionado por Cruz Roja que ha habido que clausurar por su lamentable estado de mantenimiento. La situación no ha mejorado y se echa en falta un  golpe de timón sobre una cuestión que no solo debiera estar de sobras superada, sino que avergüenza a cualquiera con un mínimo de dignidad en la medida en que —como también en otros ámbitos— afecta a personas indefensas.

La cosa viene de lejos, y los casos de niños robados durante el franquismo dan fe de ello. Razón de más para haber gestionado mejor el problema. Más de 40 años de constitucionalismo deberían probarse con hechos y no con meras declaraciones. Peor aún. Hay Administraciones Públicas que, en su funcionamiento ordinario, incumplen reiteradamente la normativa al respecto generando a los perjudicados un daño que no tienen el deber de soportar. Es justamente este el concepto que da lugar a la posibilidad de exigir responsabilidad patrimonial a las Administraciones por su funcionamiento normal o anormal.

La Ley de protección a la infancia y la adolescencia, modificada en 2015, establece que los menores tutelados por la Administración pueden ser acogidos en un establecimiento público o en una familia, y que debe prevalecer el acogimiento familiar, quedando prohibida la acogida en residencias para los menores de tres años (“salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada”), y no pudiendo superar los tres meses para los menores de entre tres y seis años.

Según datos de 2019 de los 23.000 menores tutelados en España había 599 menores de tres años (273 niñas y 326 niños) viviendo en residencias. Se argumentará que “por imposibilidad acreditada”, lo que resulta incomprensible al comprobar que en ese año había 116 en Catalunya, 81 en Andalucía y 79 en Madrid, pero ninguno en Cantabria y Navarra y sólo tres en Aragón y Baleares. Será que la “imposibilidad acreditada” va por Comunidades Autónomas. O será que el ingreso en residencias es más fácil para las burocracias tutelares que la acogida en familias a las que hay que hacer un seguimiento, mientras que la residencia funciona por inercia administrativa, y ello a pesar de que el coste público de un menor en acogida familiar ronda los 450 euros mientras que en una residencia pública es de unos 3.500.

Este flagrante incumplimiento de la norma por parte de las Administraciones implicadas se suma en Catalunya a los casos de abusos sexuales por tutores de centros en concesión (como sucedió en Castelldans en 2013 y en Tortosa en 2016), la sustracción de menores a familias sin supervisión judicial, los tutelados por la Generalitat de manera inadecuada (según el Síndic unos 600 del total de 7.000), o la apropiación por la Administración de las prestaciones que deberían recibir los menores a su cargo, (de hecho es un copago encubierto de un servicio que de hecho es gratuito). Es preciso activar la figura del procurador del menor del artículo 118 de la Ley 14/2010, también lo es incrementar el control judicial efectivo de la actividad pública tutelar, o exigir responsabilidad patrimonial a las Administraciones implicadas. Todo es poco para mejorar un lúgubre panorama de deficiencias rayanas con el estilo Dickens que se registra en un país de las aparentes maravillas administrado por burocracias tutelares deficientes.

Ramon J. Moles

Profesor de Derecho Administrativo