Categoría: Riesgo y seguridad

Artículos sobre gobernanza del riesgo, seguridad, crisis y terrorismo.

Arde París, otra vez (Infolibre)

En 2010 publiqué un artículo titulado “Arde París”. Los suburbios olían a estallido social y me preguntaba por qué la fórmula de la represión policial no había funcionado. Para ello planteé tres consideraciones: quien, dónde y cómo.   Dieciséis años después la pregunta sigue vigente y la respuesta me temo que también. El retorno de los “chalecos amarillos” y los recientes disturbios con 1.200 detenidos y multitud de manifestantes y policías heridos lo dejan claro: ayuntamientos y comisarías asaltados, algunos quemados. Lo que ha cambiado es la imagen que lo resume: un hombre negro, larguirucho, con traje y corbata, que extiende los brazos para proteger a un grupo de estudiantes de instituto mientras grita a los antidisturbios que no carguen. La policía responde con gases lacrimógenos y son los chavales quienes acaban socorriendo al hombre, cegado por el humo. Es Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis, primer alcalde negro y musulmán de una ciudad francesa de más de 100.000 habitantes.

Vuelvo, pues, a las tres consideraciones de entonces: quién, dónde y cómo. En primer lugar, sobre el quién. En 2010 hablaba de jóvenes nacidos en Francia, nietos de la inmigración, ciudadanos de pleno derecho educados en el laicismo republicano a quienes, sin embargo, se les había averiado el ascensor social. Hoy los protagonistas son todavía más jóvenes —alumnos de instituto, algunos de catorce años— y la protesta, algo excepcional, no responde a una ley o a una reforma concreta, sino a un malestar acumulado. Pero hay un dato nuevo y relevante: uno de aquellos nietos de la inmigración ha llegado a la alcaldía de una de las ciudades más desfavorecidas de la periferia parisina, y lo ha hecho en primera vuelta, con el 50,77% de los votos. El ascensor, por tanto, a veces funciona. Lo inquietante es la reacción del sistema: una ola de racismo en ciertos medios conservadores que llegaron a llamarlo “mono” y a atribuirle frases que nunca pronunció. Cuando el sistema produce una excepción a la exclusión social y parte de la sociedad la recibe con insultos, el mensaje que llega a los chavales de la “banlieue” es demoledor: aunque llegues no serás de los nuestros, olvídate de la meritocracia; esta República es tan estamental como la monarquía absoluta. Bagayoko lo resume con amargura al hablar de los menores heridos: “¡Son los hijos de Francia! Salvo porque la República considera que son extranjeros”.

Segunda consideración: sobre el dónde. En 2010, en los suburbios la única presencia del Estado era, por este orden, los autobuses, la escuela y la policía. Dieciséis años más tarde, lo que reclaman los estudiantes es precisamente que la escuela no se retire: medios humanos suficientes en cada instituto, especialmente en los barrios populares. Bagayoko invoca tres informes parlamentarios según los cuales el Estado ha renunciado en estos territorios a sus tres grandes responsabilidades: justicia, educación y cohesión territorial. Si el Estado se repliega en estos barrios y sólo queda la policía, no debería sorprender que la relación con lo público se convierta en un pulso. Y no deja de ser significativo que esta vez la protesta no consista en atacar escuelas, sino en exigir más escuela.

Finalmente, sobre el cómo. Aquí es donde la continuidad resulta más preocupante. En 2010 advertía que enmarcar estos conflictos en el ámbito de la seguridad ciudadana —y confiar, por tanto, la solución a la policía— se había demostrado ineficaz. El Gobierno francés vuelve a hablar de “ultraviolencia”, de bandas organizadas y de “black blocs”; el alcalde habla de niños. Probablemente ambos ven una parte de la realidad: hay quien intenta reventar las manifestaciones, y el propio Bagayoko lo admite. Pero la respuesta institucional no puede ser indiscriminada. Que el ministro de Educación anuncie un diálogo con respuestas para finales de octubre, tras semanas de cargas, pelotas de goma y granadas aturdidoras, transmite exactamente lo contrario de la urgencia que la situación exige. La gestión del riesgo de exclusión social vuelve a confundirse con la gestión del orden público.

Quedan, aun así, dos lecciones. La primera es la convergencia. Se ha publicado sobre unas 450.000 personas movilizadas y estudiantes de escuelas privadas que se suman a los de la periferia. Si esa alianza se consolida, la banlieue dejará de ser un problema periférico de orden público para convertirse en una cuestión nacional. La segunda es el gesto de un alcalde que se interpone físicamente entre la policía y los menores y que ha hecho algo que ninguna política sectorial consigue por sí sola: devolver al Estado —aunque sea la Administración local— un rostro reconocible y protector. Es exactamente lo que en 2010 echaba de menos cuando reclamaba gestionar la diversidad también desde el mundo local. Francia sigue sin resolver lo que ya era evidente hace dieciséis años: no se repara un ascensor social a golpe de porra, ni se recupera la confianza de toda una generación con un calendario de diálogo a varias semanas vista. Si esto no se entiende seguiremos pasando de la gestión del riesgo a la indigestión del peligro. Mientras vuelve a arder París apliquémonos la lección y estemos atentos a qué puede suceder con las jóvenes generaciones de nuestras ciudades que no consiguen acceder a una vivienda o un mercado laboral decente y con ello a una vida digna.

Publicado en infoLibre el 21 de octubre de 2026.

Foto: Alois Moubax / Pexels

Ramon J. Moles

Jurista y analista.

SEQUÍA, MAMANDURRIAS Y MILAGROS

Nos dice el Govern que “el agua no cae del cielo”. Tamaña falsedad -a no ser que se añadiese “por ahora”- se supone que es para fomentar un uso responsable del agua; algo que no han hecho hasta ahora nuestros incapaces Governs y Gobiernos. Una incapacidad que se repercute al ciudadano exigiéndole conductas ejemplares, ya sea en materia de seguridad viaria, cumplimiento tributario o tratamiento de residuos, por ejemplo. Poco importa el escaso mantenimiento de la red viaria, la pésima distribución de fondos europeos o la mejorable gestión de las basuras. Al final, la responsabilidad se quiere que sea siempre del ciudadano, sin importar la incapacidad política y administrativa, que proviene esencialmente de una fuente común: el miedo de los políticos al conflicto social en tiempo de elecciones (locales, autonómicas, generales o europeas), es decir, en cualquier momento. 

La sequía más importante desde que existen datos persiste en Catalunya desde hace más de tres años para más de 6 millones (de un total de 8) de ciudadanos que dependemos de las cuencas internas de Catalunya (Ter-Llobregat). Estamos en situación de emergencia por una sequía que, nos dicen, impone restricciones al punto de reducir la presión del suministro doméstico, a la industria, turismo, agricultura y ocio. Y a partir de ahí, que cada cual se busque la vida: desalinizadoras privadas para hoteles, excavación de pozos para regar o rogativas a Montserrat. Mientras tanto, nuestras Administraciones siguen aletargadas a la espera de milagros. No es la sequía la causa de las restricciones; es la muy ineficiente política hidráulica y la dejadez de funciones de nuestros Gobiernos desde hace años, alimentada por la amnesia de la ciudadanía que, cuando llueve, se olvida del tema. Súmenle la falta crónica de modernización de las redes de distribución, con masivas pérdidas y fugas de agua. De otro modo, no estaríamos en situación de crisis hídrica.  

Desde 2010 no se han ejecutado inversiones en obras hidráulicas y el dinero abonado por los usuarios mediante el cánon en el recibo del agua se ha usado para otros menesteres, como, por ejemplo, enderezar el déficit de la Agencia Catalana del Agua. No disponemos de las dos desalinizadoras que se habían previsto hace años y las redes de distribución sufren pérdidas en muchos de sus tramos por falta de mantenimiento. Cuestiones que llevará años solventar, siendo además que algunas de las soluciones planteadas por las Administraciones son caras, lentas o inasumibles. Las desalinizadoras consumen una enorme cantidad de electricidad, que además no les podemos suministrar por falta de red de alta tensión; traer agua en barcos es carísimo e insuficiente y además el Puerto de Barcelona no está preparado para este tipo de atraques. Ante ello la gran medida es restringir a los ciudadanos el uso doméstico del agua, uno de los servicios públicos esenciales en un Estado que pretenda serlo. Mientras, se pretende salvar al gran motor de nuestra economía (el turismo), hasta el punto de que si eres turista puedas usar la piscina de tu hotel, mientras que si eres ciudadano no puedes usar como debieras tus grifos, ni usar tu piscina pública o privada, ni regar tus plantas.

Las auténticas soluciones al problema (no la sequía, sino el suministro de agua a los ciudadanos), en cambio, están descartadas por el Govern. La razón oculta es que les generan un problema: les obliga a gobernar con mayúsculas en un país en el que se han acostumbrado a “pastorear” los problemas sin resolverlos. Educación, sanidad, transporte, energía, función pública, estructura productiva o vivienda son cuestiones que esperan desde hace demasiados años a ser planteadas como las “cuestiones de Estado” que son, fuera de la batalla política y con alcance de miras a la altura de país.

Todas estas cuestiones presentan a los gobernantes un problema en común: no existe un consenso general sobre su gestión. Consenso que, en un país maduro, se genera tanto desde la esfera pública como desde la privada hasta llegar a un punto de encuentro que se mantendrá tanto como sea posible en el tiempo, hasta que haya que revisarlo. En un decorado cainita el consenso no existe más que para garantizar comederos comunes, aunque sea a fuerza de agotar el pienso. Y más aún en un contexto de permanente batalla electoral, ya sea general, autonómica o local, que tiene como objetivo principal seguir alimentado la máquina partidista que ha fagocitado la democracia. En resumen, el problema para el político no es tanto la problemática suscitada (sequía, déficit del servicio público o malos resultados en el informe PISA), sino la controversia social suscitada por las medidas que se deben adoptar para resolverla. Controversia que castiga directamente al resultado electoral de quien debe aplicarlas, que es quien gobierna. En fin, que gobernar es, también, perder elecciones, y esto no hay partido político que lo aguante.

De este modo la oposición social, la de los territorios y sectores afectados en el caso de la sequía, a las medidas más adecuadas hace inviable que se puedan aplicar porque en términos electorales resulta inasumible para quien gobierna. Así, la interconexión de las redes de suministro de agua catalanas -incluido el Ebro- ha sido rechazada por el Govern debido al rechazo social en Terres d’Ebre con el argumento de que el minitrasvase del Ebro no es viable porque “es una estructura fija” para derivar “más agua del Ebro de la necesaria” en algunos momentos. Los Colegios de Ingenieros y la sociedad civil con opinión técnica no opina lo mismo, pero el miedo a perder elecciones en Terres d’Ebre es superior al sentido común. Igual suerte corren otras opciones posibles como conectar el agua sobrante de riego de la zona Segarra-Garrigues o la cabecera del Segre al Llobregat. Es obvio que gobernar es generar consensos y para hacerlo no hay otra que ponerse a ello y gestionar los conflictos sociales aún a costa de perder las mamandurrias, los sueldos que se disfrutan sin merecerlos. A no ser que, en un Estado laico, los políticos crean también en los milagros.

Ramon-Jordi Moles Plaza

Jurista y analista 

TRAFICANTES DE VIRUS. El País 1.7.2021. Anna Garcia Hom; Ramon J. Moles

Las fiestas de fin de curso en Baleares (y en otros lugares) que se han convertido en focos de supercontagio de, como mínimo, COVID 19, no han sido algo casual: son el producto de la actividad de distintas agencias de viajes, hoteles y otros operadores, sumada a la asistencia de varios miles de clientes que, voluntariamente, han contratado dicho servicio y que adolecen del virus de la irresponsabilidad. Estos clientes han contado, además, por lo que se ha publicado, visto y oído en los medios, con la aquiescencia familiar, que argumentan que “los jóvenes tienen derecho a divertirse» para celebrar la superación de la selectividad.

La necedad no tiene límites. Ni la selectividad es tal, puesto que la superan más del 95% de candidatos y por tanto no conlleva festejar “selección” ninguna, ni existe el “derecho a divertirse” de “jóvenes” de ninguna edad (de 0 a más de 100 años). Menos aun cuando sabemos que la COVID mata, que se ha ensañado con los mayores, y que se contagia en circunstancias como las de masivas fiestas en Baleares donde la distancia brilla por su ausencia. Estamos más que advertidos a escala mundial. Siendo esto así, cabe preguntarse hasta qué punto es reprobable tal comportamiento por parte de personas mayores de edad, que incumplen las medidas de prevención para divertirse un rato. ¿No es esto una imprudencia grave por conducta negligente? Negligencia a cuatro niveles: el de los fiesteros, a los que solo mueve la estulticia; el de los organizadores, a los que mueve el lucro indebido; el de las administraciones públicas responsables de controlar los desplazamientos (¿dónde estaban las PCR o vacuna obligatoria para viajar?); y, finalmente, el de los medios de comunicación, que tratan a los coautores del desaguisado como si de víctimas se tratase.

Y es que las cosas, siendo como son, nos confrontan a la realidad de nuestra calidad humana. ¿Qué hubiera ocurrido si la COVID hubiera sido especialmente despiadada entre la población que hoy se dedica a festejar de manera descontrolada y provocadora? ¿Dónde quedan los aplausos balconeros dedicados al personal sanitario en tiempos de confinamiento? ¿Dónde queda el prestigio de un destino turístico que lucha por superar la crisis mientras algunos “niños” y sus cómplices se lo ponen fácil a sus competidores? ¿Así arriman el hombro los hijos de la selectividad para superar la grave crisis derivada de la COVID y reivindicar su lugar en el mundo? Hemos visto y oído declaraciones desafortunadas en defensa de la memez adolescente (de padres, madres y algún rector y rectora de universidad). No hemos visto ni oído en los medios (hasta donde hemos alcanzado) ninguna recriminación a los insensatos participantes y muy pocas a los organizadores a pesar del coste en vidas de la pandemia y del coste económico de la gestión de esta.

Quienes han traficado con virus que matan están hoy o en sus casitas o en sus hoteles o bajo seguimiento médico no vaya a ser que el resto nos quedemos también privados de nuestro derecho a vacaciones.

La «reci-procicat» por principio. Anna Garcia Hom; Ramon J. Moles. El País 13.2.2021

Vivimos inmersos en multitud de situaciones que exigen un grado de especialización importante. Ser los mejores significa ser expertos en algo. Se requieren años de experiencia antes de poder afirmar que uno sabe algo. Esto es bueno. El papel de los especialistas queda acreditado porque se requieren conocimientos especializados para resolver problemas y hacer avanzar nuestro potencial global. Sin embargo, una derivada no deseada de este enfoque de nicho es que limita las formas en que pensamos que podemos aplicar nuestro conocimiento sin que pueda ser tildado de fraude.

Algo parecido le sucede al Procicat: el organismo catalán encargado de las medidas de prevención de la COVID. En la práctica este organismo está siendo atrapado -confinado- por una doble inexperiencia: la propia y comprensible de hacer frente al cambiante comportamiento de un virus novedoso y la impropia e incomprensible resultante de ignorar a los colectivos sociales a los que van dirigidas dichas medidas. Al menos así lo intuyen estos colectivos al percibir una toma de decisiones opaca, incoherente y aparentemente arbitraria por cuanto no se acompaña de la publicación de justificaciones que las avalen.

A pesar de la conveniente necesidad de mitigar daños que la pandemia pueda ocasionar, ello no puede soslayar los damnificados a los que dicho organismo dirige sus decisiones y que las viven como abusivamente intrusivas. La pandemia hubiera podido ser el contexto ideal para desarrollar e implementar actuaciones articuladas y pactadas desde la persuasión, no desde la intrusión. Siendo evidente la conocida gravedad de las consecuencias de mantener en las pandémicas circunstancias actuales una intensa actividad económica y social, no lo es menos el alcance perjudicial de las consecuencias imprevistas derivadas de olvidar cómo afectan las decisiones del Procicat a la vida de las personas.

Sin desdeñar la dificultad de tomar decisiones bajo estas circunstancias también es justo apreciar la habilidad que se requeriría para hacerlo. La deseable “reci-procicat”, en este supuesto brilla por su ausencia. Tomar decisiones es aplicar herramientas y marcos mentales diversos, así como información específica relevante para el caso en cuestión: un martillo no es suficiente para clavar un clavo en esto que nos ocupa. Se necesitan más herramientas, más conocimientos y mayor perspectiva. De ahí que la inclusión y la implicación recíproca de actores de la vida económica, social, cultural, etc., debería haber sido la regla y no la excepción. Tomar decisiones de forma unilateral sin prever un mecanismo de participación que ayude a su comprensión y a su cuestionamiento en positivo para su mejora, provoca una asimetría informativa (en el mejor de los casos el decisor lo sabría “todo” y nosotros “nada”; en el peor nadie sabe “nada”) y, con ella, un perjuicio de los ciudadanos frente a sus gobernantes.

Esta “reci-procicat” debiera haberse basado en la transparencia, la simetría y la coherencia. Transparencia de capacidades, de criterios, justificación y resultados. Simetría de intereses y de responsabilidades. Coherencia de las medidas y de los medios. Tenemos derecho a una transparencia que nos permita saber qué criterios justifican los confinamientos perimetrales, los cierres de establecimientos o las limitaciones horarias y qué resultados presentan. Hasta hoy nadie ha explicado el porqué del cierre de unos negocios y no otros mientras se mantiene la densidad de pasajeros en autobuses y trenes de fácil contagio; o porqué se puede romper el confinamiento perimetral para votar, pero no por   motivos ejercibles en completa soledad. La necesaria simetría de intereses y responsabilidades se ve perjudicada por una obvia asimetría informativa que resulta de una asimetría de intereses: no es explicable que tomen decisiones gravosas exclusivamente quienes no se ven afectados gravemente por ellas. Quién no se juega su puesto de trabajo o su ruina económica en un cierre temporal debería, al menos, construir su decisión con la de los perjudicados. Esto permitiría que su toma de decisiones fuera más ampliamente compartida por decisores y afectados; unas decisiones mucho más de “reci-procicat”. Finalmente, la coherencia de los medios aplicados a las medidas adoptadas también es exigible cuando se contrata recaudadores de multas del confinamiento y, en cambio, parece que no hay medios para contratar rastreadores: ¿multar y cobrar sí, pero prevenir no? Otros países (Nueva Zelanda o Australia) han optado por potenciar el rastreo y (hasta ahora) se han ahorrado confinamientos ruinosos.

Transparencia, simetría y coherencia en las decisiones que se toman desde el Procicat permitirían calibrarlas para saber si sólo son buenas, son las mejores, las más defendibles, o son solamente las únicas posibles. Los ciudadanos merecemos saberlo para poder compartirlo.

Histeria ante el coronavirus: «La tecnología y las redes sociales nos han llevado a ser más miedosos»

Mar Ruiz
Madrid

El ser humano es el único animal con capacidad de tener miedo a las amenazas reales y también a las imaginadas. Es uno de los puntos de partida de ‘El manual del miedo’, un libro que está a punto de ver la luz y que recoge el trabajo de años de investigación de dos expertos en análisis y prevención de riesgos que nos han acompañado esta tarde en La Ventana: la socióloga Anna García Hom, y el profesor de Derecho Administrativo, Ramón Moles.

Ambos han destacado la desproporción entre el peligro real del coronavirus, una enfermedad conocida en su sintomatología y efectos -similar a una gripe- y el riesgo construido por la sociedad a la hora de percibirlo colectivamente. «En eso los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante y también los gestores políticos. Es lo que llamamos comunicación anticipatoria. Si quieres gestionar bien un escenario futuro plausible procura comunicarlo antes de que suceda y no después, porque si es después tendrás que ser reactivo e ir mirando el retrovisor. Si al inicio de la crisis, se hubiera lanzado el mensaje de que la propagación del virus fuera de Wuhan era posible e incluso probable, añadiendo los correspondientes mensajes de tranquilidad e información, la sociedad podría haber digerido ese escenario con más normalidad y quizá no estaríamos viendo ahora el regreso atolondrado de becarios desde Italia», ha apuntado Ramón Moles.

¿Y cómo neutralizamos esos miedos infundados o exagerados? «Básicamente llamando a las cosas por su nombre, la contaminación es contaminación, no calidad del aire. La población merece una información del máximo rigor científico pero con la mayor claridad y transparencia posible», ha añadido Anna García Hom. «Y eso exige también que a la hora de informarnos podamos acudir a las fuentes fiables, a los auténticos expertos, y no como está ocurriendo, llenemos nuestro hueco del miedo con el atajo fácil del bulo, de lo que nos cuenta el vecino, leyendo un tuit o un blog que carece de fundamento».

Son las paradojas de una sociedad cada vez más «hipocondríaca y miedosa» fruto de la tecnología y las redes sociales y la capacidad de difusión sin control de las llamadas noticias falsas, apunta Moles.

‘El manual del miedo’ aborda también la necesidad de mejorar en prevención de la gestión del riesgo y de formar a la población desde la educación, además de dar una mayor participación a los comités científicos en la gestión de las crisis sanitarias o epidemiológicas. Pueden actuar de filtro para neutralizar debates sociales o políticos sin fundamento que sólo contribuyen al ruido y a la confusión pero que no ayudan.

BASURA INCENDIARIA El Periódico, 10.1. 2020

La reciente “cima” del cambio climático convocada por la ONU en Madrid no es tal (no está en las alturas como cualquier otra “cima”), sino en lo más bajo posible (una profunda sima) si nos atenemos a los resultados de esta, más allá de sus funciones de altavoz mediático de distintos grupos de presión a favor o en contra de temáticas ambientalistas diversas.

Una vez más, no parece que la solución a cualquier problema de dimensiones planetarias vaya a ser un gran consenso mundial. Más bien todo apunta a que las grandes alteraciones del estatus mundial provendrán de cambios en las actitudes y comportamientos de las gentes a nivel individual y de pequeñas colectividades. Ello conlleva que la “solución climática” (ambiental) esté probablemente más en la gestión doméstica de nuestra vida diaria que en los fastos políticos y de lobbies. Para ello sería precisa una política de lo cercano, de lo posible, de lo individual.

Viene esto a cuento de la reciente noticia del incendio de una planta de residuos en Montornés del Vallès que contaminó el rio Besós perjudicando gravemente la recuperación de un ecosistema fluvial que empezaba a regenerarse con éxito. Este hecho coincidió casualmente con la “sima del clima” y con rimbombantes declaraciones políticas y publicitarias sobre las “bondades” de España y sus empresas en cuanto a la lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, a poco que busquen por Internet descubrirán que en la “España de las Maravillas” se han producido casi 300 incendios de plantas de reciclaje de residuos en tan sólo 8 años. Esta siniestralidad es muy extraña: ¿es que el sur de los Pirineos es más propenso a incendios casuales?, ¿nuestras instalaciones no tienen medidas de prevención de incendios? Ciertamente, demasiados incendios en plantas de reciclaje; y que lo sean por casualidad no es creíble. Más bien es altamente sospechoso: o el reciclaje de residuos no es negocio mientras que sí que lo es su recogida o, aún peor, lo es únicamente la subvención que pueda acompañarla. Mientras, archivamos la basura en contenedores de colores y la paseamos hasta los “ecoparques”. Nuestra cacareada vocación de economía circular (reaprovechar residuos) es en realidad una economía de trasvase de porquería. Y cuando ya no es negocio nos dedicamos al tráfico ilegal de residuos, cómo se vio el pasado septiembre en Indonesia, que en dos meses interceptó más de 2.000 contenedores de residuos procedentes entre otros, de España.

Ciertamente, el problema requiere soluciones sistemáticas y globales que rediseñen nuestro sistema productivo, pero también y sobre todo de un cambio de actitud individual, que, sumado a millones de cambios de actitudes, pueda servir para alterar la tendencia autodestructiva de nuestra economía depredadora basada en el consumo injustificado de todo tipo. Y esto afecta a nuestra coherencia individual y colectiva. Por ejemplo, a pesar de que el carbón es altamente contaminante, en España lo hemos subvencionado desde 1989 con más de 28.000 millones de euros y en Europa representaba en 2017 la cuarta parte de la producción eléctrica.

Mientras pretendemos dar lecciones ambientalistas a la humanidad entera resulta que, en este país, como en muchos otros, cuando la basura nos llega al cogote no la reciclamos, simplemente la quemamos. Y si el incendio se lleva por delante un bien común como puede ser un ecosistema fluvial ya vendrá el seguro a compensarlo. Y es que lo que se quema es mierda con denominación de origen: mierda de país.

¿QUIÉN DIJO MIEDO? El Periodico digital. 24 de Agosto de 2017

Los atentados de Barcelona y Cambrils han generado una respuesta colectiva simbolizada en el eslogan “no tengo miedo” y el marco mental dominante culpa de tales fechorías al “terrorismo yihadista” como sinónimo de “fanatismo religioso” ¿Debemos tener miedo del fanatismo religioso? No estamos seguros de ello porque los perfiles de los terroristas varían, además de otros factores, también en cuanto a perfil religioso (desde sujetos muy practicantes a recién llegados). No parece pues este fanatismo la única causa eficiente, aunque sí que aparece como la justificación pública de tales delitos. Además, se puede ser fanático sin llegar a cometer actos de tales magnitudes.

 

Tampoco por cuanto el islam no es sólo una religión sino una forma de vida (el papel de un imam es más amplio que el de líder religioso), con lo que, de ser así, estaríamos ante una práctica rigurosa de una forma de vida, lo que es desmentido por las trayectorias vitales de muchos de los terroristas. Recordemos por ejemplo que el perfil de los de Barcelona y Cambrils se parece poco al de los de París, Niza, 11S u 11M: eran “chavales” de Ripoll “integrados”.

 

Si no es el fundamentalismo religioso, ¿cuál puede ser entonces una de las causas eficientes del llamado “terrorismo yihadista”? Apuntamos una hipótesis. En los casos analizados aparece un elemento común muy relevante: la manipulación de los sujetos –la mal llamada “radicalización”-. Manipulación, sí, porque no puede radicalizarse quien ni siquiera es practicante moderado. La manipulación no es un fenómeno nuevo: cualquier secta se beneficia de estas técnicas para captar adeptos, y este caso no es una excepción. Estas técnicas de “lavado de cerebro” se ceban en víctimas propiciatorias a las que progresivamente se aísla de su contexto y se les construye una realidad paralela en la que son los “elegidos” para actuar según las instrucciones de su captador o controlador.

 

Para que existan víctimas manipuladas con éxito a prestarse a cometer atentados es preciso un contexto propicio, con una fractura – aunque sea latente- social, familiar, económica, religiosa, que sirva para justificar el aislamiento progresivo del sujeto. Si internet pone las cosas fáciles al captador el contexto determina su éxito.

 

De ser cierto esto, deberíamos cambiar las estrategias de abordaje del problema: no es fanatismo religioso, es terrorismo sectario. Además de persistir en el buen trabajo de análisis de inteligencia y superar los meros estudios estadísticos, debemos conseguir la mayor adhesión posible por parte de las confesiones religiosas -especialmente la islámica- para desterrar la idea de la “guerra de religiones”, puesto que esta es la que beneficia a sectas como Daesh, a Al Quaeda y a sus filiales. Debemos replantear nuestro ascensor social desterrando la idea de “integración” y sustituirla por la de “aportación”. De no hacerlo aparecerán nuevos manipulados (quizás con otras banderas) que servirán de carne de cañón para generar de nuevo el miedo.

 

Anna Garcia Hom. Socióloga.

Ramon J. Moles. Jurista.

 

LES ARMES LES CARREGA EL DIMONI. Diari Ara. 25.01.2017. Ramon J. Moles

La mort de dos agents rurals a mans d’un caçador, presumpte autor dels trets,  que segons ha avançat el conseller d’Interior, no tenia llicència per utilitzar l’arma, encara que  sí que en tenia per utilitzar altres tipus d’armes, sembla que ha reobert el debat sobre si els agents rurals han de ser, o no, un cos permanentment armat.

Es tracta d’un debat enverinat per interessos diversos que ni es pot sostenir en calent, ni es pot desviar del nucli de la qüestió, que no és altra que l’ús d’armes per part dels ciutadans, no pas dels agents rurals. La qüestió no és si els agents rurals han de treballar armats, si no en quines condicions una persona ha de poder disposar d’un arma. Malauradament la causa eficient i diabòlica del tràgic succés d’Aspra és l’ús indegut d’una arma de caça per part del presumpte autor, no pas que els agents no estiguessin armats.

Veiem primer la qüestió que no és. Els Agents Rurals són policia administrativa i agents de l’autoritat en el desenvolupament de les seves funcions. De fet, la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals, estableix, a més, que aquests podran portar un arma reglamentària quan acompleixin funcions que ho requereixin, qüestió que encara és pendent de desenvolupar mitjançant el corresponent reglament. Amb tot, les seves funcions són essencialment de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió d’espais naturals, d’investigació d’infraccions i d’informació i assessorament. És així que la necessitat d’ús d’armes per a aquestes funcions és accessòria, i pràcticament excepcional, i en cap cas es pot argumentar que les armes tenen ordinàriament un “caràcter dissuasori”. Si les armes tinguessin un efecte dissuasori també hauríem d’armar altres agents de l’autoritat en funcions de policia administrativa: els inspectors d’hisenda, o de treball, o de sanitat. Més encara, per la via de la dissuasió acabaríem justificant la lliure tinença d’armes, que esdevindria la primera barrera de protecció enfront de la delinqüència: la possessió generalitzada d’armes per part dels ciutadans faria que els delinqüents s’ho pensessin dos cops abans d’actuar.  Llàstima que l’experiència dels Estats Units d’Amèrica del Nord demostra que la pretesa dissuasió no és tal i que en realitat, genera més i més morts, fins i tot, en esglésies, campus universitaris i escoles. Les llàgrimes d’Obama en compareixences a causa de fets luctuosos derivats de la tinença generalitzada d’armes en donen fe. Afortunadament per a tots nosaltres en aquest àmbit, aquest no és el país del Sr. Trump.

Veiem ara el que efectivament és. L’ús d’armes, a casa nostra, es troba sotmès tant a la llicència preceptiva que ha d’obtenir l’usuari, com al control de la guia o documentació de la pròpia arma. En comparació amb altres països afortunadament els incidents amb armes (de caça o d’altres) són excepcionals, i els homicidis encara més. En el dramàtic cas que ens ocupa la pregunta hauria de ser: ¿què ha fallat en el control administratiu de l’arma i del seu usuari?, ¿quines responsabilitats se’n deriven?. Evidentment, és el paper de la justícia aclarir-ho, encara que no podem obviar el paper que hi podem tenir tots plegats: un enfocament serè d’un fet dramàtic que té el seu origen en una disfunció administrativa. La resposta no pot ser, de cap manera, l’increment del nombre d’armes en circulació “dissuassòria”. La resposta ha de ser, sobretot, un control rigorós , sobretot, de la capacitat psicològica dels sol·licitants de llicència, que és, normalment, la baula més incontrolada -i tan “mercantilitzada” al menys com el carnet de conduir- del procés d’autorització, atès que la intervenció d’armes a càrrec dels cossos de seguretat normalment funciona de manera adequada. La resposta ha de considerar més a fons, també,  la verificació continuada en el temps de la capacitat psicològica dels posseïdors d’armes mitjançant controls més eficients i continuats. La resposta ha de considerar també el paper dels col·lectius d’usuaris, dels caçadors però també fins i tot dels comerciants, d’armes en tasques de prevenció i d’autocontrol. La resposta ha de ser, en resum, la millora dels mecanismes de control administratiu: les armes les carrega el dimoni i és precisament en els detalls -administratius- on trobem també el dimoni.

EL RIESGO DE LA CIBERYIHAD. El Periódico de Catalunya 20.11.2015

El terrorismo intenta alterar la vida cotidiana mediante actos de violencia convencional contra objetivos concretos aunque también indiscriminados como en los recientes atentados en París. Más allá de consideraciones sobre las causas del fenómeno y de las responsabilidades evidentes (nunca exigidas lamentablemente) de algunos gobernantes occidentales en la generación del fenómeno, es imprescindible reconsiderar algunos conceptos en la lucha contra el terrorismo global.
Sabemos por experiencia cuánto daño y dolor se inflige mediante ataques convencionales, sin embargo no somos conscientes de los potenciales resultados devastadores de ataques con otras armas contra objetivos distintos de las personas y los bienes concretos. Se trata de las denominadas infraestructuras críticas: todas aquellas instalaciones vitales para los servicios básicos como agua, gas, electricidad o transporte. Son elementos de alta criticidad, de los que depende la viabilidad del sistema como tal: no hay sociedad ni en consecuencia Estado alguno que pueda resistir la privación de éstos suministros. Más allá de la criticidad de estas infraestructuras existe un factor común a todas ellas que suele pasar desapercibido a la opinión pública: todas están sujetas a elementos de control digital que son gestionados en las redes o, incluso, en la nube de datos. Se trata de grandes infraestructuras públicas o parapúblicas tributarias de sistemas de gestión digital de carácter privado en gran medida.
Por otro lado, el factor digital de la gestión de las infraestructuras críticas las hace aún más vulnerables en la medida en que a su vulnerabilidad física se unen las vulnerabilidades de los recursos digitales; no se trata ya de sabotear un tren o un sistema eléctrico mediante la inutilización de infraestructura material: un virus informático introducido en el sistema puede inutilizar redes de suministro de agua, energía, telecomunicaciones o transporte. Y no sólo redes de servicios públicos, también privados: cajeros automáticos, peajes de autopistas, comunicaciones de internet, comercio electrónico, nóminas digitales….la lista puede ser infinita y de hecho hemos asistido ya a episodios de piratería electrónica de mayor o menor envergadura en el mundo entero. Estos ataques se pueden generar desde cualquier dispositivo que tenga acceso a las redes, pudiendo incluso ser utilizados para ello dispositivos previamente infectados, aunque en manos de terceros inocentes absolutamente ignorantes de este hecho.
Todo ello nos conduce a pensar que, a pesar de la existencia de planes de protección de infraestructuras críticas vinculadas a servicios públicos, concesionarios y otros prestadores de servicios privados se hace cada vez más necesario no sólo involucrar aún más al sector privado, sino también a la ciudadanía en general en planes de medidas de autoprotección. Y ello porque a estas alturas, en la práctica, cualquier dispositivo “inteligente” puede devenir un arma de destrucción masiva.