ARTÍCULOS

Universidad y ocupación (La Vanguardia)

Según el “Barómetro de empleabilidad de los universitarios en España de 2015”, que encuesta en 46 universidades a 13.000 egresados del curso 2009-2010, el 37% de ellos encontró trabajo gracias a conocidos, muy por delante del trato con empresas y portales especializados o servicios universitarios de empleo, que sólo sirvieron al 7%. Hay quien alega que recurrir a conocidos va contra la igualdad de oportunidades como si desviando la atención de las cifras estas mejoraran.
Obviamente la universidad no puede servir sólo al objetivo de la empleabilidad de sus egresados, pues se debe también a otras funciones principales (docencia, investigación, transferencia de conocimiento o reequilibrio territorial) aunque el modelo universitario debe responder, también, a unas expectativas generadas de modo no casual: a más alumnos matriculados, aún a costa de decepcionar expectativas, mayor financiación.
Alto y claro: la universidad ya no es un ascensor social ni una garantía de empleo. Sí es un servicio público indispensable para el progreso de las gentes, de su cultura y de su economía. ¿Ello implica que nuestras universidades pueden hacer objeción de una necesidad de sus egresados como es la de encontrar empleo? Rotundamente no. Para ello es preciso actuar en dos direcciones. La primera, situar las expectativas en su punto razonable: sepan señores estudiantes que, a pesar de no ser una oficina de empleo, su universidad hará todo lo que esté en su mano para acompañarles en su acceso al mercado de trabajo.
La segunda, que sea cierto. Y para que lo sea nuestras universidades deben evolucionar. Renovar la docencia para, además de justificar intereses meramente académicos, acercarla también a intereses sociales generales. Acentuar aún más el papel de sus Consejos Sociales. Aproximarse a las empresas para aprender de ellas. Desburocratizarse. Invertir en imaginación. Participar en la Formación Profesional Superior. Flexibilizar sus servicios de empleo. Ganar prestigio para invertirlo en apoyar a sus estudiantes. Financiarse, también, en función de la empleabilidad de sus egresados, no sólo del número de estudiantes matriculados. Resumiendo, las universidades deben ser más eficientes en la mejora de la empleabilidad de sus egresados si no quieren defraudar las expectativas generadas.

Ramon J. Moles
Ex secretario general de Universidades de la Generalitat de Catalunya

Publicado en La Vanguardia el 14 de marzo de 2016.

Olvido digital y memoria histórica (La Vanguardia)

Curioso: exigimos el “derecho al olvido digital” y a la vez reivindicamos la “memoria histórica”. La contradicción, en realidad, no es tal. El “derecho al olvido digital” no es tanto un derecho al olvido como un derecho a la contextualización, como indica el Tribunal Supremo de los EEUU cuando lo denomina “derecho a la oscuridad práctica”, esto es, derecho a pasar desapercibido en las redes. En otras palabras: que la información contenida en las redes no pueda ser malinterpretada como consecuencia de su contextualización. Igualmente el Tribunal Supremo español ampara el derecho al olvido digital pero rechaza la “censura retrospectiva” o posibilidad de eliminar datos del pasado a gusto del consumidor. Obviamente nadie puede negar ni olvidar su pasado por cuanto forma parte de su historia, de su “yo”, en resumen. Sería negar la vida misma. Ahí radica la importancia de los archivos.
La explicación a la aparente contradicción es simple: mientras que los archivos físicos están perfectamente contextualizados en su momento temporal o histórico, los archivos digitales, en manos de buscadores automáticos y con gran facilidad de acceso por parte de cualquiera, permiten en la práctica «reconstruir» el pasado como si un presente permanente. Así, los antecedentes negativos del pasado de alguien se mezclan en Internet con su presente más rabioso en función del posicionamiento que le otorga el buscador, no de la vigencia de la información. El “tiempo” de Internet no es físico: es construido.
No se trata pues del “derecho al olvido” ni digital ni físico (y si no que lo pregunten a quienes abogamos por la memoria histórica y su dignidad). Se trata de proteger la “oscuridad práctica”: el control de la difusión de la información en Internet, no su mera eliminación (que sería contraria al sentido común como lo sería la quema de archivos). Este control debe estar en manos del propietario o del sujeto de la información; y el motor de búsqueda (un robot, al fin y al cabo) subordinado a los derechos de los usuarios, susceptibles de ser protegidos bien en contextos regulatorios clásicos, bien mediante modelos autorregulatorios (construidos consensuadamente por operadores y usuarios). De este modo es posible no “olvidar” nuestras historias protegiendo a la vez la propia identidad.

Publicado en La Vanguardia el 11 de diciembre de 2015.

El riesgo de la ciberyihad (El Periódico de Catalunya)

El terrorismo intenta alterar la vida cotidiana mediante actos de violencia convencional contra objetivos concretos aunque también indiscriminados como en los recientes atentados en París. Más allá de consideraciones sobre las causas del fenómeno y de las responsabilidades evidentes (nunca exigidas lamentablemente) de algunos gobernantes occidentales en la generación del fenómeno, es imprescindible reconsiderar algunos conceptos en la lucha contra el terrorismo global.
Sabemos por experiencia cuánto daño y dolor se inflige mediante ataques convencionales, sin embargo no somos conscientes de los potenciales resultados devastadores de ataques con otras armas contra objetivos distintos de las personas y los bienes concretos. Se trata de las denominadas infraestructuras críticas: todas aquellas instalaciones vitales para los servicios básicos como agua, gas, electricidad o transporte. Son elementos de alta criticidad, de los que depende la viabilidad del sistema como tal: no hay sociedad ni en consecuencia Estado alguno que pueda resistir la privación de éstos suministros. Más allá de la criticidad de estas infraestructuras existe un factor común a todas ellas que suele pasar desapercibido a la opinión pública: todas están sujetas a elementos de control digital que son gestionados en las redes o, incluso, en la nube de datos. Se trata de grandes infraestructuras públicas o parapúblicas tributarias de sistemas de gestión digital de carácter privado en gran medida.
Por otro lado, el factor digital de la gestión de las infraestructuras críticas las hace aún más vulnerables en la medida en que a su vulnerabilidad física se unen las vulnerabilidades de los recursos digitales; no se trata ya de sabotear un tren o un sistema eléctrico mediante la inutilización de infraestructura material: un virus informático introducido en el sistema puede inutilizar redes de suministro de agua, energía, telecomunicaciones o transporte. Y no sólo redes de servicios públicos, también privados: cajeros automáticos, peajes de autopistas, comunicaciones de internet, comercio electrónico, nóminas digitales….la lista puede ser infinita y de hecho hemos asistido ya a episodios de piratería electrónica de mayor o menor envergadura en el mundo entero. Estos ataques se pueden generar desde cualquier dispositivo que tenga acceso a las redes, pudiendo incluso ser utilizados para ello dispositivos previamente infectados, aunque en manos de terceros inocentes absolutamente ignorantes de este hecho.
Todo ello nos conduce a pensar que, a pesar de la existencia de planes de protección de infraestructuras críticas vinculadas a servicios públicos, concesionarios y otros prestadores de servicios privados se hace cada vez más necesario no sólo involucrar aún más al sector privado, sino también a la ciudadanía en general en planes de medidas de autoprotección. Y ello porque a estas alturas, en la práctica, cualquier dispositivo “inteligente” puede devenir un arma de destrucción masiva.

Publicado en El Periódico de Catalunya el 21 de noviembre de 2015.

Refundación universitaria (El Periódico de Catalunya)

La propuesta de Ciudadanos para la universidad pública acierta en apuntar a algunos de los principales problemas crónicos de nuestra universidad: gobernanza inadecuada, financiación incoherente y autonomía inexistente.
Nuestra gobernanza es inadecuada porque es propia de estructuras medievales tamizadas por el franquismo y actualizadas en la transición, que se basa en un modelo corporativista en el que la capacidad de adaptación a nuevos contextos es prácticamente nula. Un modelo en el que el poder del rector está laminado por órganos de carácter estamental; en el que cada cual cree que la universidad es suya, no de todos; en el que la figura del Consejo Social remite a un órgano sin capacidad real de auténtica supervisión. La financiación es incoherente por cuanto no es adecuada a los objetivos de la institución: generar y suministrar conocimiento a la sociedad que la sustenta. El modelo de financiación universitaria se basa en la distorsión de lo que significa el servicio público: como si el sector público, por el sólo hecho de serlo, se financiara con cargo a algo distinto al bolsillo de todos y pudiera garantizar, sin más, los más altos niveles de eficiencia. Un sector público dónde el déficit acumulado es, simplemente, un dato contable. La autonomía universitaria en la prestación del servicio es inexistente en la medida en que las universidades no pueden redefinir sus plantillas docentes para ganar en eficiencia, no pueden fijar sus planes de estudios para distinguirse de sus competidoras y tampoco pueden escoger a sus estudiantes. Prueba de ello es la escasa capacidad de las pruebas selectivas de acceso para dotar a las universidades de mejores alumnos.
La propuesta presentada por Rivera y Garicano, sin embargo, debiera incorporar algunos otros elementos básicos que suelen quedar en el tintero: si la sociedad española realmente aspira a una universidad mejor debe implicarse en ello. Lo contrario es prueba obvia de que tenemos la universidad que queremos y nos merecemos. Es imprescindible una mayor implicación de la sociedad, hoy ajena realmente a la educación superior, mediante, por ejemplo, unos Consejos Sociales que sean los auténticos garantes e impulsores de la misma. A partir de ello debería ser posible establecer puentes para una real conexión de la universidad con la sociedad y las empresas más allá de su exigible implicación económica. No sólo mediante la transferencia de tecnología, sino también mediante su implicación en la actividad docente e investigadora: adaptando la formación continua a sus necesidades, estableciendo capacidades docentes de los profesionales de las empresas, y , sobretodo, considerando verdaderamente la Formación Profesional Superior como parte de la Educación Superior, lo que redundaría además en la descongestión de los estudios de grado.
Se requiere también actualizar el concepto de universidad pública a la luz de la realidad del siglo XXI. Hoy puede ser considerado público todo aquello que tiene por objeto la satisfacción del interés público, con independencia de su estatus jurídico público o privado. Lo público debe ser tributario de una idea “social” (lo público es de la sociedad); sin embargo nuestro concepto de lo público todavía hoy se asimila a las estructuras burocráticas (lo público es de la administración). Lo público debe poder ser gestionado obviamente desde estructuras administrativas, pero también desde fundaciones, fideicomisos, asociaciones, cooperativas e incluso empresas mercantiles de carácter social. Lo público no puede ser monopolio de la burocracia: lo público es de la sociedad civil. La universidad no pertenece a sus burocracias académicas y de gestión: pertenece a la sociedad, y sin embargo esta evidencia, hasta hoy, no ha hallado reflejo suficiente en la universidad cómo bien indica Ciudadanos al referirse a las burocracias universitarias “estalinistas”.
Ciertamente, la “reforma universitaria” no es posible: la práctica de los últimos 40 años lo demuestra. Las sucesivas reformas legislativas se han efectuado al son de las mayorías y equilibrios parlamentarios, de espaldas a la sociedad y al servicio de los intereses partidistas y estamentales de las burocracias de distinto pelaje. Si queremos una universidad a la altura de los países avanzados es preciso un pacto social de refundación de la universidad en el que además de los estamentos universitarios participe de modo decisivo su propietario: la sociedad. Un pacto social que implique a todos, que excluya la educación superior de la trinchera partidista y que establezca una agenda intergeneracional para la refundación de la universidad puesto que esta sólo es posible en un horizonte temporal que supera los mandatos parlamentarios y que debe comprometer a varias generaciones de ciudadanos.

Ramon J. Moles Plaza
Ex secretario general de Universidades de la Generalitat de Catalunya

Publicado en El Periódico de Catalunya el 26 de agosto de 2015.

Becas más eficaces (La Vanguardia)

Un reciente informe afirma que el sistema público de becas es insuficiente e ineficaz. Veamos. Las becas son ayudas al estudio o a la formación con objeto de superar barreras económicas y que se financian con cargo a impuestos pagados por todos los ciudadanos. Son importantes en la enseñanza obligatoria (hasta ESO) precisamente porque es obligatoria (no voluntaria) y porque es la puerta de entrada al ascensor social en que la educación también consiste. Sin embargo en la enseñanza pública no obligatoria (básicamente estudios superiores), además de becas, el coste real de los estudios se financia sobre todo por la vía de la aportación directa de recursos públicos al presupuesto de la universidad, lo que supone que cada estudiante disfrute realmente de una beca encubierta de aproximadamente un 80% del coste real de su plaza. Parece lógico pues destinar más becas a la formación obligatoria que a la no obligatoria, siendo además que la segunda ya goza de una financiación importante vía presupuestos.
¿Son ineficaces? En el caso universitario pueden serlo en la medida en que su existencia no evita el absentismo estudiantil ni garantiza, por tanto, el aprovechamiento del servicio público. En otras palabras: si los estudios universitarios públicos son tan caros, ¿cómo se explica el absentismo de los estudiantes?. Ante ello es posible establecer sistemas de financiación pública más equitativos: otorguemos a cada estudiante, con su matrícula, un crédito al estudio por el coste real de su plaza. Así sabrá exactamente que cuesta realmente el servicio público que se le presta y lo caro que le puede resultar el absentismo. En función de su capacidad económica y de los resultados académicos que obtenga vayamos convirtiendo en cada curso el préstamo en beca. De este modo quien no acredite resultados deberá devolver el préstamo: le saldrá muy caro matricularse sin ir a clase ni aprovechar el servicio. Quien acredite resultados y no disponga de capacidad económica terminará disfrutado de una beca.

Este modelo permitiría aflorar el coste real del servicio, reducir el absentismo (que resulta carísimo a la universidad al tener que programar recursos después infrautilizados), y conseguimos una mejor redistribución de las ayudas públicas (que se otorgan a quien realmente los aprovecha).

Publicado en La Vanguardia el 16 de junio de 2015.

Falsos oráculos del yihadismo (El Periódico)

Como siempre que acontece un hecho impactante los medios audiovisuales intentan, con mayor o menor fortuna, iluminar las mentes ciudadanas con opiniones expertas. Así ha ocurrido recientemente con el auge del terrorismo yihadista en Occidente y, salvo contadas y honrosas excepciones, hemos asistido en general a conjeturas superficiales en un tema que requiere no sólo conocimiento –debería ser obvio para opinar-, sino sobretodo discreción, discreción y discreción, por este orden.

Así, por parte de algunos comparecientes se ha llegado a argumentar en los medios que las recientes detenciones de presuntos terroristas yihadistas nativos españoles –y otras que las precedieron- demuestran que estos sujetos son básicamente mentes trastornadas por el radicalismo. Explicación simplista e inútil. Ni “trastornados” ni “radicales”. Más bien terroristas amparados en un cúmulo de circunstancias que les hacen “florecer”. De lo contrario, regímenes como el nazismo o el franquismo podrían explicarse simplemente desde la lógica del trastorno mental: serían sistemas políticos de radicales trastornados. Difícil de comprender, más aún a partir de Hanna Arendt y su concepto de “banalidad del mal”. Ni un solo razonamiento de estos supuestos “expertos” sobre las posibles causas del fenómeno (razón primera para la comprensión del mismo). Ni tampoco un solo análisis sobre lecciones aprendidas en otros países. Simplemente: para estos “sabios académicos” el mundo se divide entre buenos y malos trastornados. Felizmente, la posición oficial del Gobierno de Rajoy es bastante más sensata: el yihadismo es la principal amenaza que afrontamos en la actualidad, el mundo musulmán es tan víctima como los demás, el terrorismo yihadista debe combatirse con la unidad internacional contra la violencia y sin confundirlo con la religión, y, finalmente, nadie debe dejarse arrastrar por la falacia que nos habla de una lucha del Islam contra Occidente.
Sepan ustedes que el auge yihaddista tiene, al menos, tres fuentes principales. En primer lugar el marco geoestratégico internacional. Estado Islámico se alimenta de las capacidades de exdirigentes políticos y militares de los Estados fallidos en Iraq, Libia, Yemen, Nigeria y Afganistán, entre otros, que se han alineado con el terrorismo para ajustar cuentas en rencillas sectarias tras las erróneas intervenciones de las potencias occidentales. Esto le otorga al EI un aparato (del que carecía Al Qaeda) y una novedosa capacidad de atracción territorial para miles de seguidores que se sienten llamados a abandonar sus frustradas existencias en nuestras sociedades occidentales. En segundo lugar, las fracasadas políticas sociales en Occidente, sin ascensor social, vinculadas a restricciones presupuestarias en inversión social, que genera ghettos y frustración: no podemos atraer inmigrantes en épocas de bonanza para marginarlos en épocas de crisis. Tercero. Un fenómeno de ámbito individual-psicológico, en virtud del cual «don nadie» se convierte en «alguien» al existir un «premio» en el más allá al desapego a la vida y que dota al terrorista de una herramienta letal: el suicidio. Esto les diferencia del terrorismo clásico.
Ante todo ello, señores, no es suficiente ni honesto simplificar el problema para reducirlo a un proceso de trastornada radicalización que la sola gestión policial pueda resolver. El abordaje de algo tan complejo como el terrorismo yidahista requiere para empezar otra visión de la geopolítica mundial, dónde el unilateralismo occidental ya no cabe, dónde las religiones ya no pueden ser una cruzada evangelizadora que todo lo justifica, dónde los responsables políticos (Aznar, Bush y Blair en las Azores) den cuenta al mundo del enorme error cometido en Iraq. Se precisa, en fin, no sólo un giro en la geopolítica occidental para invertir en el desarrollo de Estados fallidos, sino sobretodo otra visión de las políticas sociales, y, finalmente, políticas preventivas de detección precoz enfocadas al individuo y basadas en la recuperación de un control social difuso que permite reducir a excepción el anonimato de nuestros barrios. Unas políticas sociales dónde “todos” no sólo se conozcan (cómo antes en los pueblos gracias a los comercios, escuelas y vecinos), sino sobretodo dónde todos se “reconozcan” como actores de las mismas y se integren en políticas de colchón y de ascensor social. Mientras tanto, seamos intelectualmente honestos y ahorrémonos falsas conjeturas y disquisiciones teóricas de escaparate sobre radicalismos de enajenados –que de ser exitosas cuando se formularon en el pasado nos habrían ahorrado este presente- y dejemos al menos que la policía y los servicios de inteligencia, al margen de falsos oráculos con ansias de notoriedad, continúen desarrollando sus discretas y eficaces tareas preventivas.

Publicado en El Periódico el 21 de abril de 2015.

Una y grande pero no libre (La Vanguardia)

El Espacio Europeo de Educación Superior pretende construir la libre circulación de universitarios (como la de bienes, servicios y personas), en base a un reconocimiento de créditos que facilita la movilidad de estudiantes y se estructura en dos ciclos de 3 y 2 años. La mayoría de países optaron por este sistema o por dar libertad a sus universidades. Sólo una minoría, España entre ellos, optaron por obligar al modelo de 4 años más 1.
Fue un gran error que contó con el apoyo corporativo de la mayoría de universidades españolas (excepto las catalanas), interesadas en mantener la burocracia imperante para evitar cambios que hubieran cuestionado el “status quo”. Venció así, como casi siempre, el inmovilismo más rancio defensor de la universidad homogénea y burocratizada, dónde la competencia es un castigo y el mérito es simplemente la antigüedad o la capacidad de mendigar presupuesto público. Gracias a ello los estudiantes españoles cursan en general un año más de estudios que sus colegas europeos, mientras éstos no contemplan venir a nuestras universidades a estudiar un año más que en las suyas. Es la mejor barrera entre nuestro sistema y el europeo: total, que inventen ellos!
Parece ahora que el gobierno quiere dar a las universidades libertad para conectar con Europa a pesar de la corporativa oposición de rectores, sindicatos y estudiantes, que temen que se remueva una situación en que, pareciendo que todo ha cambiado, en el fondo todo sigue como en el franquismo: sin libertad para fijar planes de estudios, ni para contratar profesores, ni seleccionar alumnos. Cierto que este país no merece tantas reformas. Cierto que el caso catalán es distinto (a pesar de que tampoco prosperó la propuesta que se hizo desde la Generalitat en 2004 para desarrollar un modelo catalán sin romper el marco español mediante títulos propios de 3 años paralelos a los oficiales de 4). Cierto también que no hay ningún problema en que haya las mismas carreras con distintas duraciones, cómo no lo hay en otros países que optaron en su día por dejar que las universidades decidan libremente cómo impartir estudios, contratar profesores y admitir estudiantes para poder competir realmente. Lástima que hayamos perdido 10 años, de momento. El problema es que nuestra universidad, y con ella sus dirigentes, profesores y estudiantes, quiere ser (salvo contadas excepciones) una y grande, pero no libre.

Publicado en La Vanguardia el 19 de febrero de 2015.

El control que existe en las redes sociales (eldiario.es)

¿Son las redes sociales distintas de los medios de comunicación escritos o audiovisuales en cuanto a su responsabilidad por las informaciones en ellas contenidas que puedan ser susceptibles de delito? Aunque como en todo, hay opiniones para todos los gustos, podemos intentar establecer algunos criterios que nos permitan dilucidar la cuestión.
Las redes son un medio de comunicación social, igual como lo son la prensa, la radio o los audiovisuales. No parece que haya discusión sobre ello: podemos debatir sobre su estructura, funciones o formato, pero en todo caso es indiscutible su función de medio de comunicación social y de generador de opinión pública. En este sentido, y a pesar de que su estructura aparente es distinta a la de los otros medios, se oculta tras la apariencia de red una realidad mucho más simple (valga la paradoja) que consiste en un conjunto de nodos de interconexión sometidos al control de alguien que dispone de un poder absoluto en cuanto a su gestión, especialmente en cuanto a los datos y contenidos que acumulan. Así lo demuestran las políticas de control de datos de Facebook Instagram, Linkedin, Whatsapp, Google o Twitter, que trabajan con datos que voluntariamente les facilitamos y que manejan en la sombra a su antojo. Primera conclusión pues: las redes son de alguien que las maneja en base a sus criterios, que para eso son sus dueños. Existe por tanto un primer responsable de lo que sucede en ellas: sus dueños y gestores. En ello no hay diferencia alguna respecto de los otros medios.
En segundo lugar, bien es cierto que las opiniones en las redes se pueden vehicular con un aparente grado de libertad que permite construir un espacio de no-control (aparente) cuasi-ilimitado. Pues bien: pregúntenles a los usuarios chinos de Google, imposibilitados de navegar con libertad, o a los usuarios de otras redes sociales en países en los que no se puede acceder a ellas simplemente porque su gestor ha bloqueado el acceso. Fíjense bien: esto afecta, cierto, al acceso al medio –sería como el secuestro de un periódico o revista-; aunque también afecta a la gestión de contenidos. ¿O es que no existen los administradores y moderadores de foros? ¿O es que no existen los administradores de sistemas que censuran videos en función de sus contenidos, o que filtran el acceso a redes en función de quién es el usuario o de si es de pago o no? Desde luego, si se hace es que es posible. Segunda conclusión: el control en las redes sociales existe aunque se publicite lo contrario. Por tanto, a la responsabilidad del autor del contenido difundido debemos sumar la de quien tiene la función de controlar ese contenido: el propietario y gestor de la red. Por supuesto: si puede y debe hacerlo para proteger sus intereses económicos privados (legítimos), también deberá hacerlo para proteger el interés público, entre ellos el respeto al honor, la intimidad, la propia imagen, la seguridad de las personas y demás. Si no lo hace debería rendir cuentas, bien ante la administración reguladora (caso de infracción administrativa) bien ante el juez (si existe infracción penal).Tampoco hay diferencia respecto de los otros medios.
En tercer lugar, las redes no son neutrales: son un negocio y a ese fin están enfocadas. Las compañías que las explotan cotizan en bolsa y dan cuenta de su ejercicio a sus accionistas, rindiendo –si pueden- jugosos beneficios. Faltaría más. La explotación de las redes, como cualquier otra actividad, está sometida al cumplimiento de la ley y dentro de un sistema regulado: no existe –no debería existir- ningún espacio de impunidad para este tipo de actividad en la medida en que afecte al respeto de derechos y libertades de todos y cada uno de los ciudadanos –no ya españoles- sino de la aldea global que llamamos mundo. Otra cosa será la capacidad de acción policial o judicial para ponerle el cascabel al gato (si quieren lo tratamos otro día).
En resumen, estructura, control y propiedad de las redes sociales son conceptos que las asimilan a otros medios de comunicación y desmienten la visión ingenua de que son espacios de “libertad” ajenos a todo control. Es perfectamente lógico que así sea. Lo relevante para lo que nos ocupa no es el medio, sino el fin: la protección de los derechos (libertad de expresión pero también derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen). Son los mismos fines sea cual sea el medio. Lógico, las redes sociales no son de otro mundo, sino de éste, dónde rigen las mismas normas: como hemos visto, no hay nada en ellas que pueda eximirlas de jugar en el mismo terreno que el resto de medios de comunicación y someterse a idénticos controles. Otra cosa es que, por su naturaleza específica debamos establecer en las redes sociales controles adicionales. Por ejemplo, habida cuenta del poder de los gestores de las redes y de la indefensión –cuando no ingenuidad- de los usuarios en cuanto a la protección de su reputación, deberemos cuestionarnos si deben existir límites en la Red distintos de los existentes en el mundo físico para la gestión de la reputación, y para ello trabajar conceptos como el derecho al olvido, el derecho de rectificación, el de reparación u otros que incluso en medios escritos son de difícil gestión.
Negar a las redes la condición de medios de comunicación y considerarlas un espacio de libertad carente de controles es una ingenuidad (por desconocimiento de su estructura real) pero también un atrevimiento de consecuencias imprevisibles en la medida que les otorgaría una patente de corso para operar sin ningún control y con total impunidad en el ámbito de la protección de los derechos de los ciudadanos.

Publicado en eldiario.es el 13 de febrero de 2015.