En 2010 publiqué un artículo titulado “Arde París”. Los suburbios olían a estallido social y me preguntaba por qué la fórmula de la represión policial no había funcionado. Para ello planteé tres consideraciones: quien, dónde y cómo. Dieciséis años después la pregunta sigue vigente y la respuesta me temo que también. El retorno de los “chalecos amarillos” y los recientes disturbios con 1.200 detenidos y multitud de manifestantes y policías heridos lo dejan claro: ayuntamientos y comisarías asaltados, algunos quemados. Lo que ha cambiado es la imagen que lo resume: un hombre negro, larguirucho, con traje y corbata, que extiende los brazos para proteger a un grupo de estudiantes de instituto mientras grita a los antidisturbios que no carguen. La policía responde con gases lacrimógenos y son los chavales quienes acaban socorriendo al hombre, cegado por el humo. Es Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis, primer alcalde negro y musulmán de una ciudad francesa de más de 100.000 habitantes.
Vuelvo, pues, a las tres consideraciones de entonces: quién, dónde y cómo. En primer lugar, sobre el quién. En 2010 hablaba de jóvenes nacidos en Francia, nietos de la inmigración, ciudadanos de pleno derecho educados en el laicismo republicano a quienes, sin embargo, se les había averiado el ascensor social. Hoy los protagonistas son todavía más jóvenes —alumnos de instituto, algunos de catorce años— y la protesta, algo excepcional, no responde a una ley o a una reforma concreta, sino a un malestar acumulado. Pero hay un dato nuevo y relevante: uno de aquellos nietos de la inmigración ha llegado a la alcaldía de una de las ciudades más desfavorecidas de la periferia parisina, y lo ha hecho en primera vuelta, con el 50,77% de los votos. El ascensor, por tanto, a veces funciona. Lo inquietante es la reacción del sistema: una ola de racismo en ciertos medios conservadores que llegaron a llamarlo “mono” y a atribuirle frases que nunca pronunció. Cuando el sistema produce una excepción a la exclusión social y parte de la sociedad la recibe con insultos, el mensaje que llega a los chavales de la “banlieue” es demoledor: aunque llegues no serás de los nuestros, olvídate de la meritocracia; esta República es tan estamental como la monarquía absoluta. Bagayoko lo resume con amargura al hablar de los menores heridos: “¡Son los hijos de Francia! Salvo porque la República considera que son extranjeros”.
Segunda consideración: sobre el dónde. En 2010, en los suburbios la única presencia del Estado era, por este orden, los autobuses, la escuela y la policía. Dieciséis años más tarde, lo que reclaman los estudiantes es precisamente que la escuela no se retire: medios humanos suficientes en cada instituto, especialmente en los barrios populares. Bagayoko invoca tres informes parlamentarios según los cuales el Estado ha renunciado en estos territorios a sus tres grandes responsabilidades: justicia, educación y cohesión territorial. Si el Estado se repliega en estos barrios y sólo queda la policía, no debería sorprender que la relación con lo público se convierta en un pulso. Y no deja de ser significativo que esta vez la protesta no consista en atacar escuelas, sino en exigir más escuela.
Finalmente, sobre el cómo. Aquí es donde la continuidad resulta más preocupante. En 2010 advertía que enmarcar estos conflictos en el ámbito de la seguridad ciudadana —y confiar, por tanto, la solución a la policía— se había demostrado ineficaz. El Gobierno francés vuelve a hablar de “ultraviolencia”, de bandas organizadas y de “black blocs”; el alcalde habla de niños. Probablemente ambos ven una parte de la realidad: hay quien intenta reventar las manifestaciones, y el propio Bagayoko lo admite. Pero la respuesta institucional no puede ser indiscriminada. Que el ministro de Educación anuncie un diálogo con respuestas para finales de octubre, tras semanas de cargas, pelotas de goma y granadas aturdidoras, transmite exactamente lo contrario de la urgencia que la situación exige. La gestión del riesgo de exclusión social vuelve a confundirse con la gestión del orden público.
Quedan, aun así, dos lecciones. La primera es la convergencia. Se ha publicado sobre unas 450.000 personas movilizadas y estudiantes de escuelas privadas que se suman a los de la periferia. Si esa alianza se consolida, la banlieue dejará de ser un problema periférico de orden público para convertirse en una cuestión nacional. La segunda es el gesto de un alcalde que se interpone físicamente entre la policía y los menores y que ha hecho algo que ninguna política sectorial consigue por sí sola: devolver al Estado —aunque sea la Administración local— un rostro reconocible y protector. Es exactamente lo que en 2010 echaba de menos cuando reclamaba gestionar la diversidad también desde el mundo local. Francia sigue sin resolver lo que ya era evidente hace dieciséis años: no se repara un ascensor social a golpe de porra, ni se recupera la confianza de toda una generación con un calendario de diálogo a varias semanas vista. Si esto no se entiende seguiremos pasando de la gestión del riesgo a la indigestión del peligro. Mientras vuelve a arder París apliquémonos la lección y estemos atentos a qué puede suceder con las jóvenes generaciones de nuestras ciudades que no consiguen acceder a una vivienda o un mercado laboral decente y con ello a una vida digna.
Ramon J. Moles
Jurista y analista.
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