DEBAT SOBRE CORRUPCIÓ A BARCELONA TELEVISIÓ

18.09.2016

http://www.btv.cat/alacarta/taula-de-reflexio/46469/


“Intel·ligència competitiva i auditoria” Revista L’Auditor. No. 75. Abril 2016. pp. 12-13

 


UNIVERSIDADES “RANKEANTES”. La Lamentable. 9 Abril 2016

Nuestras universidades pueden presumir. En el Times Higher Education de universidades jóvenes la UAB está en el puesto número 12 mundial y el 1 estatal. En el último Informe U-Multirank de la UE hay tres universidades españolas entre las mejores en investigación (Pompeu Fabra, Mondragón y Barcelona); otras tres (Antonio de Nebrija, Mondragón y Politécnica de Cataluña) en transferencia de conocimiento. Pontificia de Comillas, Deusto y Carlos III en movilidad de alumnos. Y  Católica de Valencia, Europea de Madrid y  CEU Cardenal Herrera de Valencia en compromiso regional. Por si fuera poco el último informe sobre universidades españolas realizado por la Fundación BBVA concluye que el sistema universitario más potente es el catalán, con un rendimiento un 20% por encima de la media. Felicidades sinceras ante tanto relumbrón… a pesar de algunas sombras.

Una. Ninguna universidad española obtiene la puntuación máxima en enseñanza y aprendizaje: curioso tratándose de una de sus funciones fundamentales. Dos. La proliferación de rankings universitarios ha degenerado en una guerra que hace que al final todas puedan ser excelentes en algo, aunque sea por ser las universidades más jóvenes o por los metros cuadrados de césped por alumno. Tres. El U-Multirank ya nació cuestionado: en 2014 solo 517 de los 879 centros analizados respondieron la encuesta y de las 73 universidades españolas sólo participaron 39, lo que llevó a que los resultados no pudieran ser considerados demasiado fiables. Cierto es que el número de participantes aumenta con los años. Cuatro y final. Si el último U-Multirank es fiable observen un fenómeno curioso: hay muchas universidades privadas españolas bien posicionadas. De ser cierto esto debería tener un fiel reflejo en la política universitaria de nuestras administraciones: la Ley Orgánica de Universidades establece en su art. 1 que “la Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio”. No discrimina entre públicas y privadas, luego, si las privadas también desarrollan un servicio público y además acreditan posiciones excelentes en los ránkings, ¿por qué se las excluye de las convocatorias competitivas de ayudas a la investigación y de otros fondos públicos operativos? Mientras no ganemos en coherencia nuestra posición real en los ránkings continuará siendo, cuando menos, renqueante.


Artículo en “La lamentable” sobre la eliminación del Máster en homeopatía en la UB

http://lamentable.org/dogmatismo-cientifico-y-universidad/


Universidad y ocupación. La Vanguardia. 14.03.2016

Según el “Barómetro de empleabilidad de los universitarios en España de 2015”, que encuesta en 46 universidades a 13.000 egresados del curso 2009-2010, el 37% de ellos encontró trabajo gracias a conocidos, muy por delante del trato con empresas y portales especializados o servicios universitarios de empleo, que sólo sirvieron al 7%. Hay quien alega que recurrir a conocidos va contra la igualdad de oportunidades como si desviando la atención de las cifras estas mejoraran.
Obviamente la universidad no puede servir sólo al objetivo de la empleabilidad de sus egresados, pues se debe también a otras funciones principales (docencia, investigación, transferencia de conocimiento o reequilibrio territorial) aunque el modelo universitario debe responder, también, a unas expectativas generadas de modo no casual: a más alumnos matriculados, aún a costa de decepcionar expectativas, mayor financiación.
Alto y claro: la universidad ya no es un ascensor social ni una garantía de empleo. Sí es un servicio público indispensable para el progreso de las gentes, de su cultura y de su economía. ¿Ello implica que nuestras universidades pueden hacer objeción de una necesidad de sus egresados como es la de encontrar empleo? Rotundamente no. Para ello es preciso actuar en dos direcciones. La primera, situar las expectativas en su punto razonable: sepan señores estudiantes que, a pesar de no ser una oficina de empleo, su universidad hará todo lo que esté en su mano para acompañarles en su acceso al mercado de trabajo.
La segunda, que sea cierto. Y para que lo sea nuestras universidades deben evolucionar. Renovar la docencia para, además de justificar intereses meramente académicos, acercarla también a intereses sociales generales. Acentuar aún más el papel de sus Consejos Sociales. Aproximarse a las empresas para aprender de ellas. Desburocratizarse. Invertir en imaginación. Participar en la Formación Profesional Superior. Flexibilizar sus servicios de empleo. Ganar prestigio para invertirlo en apoyar a sus estudiantes. Financiarse, también, en función de la empleabilidad de sus egresados, no sólo del número de estudiantes matriculados. Resumiendo, las universidades deben ser más eficientes en la mejora de la empleabilidad de sus egresados si no quieren defraudar las expectativas generadas.

Ramon J. Moles
Ex secretario general de Universidades de la Generalitat de Catalunya


Entrevista a Ramon J. Moles en el programa “Valor afegit” de TV3 sobre inversiones y financiación del terrorismo

http://www.ccma.cat/tv3/valor-afegit/

 


“Olvido digital y memoria histórica”. Ramon J. Moles. La Vanguardia. 11.12.2015

Curioso: exigimos el “derecho al olvido digital” y a la vez reivindicamos la “memoria histórica”. La contradicción, en realidad, no es tal. El “derecho al olvido digital” no es tanto un derecho al olvido como un derecho a la contextualización, como indica el Tribunal Supremo de los EEUU cuando lo denomina “derecho a la oscuridad práctica”, esto es, derecho a pasar desapercibido en las redes. En otras palabras: que la información contenida en las redes no pueda ser malinterpretada como consecuencia de su contextualización. Igualmente el Tribunal Supremo español ampara el derecho al olvido digital pero rechaza la “censura retrospectiva” o posibilidad de eliminar datos del pasado a gusto del consumidor. Obviamente nadie puede negar ni olvidar su pasado por cuanto forma parte de su historia, de su “yo”, en resumen. Sería negar la vida misma. Ahí radica la importancia de los archivos.
La explicación a la aparente contradicción es simple: mientras que los archivos físicos están perfectamente contextualizados en su momento temporal o histórico, los archivos digitales, en manos de buscadores automáticos y con gran facilidad de acceso por parte de cualquiera, permiten en la práctica “reconstruir” el pasado como si un presente permanente. Así, los antecedentes negativos del pasado de alguien se mezclan en Internet con su presente más rabioso en función del posicionamiento que le otorga el buscador, no de la vigencia de la información. El “tiempo” de Internet no es físico: es construido.
No se trata pues del “derecho al olvido” ni digital ni físico (y si no que lo pregunten a quienes abogamos por la memoria histórica y su dignidad). Se trata de proteger la “oscuridad práctica”: el control de la difusión de la información en Internet, no su mera eliminación (que sería contraria al sentido común como lo sería la quema de archivos). Este control debe estar en manos del propietario o del sujeto de la información; y el motor de búsqueda (un robot, al fin y al cabo) subordinado a los derechos de los usuarios, susceptibles de ser protegidos bien en contextos regulatorios clásicos, bien mediante modelos autorregulatorios (construidos consensuadamente por operadores y usuarios). De este modo es posible no “olvidar” nuestras historias protegiendo a la vez la propia identidad.


EL RIESGO DE LA CIBERYIHAD. El Periódico de Catalunya 20.11.2015

El terrorismo intenta alterar la vida cotidiana mediante actos de violencia convencional contra objetivos concretos aunque también indiscriminados como en los recientes atentados en París. Más allá de consideraciones sobre las causas del fenómeno y de las responsabilidades evidentes (nunca exigidas lamentablemente) de algunos gobernantes occidentales en la generación del fenómeno, es imprescindible reconsiderar algunos conceptos en la lucha contra el terrorismo global.
Sabemos por experiencia cuánto daño y dolor se inflige mediante ataques convencionales, sin embargo no somos conscientes de los potenciales resultados devastadores de ataques con otras armas contra objetivos distintos de las personas y los bienes concretos. Se trata de las denominadas infraestructuras críticas: todas aquellas instalaciones vitales para los servicios básicos como agua, gas, electricidad o transporte. Son elementos de alta criticidad, de los que depende la viabilidad del sistema como tal: no hay sociedad ni en consecuencia Estado alguno que pueda resistir la privación de éstos suministros. Más allá de la criticidad de estas infraestructuras existe un factor común a todas ellas que suele pasar desapercibido a la opinión pública: todas están sujetas a elementos de control digital que son gestionados en las redes o, incluso, en la nube de datos. Se trata de grandes infraestructuras públicas o parapúblicas tributarias de sistemas de gestión digital de carácter privado en gran medida.
Por otro lado, el factor digital de la gestión de las infraestructuras críticas las hace aún más vulnerables en la medida en que a su vulnerabilidad física se unen las vulnerabilidades de los recursos digitales; no se trata ya de sabotear un tren o un sistema eléctrico mediante la inutilización de infraestructura material: un virus informático introducido en el sistema puede inutilizar redes de suministro de agua, energía, telecomunicaciones o transporte. Y no sólo redes de servicios públicos, también privados: cajeros automáticos, peajes de autopistas, comunicaciones de internet, comercio electrónico, nóminas digitales….la lista puede ser infinita y de hecho hemos asistido ya a episodios de piratería electrónica de mayor o menor envergadura en el mundo entero. Estos ataques se pueden generar desde cualquier dispositivo que tenga acceso a las redes, pudiendo incluso ser utilizados para ello dispositivos previamente infectados, aunque en manos de terceros inocentes absolutamente ignorantes de este hecho.
Todo ello nos conduce a pensar que, a pesar de la existencia de planes de protección de infraestructuras críticas vinculadas a servicios públicos, concesionarios y otros prestadores de servicios privados se hace cada vez más necesario no sólo involucrar aún más al sector privado, sino también a la ciudadanía en general en planes de medidas de autoprotección. Y ello porque a estas alturas, en la práctica, cualquier dispositivo “inteligente” puede devenir un arma de destrucción masiva.


REFUNDACIÓN UNIVERSITARIA. El Periódico de Catalunya. 26.8.2015

La propuesta de Ciudadanos para la universidad pública acierta en apuntar a algunos de los principales problemas crónicos de nuestra universidad: gobernanza inadecuada, financiación incoherente y autonomía inexistente.
Nuestra gobernanza es inadecuada porque es propia de estructuras medievales tamizadas por el franquismo y actualizadas en la transición, que se basa en un modelo corporativista en el que la capacidad de adaptación a nuevos contextos es prácticamente nula. Un modelo en el que el poder del rector está laminado por órganos de carácter estamental; en el que cada cual cree que la universidad es suya, no de todos; en el que la figura del Consejo Social remite a un órgano sin capacidad real de auténtica supervisión. La financiación es incoherente por cuanto no es adecuada a los objetivos de la institución: generar y suministrar conocimiento a la sociedad que la sustenta. El modelo de financiación universitaria se basa en la distorsión de lo que significa el servicio público: como si el sector público, por el sólo hecho de serlo, se financiara con cargo a algo distinto al bolsillo de todos y pudiera garantizar, sin más, los más altos niveles de eficiencia. Un sector público dónde el déficit acumulado es, simplemente, un dato contable. La autonomía universitaria en la prestación del servicio es inexistente en la medida en que las universidades no pueden redefinir sus plantillas docentes para ganar en eficiencia, no pueden fijar sus planes de estudios para distinguirse de sus competidoras y tampoco pueden escoger a sus estudiantes. Prueba de ello es la escasa capacidad de las pruebas selectivas de acceso para dotar a las universidades de mejores alumnos.
La propuesta presentada por Rivera y Garicano, sin embargo, debiera incorporar algunos otros elementos básicos que suelen quedar en el tintero: si la sociedad española realmente aspira a una universidad mejor debe implicarse en ello. Lo contrario es prueba obvia de que tenemos la universidad que queremos y nos merecemos. Es imprescindible una mayor implicación de la sociedad, hoy ajena realmente a la educación superior, mediante, por ejemplo, unos Consejos Sociales que sean los auténticos garantes e impulsores de la misma. A partir de ello debería ser posible establecer puentes para una real conexión de la universidad con la sociedad y las empresas más allá de su exigible implicación económica. No sólo mediante la transferencia de tecnología, sino también mediante su implicación en la actividad docente e investigadora: adaptando la formación continua a sus necesidades, estableciendo capacidades docentes de los profesionales de las empresas, y , sobretodo, considerando verdaderamente la Formación Profesional Superior como parte de la Educación Superior, lo que redundaría además en la descongestión de los estudios de grado.
Se requiere también actualizar el concepto de universidad pública a la luz de la realidad del siglo XXI. Hoy puede ser considerado público todo aquello que tiene por objeto la satisfacción del interés público, con independencia de su estatus jurídico público o privado. Lo público debe ser tributario de una idea “social” (lo público es de la sociedad); sin embargo nuestro concepto de lo público todavía hoy se asimila a las estructuras burocráticas (lo público es de la administración). Lo público debe poder ser gestionado obviamente desde estructuras administrativas, pero también desde fundaciones, fideicomisos, asociaciones, cooperativas e incluso empresas mercantiles de carácter social. Lo público no puede ser monopolio de la burocracia: lo público es de la sociedad civil. La universidad no pertenece a sus burocracias académicas y de gestión: pertenece a la sociedad, y sin embargo esta evidencia, hasta hoy, no ha hallado reflejo suficiente en la universidad cómo bien indica Ciudadanos al referirse a las burocracias universitarias “estalinistas”.
Ciertamente, la “reforma universitaria” no es posible: la práctica de los últimos 40 años lo demuestra. Las sucesivas reformas legislativas se han efectuado al son de las mayorías y equilibrios parlamentarios, de espaldas a la sociedad y al servicio de los intereses partidistas y estamentales de las burocracias de distinto pelaje. Si queremos una universidad a la altura de los países avanzados es preciso un pacto social de refundación de la universidad en el que además de los estamentos universitarios participe de modo decisivo su propietario: la sociedad. Un pacto social que implique a todos, que excluya la educación superior de la trinchera partidista y que establezca una agenda intergeneracional para la refundación de la universidad puesto que esta sólo es posible en un horizonte temporal que supera los mandatos parlamentarios y que debe comprometer a varias generaciones de ciudadanos.

Ramon J. Moles Plaza
Ex secretario general de Universidades de la Generalitat de Catalunya


Becas más eficaces. La Vanguardia. 16/6/2015

Un reciente informe afirma que el sistema público de becas es insuficiente e ineficaz. Veamos. Las becas son ayudas al estudio o a la formación con objeto de superar barreras económicas y que se financian con cargo a impuestos pagados por todos los ciudadanos. Son importantes en la enseñanza obligatoria (hasta ESO) precisamente porque es obligatoria (no voluntaria) y porque es la puerta de entrada al ascensor social en que la educación también consiste. Sin embargo en la enseñanza pública no obligatoria (básicamente estudios superiores), además de becas, el coste real de los estudios se financia sobre todo por la vía de la aportación directa de recursos públicos al presupuesto de la universidad, lo que supone que cada estudiante disfrute realmente de una beca encubierta de aproximadamente un 80% del coste real de su plaza. Parece lógico pues destinar más becas a la formación obligatoria que a la no obligatoria, siendo además que la segunda ya goza de una financiación importante vía presupuestos.
¿Son ineficaces? En el caso universitario pueden serlo en la medida en que su existencia no evita el absentismo estudiantil ni garantiza, por tanto, el aprovechamiento del servicio público. En otras palabras: si los estudios universitarios públicos son tan caros, ¿cómo se explica el absentismo de los estudiantes?. Ante ello es posible establecer sistemas de financiación pública más equitativos: otorguemos a cada estudiante, con su matrícula, un crédito al estudio por el coste real de su plaza. Así sabrá exactamente que cuesta realmente el servicio público que se le presta y lo caro que le puede resultar el absentismo. En función de su capacidad económica y de los resultados académicos que obtenga vayamos convirtiendo en cada curso el préstamo en beca. De este modo quien no acredite resultados deberá devolver el préstamo: le saldrá muy caro matricularse sin ir a clase ni aprovechar el servicio. Quien acredite resultados y no disponga de capacidad económica terminará disfrutado de una beca.

Este modelo permitiría aflorar el coste real del servicio, reducir el absentismo (que resulta carísimo a la universidad al tener que programar recursos después infrautilizados), y conseguimos una mejor redistribución de las ayudas públicas (que se otorgan a quien realmente los aprovecha).