¿Prohibir los memes? El Periódico de Catalunya digital 29.11.2016

¿PROHIBIR LOS MEMES?

El PP ha presentado una proposición no de Ley sobre la protección  del  derecho  al  honor,  a  la  intimidad  personal  y  familiar y a la propia imagen para adecuar la ley vigente, que data de 1982. Cierto, las leyes deben ser actualizadas si se quieren eficaces, pero no es menos cierto que estos derechos se hallan ya protegidos en la normativa civil y penal vigente. Incluso disponemos de otra Ley de 2015, (la conocida como ley mordaza) que sanciona incluso el uso no autorizado de las imágenes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando puedan afectar a su honor o intimidad. En resumen: tenemos ya suficiente arsenal jurídico para proteger estos derechos. Siendo además que la calidad legislativa es directamente proporcional a la sencillez, brevedad y fácil comprensión de las normas, no parece lo más razonable que llueva sobre mojado, aunque la sobreactuación normativa afecta al panorama legislativo español en general.

A la luz de la propuesta del PP bien hubiera podido ser que se quisiera actualizar el concepto de honor para adecuarlo a las tecnologías hoy existentes (redes sociales y demás). O bien pretender perfeccionar la protección jurisdiccional de estos derechos ciudadanos. Ni lo uno ni lo otro: el concepto de honor recogido en el texto es conceptualmente el mismo de la ley de 1982 y de la de 2015; por otra parte la utilización en las redes de imágenes de un particular por un tercero no autorizado ya está regulada civil y penalmente, con lo que no sería preciso redundar en lo mismo.

Entonces, ¿para qué proponer una adecuación legislativa en este ámbito?. No hace falta especular porque la misma propuesta lo justifica: “esta  proliferación  del  uso  de  las  tecnologías  de  la  información,  y  su  enorme  influencia  actual,  han  incrementado las lesiones a los derechos…con la subida de imágenes por terceros sin el consentimiento de sus titulares. Por todo ello…deviene necesario…reducir el amplio margen que en la aplicación de la Ley se otorga al arbitrio judicial.”

Se trata pues en primer lugar de incitar a legislar sobre las redes con el fin de condicionar el uso de éstas, no respecto de los particulares que ya están protegidos por la ley, sino respecto de personajes políticos públicos (que son por ejemplo objeto de “memes” en las redes) a los que la ley 1/1982 no ampara, precisamente porque son personajes públicos -no sujetos privados-. En segundo lugar, y de manera explícita, el texto anima a reducir el arbitrio judicial sobre el tema, que al parecer el PP juzga excesivo. En resumen: se pretende regular el uso de las redes para proteger la imagen de políticos y personajes públicos en las mismas, y reducir el arbitrio judicial para poder actuar contra aquellos que usan estas imágenes en las redes.  No sorprende que el funcionamiento y la repercusión de las redes sociales causen zozobra en aquellos que viven principalmente de su imagen o apariencia pública. Lo que sorprende es la incapacidad de estos mismos para comprender el funcionamiento del ecosistema digital.

Existen a mi juicio dos sinrazones en esta proposición no de ley que la cuestionan por su base. En primer lugar la imagen pública de un personaje público es pública tanto en las redes como en el mundo físico y no forma parte de su intimidad: los límites de su uso en las redes son los mismos que en el mundo físico y no es preciso regular las redes para protegerla de modo distinto al mundo físico. Ahora bien, si lo que se quiere es ampliar el concepto de intimidad y propia imagen a personajes públicos y políticos en ejercicio de sus funciones para protegerles de mensajes y memes en la red dígase, aunque entonces nos habremos cargado de paso el derecho a la información puesto que no habrá nada sobre lo que informar -ni en la red ni en el mundo físico- que no pueda ser vetado por el personaje público en cuestión con el argumento de que afecta a su intimidad.

En segundo lugar, pretender reducir el arbitrio judicial para la aplicación de las normas, esto es, la facultad que la ley deja a los jueces o autoridades para la apreciación de circunstancias o para la moderación de sus decisiones, es un ejercicio de autoritarismo inaceptable que socava la división de poderes y que confirma un estilo de gobernar.   En los tiempos de Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin querer limitar legislativamente la libertad y la capacidad expresiva de la sociedad respecto de sus personajes públicos es tan ingenuo como pretender que nos creamos que es posible hacerlo.

Ramon J. Moles

Profesor titular de Derecho Administrativo


DEBAT SOBRE CORRUPCIÓ A BARCELONA TELEVISIÓ

18.09.2016

http://www.btv.cat/alacarta/taula-de-reflexio/46469/


“Intel·ligència competitiva i auditoria” Revista L’Auditor. No. 75. Abril 2016. pp. 12-13

 


UNIVERSIDADES “RANKEANTES”. La Lamentable. 9 Abril 2016

Nuestras universidades pueden presumir. En el Times Higher Education de universidades jóvenes la UAB está en el puesto número 12 mundial y el 1 estatal. En el último Informe U-Multirank de la UE hay tres universidades españolas entre las mejores en investigación (Pompeu Fabra, Mondragón y Barcelona); otras tres (Antonio de Nebrija, Mondragón y Politécnica de Cataluña) en transferencia de conocimiento. Pontificia de Comillas, Deusto y Carlos III en movilidad de alumnos. Y  Católica de Valencia, Europea de Madrid y  CEU Cardenal Herrera de Valencia en compromiso regional. Por si fuera poco el último informe sobre universidades españolas realizado por la Fundación BBVA concluye que el sistema universitario más potente es el catalán, con un rendimiento un 20% por encima de la media. Felicidades sinceras ante tanto relumbrón… a pesar de algunas sombras.

Una. Ninguna universidad española obtiene la puntuación máxima en enseñanza y aprendizaje: curioso tratándose de una de sus funciones fundamentales. Dos. La proliferación de rankings universitarios ha degenerado en una guerra que hace que al final todas puedan ser excelentes en algo, aunque sea por ser las universidades más jóvenes o por los metros cuadrados de césped por alumno. Tres. El U-Multirank ya nació cuestionado: en 2014 solo 517 de los 879 centros analizados respondieron la encuesta y de las 73 universidades españolas sólo participaron 39, lo que llevó a que los resultados no pudieran ser considerados demasiado fiables. Cierto es que el número de participantes aumenta con los años. Cuatro y final. Si el último U-Multirank es fiable observen un fenómeno curioso: hay muchas universidades privadas españolas bien posicionadas. De ser cierto esto debería tener un fiel reflejo en la política universitaria de nuestras administraciones: la Ley Orgánica de Universidades establece en su art. 1 que “la Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio”. No discrimina entre públicas y privadas, luego, si las privadas también desarrollan un servicio público y además acreditan posiciones excelentes en los ránkings, ¿por qué se las excluye de las convocatorias competitivas de ayudas a la investigación y de otros fondos públicos operativos? Mientras no ganemos en coherencia nuestra posición real en los ránkings continuará siendo, cuando menos, renqueante.


Artículo en “La lamentable” sobre la eliminación del Máster en homeopatía en la UB

http://lamentable.org/dogmatismo-cientifico-y-universidad/


Universidad y ocupación. La Vanguardia. 14.03.2016

Según el “Barómetro de empleabilidad de los universitarios en España de 2015”, que encuesta en 46 universidades a 13.000 egresados del curso 2009-2010, el 37% de ellos encontró trabajo gracias a conocidos, muy por delante del trato con empresas y portales especializados o servicios universitarios de empleo, que sólo sirvieron al 7%. Hay quien alega que recurrir a conocidos va contra la igualdad de oportunidades como si desviando la atención de las cifras estas mejoraran.
Obviamente la universidad no puede servir sólo al objetivo de la empleabilidad de sus egresados, pues se debe también a otras funciones principales (docencia, investigación, transferencia de conocimiento o reequilibrio territorial) aunque el modelo universitario debe responder, también, a unas expectativas generadas de modo no casual: a más alumnos matriculados, aún a costa de decepcionar expectativas, mayor financiación.
Alto y claro: la universidad ya no es un ascensor social ni una garantía de empleo. Sí es un servicio público indispensable para el progreso de las gentes, de su cultura y de su economía. ¿Ello implica que nuestras universidades pueden hacer objeción de una necesidad de sus egresados como es la de encontrar empleo? Rotundamente no. Para ello es preciso actuar en dos direcciones. La primera, situar las expectativas en su punto razonable: sepan señores estudiantes que, a pesar de no ser una oficina de empleo, su universidad hará todo lo que esté en su mano para acompañarles en su acceso al mercado de trabajo.
La segunda, que sea cierto. Y para que lo sea nuestras universidades deben evolucionar. Renovar la docencia para, además de justificar intereses meramente académicos, acercarla también a intereses sociales generales. Acentuar aún más el papel de sus Consejos Sociales. Aproximarse a las empresas para aprender de ellas. Desburocratizarse. Invertir en imaginación. Participar en la Formación Profesional Superior. Flexibilizar sus servicios de empleo. Ganar prestigio para invertirlo en apoyar a sus estudiantes. Financiarse, también, en función de la empleabilidad de sus egresados, no sólo del número de estudiantes matriculados. Resumiendo, las universidades deben ser más eficientes en la mejora de la empleabilidad de sus egresados si no quieren defraudar las expectativas generadas.

Ramon J. Moles
Ex secretario general de Universidades de la Generalitat de Catalunya


Entrevista a Ramon J. Moles en el programa “Valor afegit” de TV3 sobre inversiones y financiación del terrorismo

http://www.ccma.cat/tv3/valor-afegit/